Chile está enfrentando una etapa de crisis económica y política, lo cual no es necesariamente algo negativo. Éstas, suelen ser instancias para crecer y desarrollarse, si se consideran como una oportunidad y se toman las decisiones correctas. En Chile, por muchos años la política y los negocios se habían estado combinando de un modo poco claro. Las formas de financiamiento de los partidos y las campañas electorales por parte de grandes empresas dejaban de manifiesto la existencia de leyes que no necesariamente se alinearían con el interés público.
Los casos de la empresa minera SQM, del banco Penta y de Corpesca sacudieron la opinión pública. Acompañando a estos sucesos, también se desencadenaron escándalos de colusión de empresas de los más variados sectores económicos. Los casos más emblemáticos fueron el de las farmacias en el año 2009, el de los pollos en el 2011, y el del papel higiénico en el 2015, entre otros.
Todas estas situaciones han creado mucha desconfianza en la ciudadanía, y los llamados a cuidar el sistema de libre mercado no han escatimado esfuerzos para destruirlo. El populismo ronda en el mundo y comienza a pasearse por las calles de Chile. El descontento y su necesidad hacen que las personas sean una presa fácil de aquellos que proponen soluciones inmediatas a problemas tan antiguos como la República. El candidato responsable que apela a la factibilidad técnica y económica de los problemas es visto como un político que no desea cambios. La crítica sin propuesta se ha transformado en la mejor estrategia electoral. Criticar todo e ignorar el conocimiento de expertos bajo la frase "no queremos una dictadura de los expertos", es la nueva norma.
Populismo
Sin embargo, existe una salida para escapar del populismo. Y esa es la sustentabilidad económica. Existen varias definiciones de sustentabilidad. Una de las más utilizadas corresponde a la entregada en el informe denominado "Nuestro Futuro Común" de las Naciones Unidas en 1987, también conocido como Informe Brundtland. Aquí se define "el desarrollo sustentable como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Esta es una definición algo vaga desde un punto de vista operacional, pero que contiene dos conceptos clave: primero, la idea de necesidad, y luego el concepto de futuro.
El modelo de desarrollo Chileno no ha sido sustentable, ya que se ha basado en la explotación de recursos naturales, principalmente el cobre y otros minerales, recursos que no son renovables. Por lo tanto, gran parte de nuestro crecimiento económico se ha enlazado fuertemente a la explotación minera. Pero no sólo eso, los ingresos provenientes de estas riquezas naturales no han sido utilizadas para innovar o crear valor agregado en otros sectores de la economía.
En los últimos días, hemos visto cómo el Estado debió inyectar a Codelco US$ 975 millones para resolver el grave problema de capitalización de la empresa. Esto, debido a problemas generados por el bajo precio del metal rojo (bajó de US$ 4,2 / libra en el 2011 a US$ 2,2 en promedio este año). A eso se le debe sumar una legislación anticuada como lo es la Ley Reservada del Cobre, que obliga a la empresa a entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de utilización de un recurso no renovable para generar desarrollo en el futuro es el Fondo Global de Pensiones del gobierno Noruego.
Chile debe caminar hacia el sendero de la sustentabilidad económica. El primer paso es fortalecer la competencia en los mercados y eliminar la fuerte influencia de las grandes empresas y grupos económicos en la creación de las leyes (recordemos el caso de la Ley de Pesca).
Buenas medidas
El país ha dado algunos pasos en la dirección correcta como lo es el cambio a la Ley de Partidos Políticos y su financiamiento, junto con otras medidas propuestas por la Comisión Engel. No obstante, hay muchos otros temas que deben ser tratados, como la reducción de los cargos de confianza política (alrededor de cinco mil). Con aquello, se evitaría el establecimiento de redes que no siempre cuentan con el conocimiento o la capacidad técnica para la correcta ejecución de proyectos estatales.
También, se debería prohibir la entrega de bonos (clientelismo electoral) y priorizar la inversión en infraestructura. De este modo, se invertiría en capital productivo que es vital para el desarrollo de las futuras generaciones. No hace falta decir que el gasto en infraestructura genera trabajos de calidad tanto en el corto como en el largo plazo.
Finalmente, se deben promover políticas para el mejoramiento de los sueldos, la estabilidad laboral, y por sobre todo, promover el desarrollo cognitivo temprano de los niños y niñas de Chile.
