Hay una sensación generalizadas de inseguridad personal frente al delito contra las personas y contra la propiedad. Ello implica la opinión de que el Estado no cumple con su principal función, que es la protección física de los ciudadanos; lo cual, a su vez, envuelve la creencia en que los delincuentes apresados resultan impunes. El subsecretario del Interior acaba de expresar que en el país se detiene actualmente a alrededor de 250 individuos al día, de los cuales 235 quedan libres. Entonces, o la policía se entretiene en detener a inocentes, o los que no lo son, terminan amparados por el sistema judicial.

Sobre el punto se puede decir mucho; pero ahora me detendré en el aspecto que resulta de correlacionar la sensación de inseguridad personal con el hecho cada vez más repetido, de que los ciudadanos se hacen justicia por propia mano. En varias oportunidades ha acecido que los transeúntes golpearon y humillaron severamente al ladronzuelo de la calle, al cual ellos mismos prendieron ante el llamado de auxilio de la víctima. Eso, por cierto, no es una "detención ciudadana", sino directamente el ejercicio de la justicia por propia mano. Los casos de moradores asaltados que han herido o matado al asaltante de sus casas o negocios son muchos, al menos en comparación con la ausencia de hechos del género hasta hace algunos años. Cada vez se presentan más asesinatos de los que se sospecha ser reacción de venganza ante algún delito de la víctima. Actitudes como estas son expresión de la desconfianza ciudadana en el sistema oficial de protección.

Decía mi maestro en el doctorado, que la pena de muerte es una protección para el que la merece. Con ello aludía a que esa pena o la aplica el Estado o la aplican los ciudadanos ofendidos; y a que para el delincuente es mejor que se la aplique el Estado, con las garantías de lo que llamamos el "debido proceso" a que se la fulmine una turba exaltada, que se deja guiar por las apariencias y los rumores, como acaece en los "linchamientos".

Ahora bien, lo que decía mi maestro vale para todos los delitos, merezcan o no la muerte; también, por ende, para el "ratero". Cuando, pues, las autoridades públicas claudican de su deber de sancionar a los delincuentes, ponen en riesgo su salud e integridad.

Alejandro Guzmán

Catedrático de universidad, abogado

Pocos recordarán que la historia ferroviaria de Valparaíso nació también con episodios de desconfianza, como cuando Guillermo Wheelwright, tras conseguir la concesión del trayecto a Santiago por 30 años y ante el desinterés de los inversionistas, debió esperar casi una década y apelar a fondos estatales para constituir la Compañía de Ferrocarril de Santiago a Valparaíso (CFSV), que concretaría el tramo Valparaíso-Viña en 1855 y el trayecto a Santiago, en 1863, el que posteriormente sería suspendido indefinidamente en 1988.

Tras la constitución en 1995 de la Sociedad Anónima Metro Regional de Valparaíso S.A. (Merval), y pese a la nula inversión de los primeros años, se continuó atendiendo el trayecto entre el Puerto y Limache con bastante eficiencia, hasta que en 1999 el recordado Proyecto IV Etapa comprometió una modernización integral de toda la empresa y el soterramiento de cinco kilómetros de doble vía y cuatro estaciones en Viña del Mar, con el objetivo de extender y consolidar los polos de desarrollo en la intercomuna Valparaíso-Limache.

Hoy, la discusión sobre el costo de la extensión hasta Quillota y La Calera pareciera ser más ideológica que práctica. Considerar US$ 400 millones una cifra excesiva en nada se condice con la necesidad de desarrollo regional y la rentabilidad social que esto tendrá para miles de familias.

El propio alcalde de Quillota, el eterno Luis Mella, no se cierra a una alianza público-privada, siempre y cuando el costo futuro del servicio no termine excluyendo a los sectores más vulnerables de la zona, como sí ha ocurrido en el caso de las carreteras.

En ese contexto, el debate sobre la conveniencia o no del modelo de concesiones, tema ya instalado en la infraestructura hospitalaria de nuestro país, significa desconocer los beneficios que trajo su implementación durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la labor del también ex Mandatario y en ese entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar (práctica que éste también impulsaría durante su administración), en torno a permitir la construcción privada de carreteras, puertos y aeropuertos que lograron corregir el tremendo déficit de infraestructura existente, como bien postulaba el economista y exsuperintendente de Valores y Seguros del propio Lagos, Álvaro Clarke, en el Diario Financiero hace algunos meses.

Es de esperar que el gobierno entrante reconozca la indispensable necesidad de la citada extensión y empuje a EFE a la concreción de este necesario proyecto.

El tren que venía en la tarde del sábado de Santiago a Valparaíso, sufrió una gran demora en el pueblo de Peña Blanca, debido a la rotura de un tubo en la máquina. Aparte de la falla mecánica no ocurrió ninguna otra novedad, excepto las incomodidades de los pasajeros en la estación local que es un páramo. El tren llegó de noche a Puerto.

Una fábrica de vidrios

se instala en Quillota

Una fábrica de objetos de vidrio funcionará próximamente en la ciudad de Quillota. El lugar en que se están ubicando las instalaciones para la industria es un terreno perteneciente a la antigua fábrica de papel que hubo en la comuna. La nueva industria producirá vasos, tubos para lámparas, botellas, frascos para boticas, etc., etc.

S. E. inaugura esta tarde

un edificio y 3 poblaciones

El Presidente de la República, Eduardo Frei, inaugurará esta tarde el edificio Empart de la Caja de Empleados Particulares y 3 nuevos grupos habitacionales en la parte alta de Valparaíso y de Viña del Mar. Entre el edificio Empart, ubicado en pleno centro porteño, y las poblaciones se suman 1.095 nuevas viviendas de diferentes tipos.