El exseremi de Vivienda y Urbanismo, Matías Avsolomovich, advirtió que la sanción que firmó la Presidenta Michelle Bachelet en su contra, por su gestión en torno al caso del mall de 14 Norte, fue apelada dentro del tiempo correspondiente y que se encuentra en tramitación.

Las sanciones solicitadas por la Contraloría General de la República respecto a las responsabilidades administrativas en el caso consisten en rebaja de sueldo y anotación en hoja de vida.

Reposición

A través de un correo electrónico, el también exsecpla de Viña del Mar afirmó que "el proceso se encuentra en reposición, por las razones que resultan del todo lógicas respecto la última sentencia judicial en la Corte de Apelaciones relacionadas al caso. Que actualmente existe un proceso de conciliación que se ventila en la Corte Suprema dado que la Corte de Apelaciones ya dio la razón a la misma lógica que adquirió la Seremi de Vivienda y Urbanismo en el año 2011, cuando me tocó ejercer en ese cargo, que no es otra cosa, sino lo indicado en el código civil respecto a los derechos adquiridos de terceros de buena fe que pudieran verse afectados por errores de la administración, como es el caso".

Además, sostuvo que se está hablando de "errores que ocurrieron en el año 2003 y 2006, más de 8 años antes que el caso se revisara en la Seremi" y criticó la filtración del documento, pues "constituye una falta grave a la reglamentación respectiva, que se deberá investigar".

La Contraloría Regional de Valparaíso sancionó con el pago de más de 9 millones de pesos a la Municipalidad de Viña del Mar. ¿La razón? En medio de la investigación sumarial por los contratos a honorarios del municipio, el ente contralor concluyó, en su informe final 293 del 1 de diciembre, que existe incumplimiento de labores, cambio de funciones sin aviso, falta de información y contratación de familiares de directivos.

En el documento se detalla, por ejemplo, que no existen antecedentes que acrediten el cumplimiento de las labores encargadas a un trabajador del municipio, las cuales estaban referidas como "Atención de reclamos de ilegalidad, recursos de protección en contra del municipio y atención a los siguientes juicios ...", por lo que esa municipalidad deberá solicitar el reintegro de $ 8.111.886.

Además, advierte que se pagaron honorarios que carecen del informe mensual de actividades, por lo que la casa consistorial "debe solicitar el reintegro de los montos pagados sin respaldo" a tres funcionarios, por las sumas de $ 225.000, $ 785.594, y $ 454.474.

También denuncia que se contrataron 37 personas para elaborar estudios, pero cumplieron labores distintas. Hubo 17 funcionarios municipales que realizaron tareas propias de su cargo y no se acreditó en ninguno de ellos sus competencias para esas labores. Hubo informes mensuales que respaldaron los pagos a 29 de esos servidores que no fueron elaborados por éstos, por lo que el órgano estipuló que el municipio debe solicitar "en el caso de los funcionarios municipales los reintegros correspondientes, sin perjuicio de aquello, esa entidad edilicia deberá instruir un procedimiento disciplinario".

Vínculos familiares

El municipio, de acuerdo a la Contraloría, deberá además dejar sin efecto tres contratos a honorarios de funcionarios que mantienen vínculos de parentesco con la directora del Departamento de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, con el director (s) del Departamento de Personal y con el director (s) del Departamento de Gestión e Imagen Corporativa, además de otras irregularidades detectadas sobre falta de información en labores a ejecutar de varias contrataciones a honorarios y se detectó que hay contratos a honorarios que tienen cargo a la partida presupuestaria para ejecutar labores habituales del municipio, en otros casos de gestión interna municipal, y también se detectaron contratos que se extienden por años para efectuar las mismas labores.

Al respecto, el municipio dijo que la mayoría de los errores advertidos han ido subsanados con anterioridad a la emisión del informe final. "También se habían instruido los sumarios administrativos para determinar las responsabilidades funcionarias correspondientes. En cuanto a las demás observaciones, se ha instruido a las Unidades de Personal y de Finanzas dar cabal y estricto cumplimiento a lo determinado por la Contraloría, debiendo informar dentro de plazos acotados la forma en que ellas han sido solucionadas".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) volvió a interponer una querella por maltratos ocurridos en los recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso, que se suma a la que el martes presentaron por las agresiones que un interno del CIP-CRC de Limache (ex Lihuén) denunció haber recibido por parte de funcionarios de Gendarmería en noviembre.

La acción judicial interpuesta el viernes por la dirección regional del instituto apunta a las agresiones que habrían recibido al menos 25 menores que residen en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha.

"Estos tormentos no son aislados en el tiempo ni en número de casos. En total, se trata de al menos 25 menores los que relatan haber sido torturados con golpes, duchas de agua fría y dolorosas 'llaves' para inmovilizarlos, entre otros maltratos", señala la querella, la que fue presentada por los delitos de tormentos o apremios ilegítimos, y en contra de quienes resulten responsables.

Al respecto, el director nacional del Instituto de DD.HH., Branislav Marelic, dijo que "luego de un análisis de los antecedentes tomamos la decisión de deducir una querella por tortura, ya que los casos son de la suficiente gravedad para que se investiguen", agregando que "es importante tener presente que la tortura aplicada a niños bajo la custodia del Estado es gravísima".

querellas interpuso esta semana el INDH por presuntos maltratos en el Cread de Playa Ancha y el ex Lihuén. 2

La Policía de Investigaciones (PDI) intensificará el servicio de fiscalización durante esta semana y la próxima en los centros donde existe mayor cantidad de delitos de microtráfico y hurto. La revisión que se realiza a buses, pasajeros y encomiendas que llegan al rodoviario de Valparaíso tiene el fin de evitar la entrada de droga y transacción de las sustancias, labor que es apoyada por canes adiestrados.

Los terminales de buses son lugares críticos, debido a la aglomeración de personas y a la presencia de antisociales que se dedican a los hurtos o robos por sorpresa. "En los barrios comerciales, como Pedro Montt, Uruguay, Plaza O'Higgins, Plaza Victoria y Parque Italia, se realizan constantemente operaciones específicas y en tiempo acotado para tener efectividad. No hacemos prevención, sino que efectuamos una investigación previa, vamos a los lugares críticos, intervenimos y sacamos al delincuente o traficante que está en circulación, contribuyendo a la inseguridad ciudadana", comenzó diciendo el jefe de la Brigada Antinarcóticos, comisario Pedro Muñoz.

El funcionario de la PDI explica que "el plan de microtráfico cero tiene exitosos resultados, el producto de estas medidas llegan casi al 50% de efectividad. En relación a las sentencias, no existe una cantidad específica de droga que uno pueda portar, si la persona tiene una actitud que está transando esa sustancia, aunque sea poca, cae en el microtráfico". Agregó que si la droga es para el consumo propio, es citado a la Fiscalía en calidad de infractor y es detenida la persona si es sorprendida haciendo una transacción.

Todos los años la Policía de Investigaciones implementa un plan de fortalecimiento de funcionarios y servicios de fiscalización en la región. Hasta el momento ya van más de 10 detenidos por hurto y tráfico de drogas, añadió.

delitos por narcotráfico en los últimos 10 años se contabilizan en el barrio El Almentral de Valparaíso. 543