CDE se querella por caso de fraude al Fisco por $ 48 millones en el Gore
JUDICIAL. Acción penal es en contra de funcionaria de la Diplad y tres integrantes de empresas con los que tenía grados de parentesco y amistad, quienes se adjudicaron cuantiosas licitaciones públicas.
Transcurridos casi siete meses desde que los antecedentes por el denominado "Fraude 3 a la Intendencia" fuesen puestos a disposición del Ministerio Público y la Controlaría Regional, lo que originó una investigación especial del órgano contralor que arrojó graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad por parte de funcionarios del Gobierno Regional, el caso se judicializó luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella criminal por el delito reiterado de fraude al Fisco en contra de cuatro implicados en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones y contratación de una consultoría comunicacional por trato directo por un total $ 172 millones, de los cuales se alcanzaron a cancelar más de $ 48 millones, antes de que se descubrieran hechos constitutivos de delito.
Los hechos investigados se registraron en la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), donde se detectó una serie de anomalías en dos licitaciones públicas para la contratación de servicios para estudios territoriales en los valles de Cabildo y Petorca, proceso ejecutado entre julio y octubre de 2015, que culminó con la adjudicación de ambos concursos a la empresa Haza Ingeniería y Construcción Ltda., por $70 millones cada uno, además de una serie de irregularidades cometidas en la contratación mediante trato directo de la empresa consultora Signo, para efectos de una "Consultoría para la elaboración del programa de mejora de comunicación, participación ciudadana, socios y colaboradores", por un monto de $ 32 millones, en noviembre de 2015.
Perjuicio fiscal
La acción judicial del CDE, que busca restituir "un perjuicio patrimonial al Gore de Valparaíso por $ 48.120.000", va dirigida en contra de la exfuncionaria de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, en su calidad de autora directa del delito reiterado de fraude al Fisco en grado de consumado; Marcela Cartajena Henríquez, concuñada de Garcés y quien en el marco de la investigación "se presentó ante el Gore y demás organismos como jefa de proyectos de Haza Ltda. y/o representante legal de la misma", que además habría participado "activamente durante toda la ejecución de aquellas iniciativas"; Eduardo Jorquera Zamora, socio y representante legal de la empresa Haza Ltda. (amigo del cónyuge de Garcés), y Sergio Segovia Díaz, concuñado de Garcés -casado con Marcela Cartajena-, socio de la empresa Signo Ltda., donde otro de los dueños se estableció que era un vecino de Garcés.
Faltas la probidad
De acuerdo al libelo, Nelda Garcés, en razón de su cargo de gestora de Desarrollo Regional del Gore, intervino directamente en las operaciones cuestionadas, "infringiendo gravemente los deberes de probidad y de resguardo de los fondos públicos, y contando con la colaboración concertada de los imputados Marcela Cartajena, Eduardo Jorquera y Sergio Segovia, consintió en que se defraudara al Gore de Valparaíso, mediante diversas maniobras fraudulentas incurridas en los procesos de adjudicación y ejecución de contratos celebrados con las empresas Haza y Signo Ltda.".
Respecto a la licitación y adjudicación de los estudios territoriales a la empresa Haza, por los cuales se alcanzaron a cancelar dos pagos por un total de $ 35 millones, antes de que el Gore pusiera término del contrato por incumplimiento, se da cuenta que "la imputada Garcés", en su calidad de miembro de la comisión evaluadora de las licitaciones públicas, teniendo inhabilidades legales para intervenir en dichas comisiones, al tener vínculo de amistad y parentesco con un socio y representante legal, y diversos profesionales de Haza, dirigió arbitrariamente dichas licitaciones para favorecer irregularmente a dicha empresa, con la intención de defraudar al Gore".
Se da cuenta que tanto Jorquera como Cartajena, actuando por Haza Ingeniería Ltda., "no tenían la intención de ejecutar los contratos adjudicados, sino más bien entregarle al Gore de Valparaíso productos en apariencia ajustados al contrato, pero que no eran prestaciones equivalentes a los pagos que el Gore debía efectuar por la suma de $ 140 millones, con el único fin de apropiarse ilícitamente de dichos fondos".
Conductas ilícitas
Respecto a la adjudicación por trato directo de una consultoría comunicacional a la empresa Signo Ltda., la querella da por "acreditado" que Garcés, en su calidad de funcionaria de confianza del jefe de la Diplad de la época, Alexis Bustos, -actual asesor del intendente Gabriel Aldoney como secretario técnico de la Comisión Promovilidad-, teniendo inhabilidades legales para intervenir en los procesos de adjudicación y ejecución del servicio -vínculos de amistad y parentesco con un socio y representante legal y diversos profesionales de la empresa-, "incurrió en diversas conductas ilícitas para favorecer la contratación directa de dicha empresa, y posteriormente, en su calidad de contraparte técnica del contrato, con la intención de defraudar al Gore de Valparaíso, ya que Sergio Segovia y Marcela Cartajena, actuando por Signo, no tenían intención de ejecutar los contratos adjudicados, sino más bien entregarle al Gore productos en apariencia ajustados al contrato, pero que no eran prestaciones equivalentes a los pagos que el Gore debía efectuar por $ 32 millones, con el único fin de lograr apropiarse ilícitamente de esos fondos públicos".
Pese a que tres de los implicados no son funcionarios públicos, según el CDE, al participar en "hechos concertados con la querellada Garcés para defraudar el Gore", estarían incriminados, "toda vez que actuaron con pleno conocimiento de la calidad de empleada pública de Garcés y del origen y naturaleza de los fondos defraudados", conducta que jurídicamente debe ser calificada como delito reiterado de fraude al Fisco.
Otras acciones
La querella criminal interpuesta por el CDE se suma a la investigación penal realizada desde hace siete meses por la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) del Ministerio Público, en conjunto con la Bridec de la PDI, producto de la cual se han realizado una serie de diligencias e interrogatorios. Además, se incautaron desde el Gore los estados de pago de estas licitaciones, los originales de los estudios contratados y discos duro de los computadores desde donde se habrían realizado estos trabajos fraudulentos.
En tanto, la Contraloría Regional, en septiembre pasado, tras evacuar el Informe de Investigación Especial N° 592, producto de un examen de cuenta practicado al interior de la Diplad que detectó diversas anomalías en las licitaciones que son materia de la querella, se hizo cargo del sumario administrativo que se ejecutaba al interior del Gore, el cual está en la etapa de formulación de cargos.
"Instituciones están funcionando bien"
La consejera regional Evelyn Mansilla, una de las primeras en denunciar los hechos que son materia de la querella, afirmó que "si la Contraloría Regional, el Ministerio Público y ahora el CDE están diciendo que hay mérito suficiente para investigar, emitir informes o querellarse respecto de este fraude, descubierto por el exauditor Osvaldo Maldonado y que fue despedido después que presentó el informe donde daba cuenta de las irregularidades que estaban ocurriendo dentro del Gore, es una gran señal en término que todas las instituciones que son autónomas están funcionando bien".
"El intendente aún sigue manteniendo en cargos de confianza a personas que debían vigilar que los recursos públicos llegaran donde se debía"
Evelyn Mansilla, Consejera regional"
querellados contiene la acción penal presentada por el CDE ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso. 4
licitaciones públicas y una contratación por trato directo son cuestionadas por el CDE. 2
de mayo se presentó la primera denuncia por estos hechos ante la Fiscalía local y la Contraloría. 12