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Estiman que el proyecto de 14 Norte podría abrir sus puertas en el verano de 2018

VIÑA DEL MAR. Mañana se realiza audiencia de conciliación donde se espera finalizar acuerdo entre firma y municipio.
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A pocas horas de la nueva audiencia de conciliación que citó la Corte Suprema para terminar de resolver la disputa judicial que tiene enfrentados al municipio de Viña del Mar y al grupo Marina Arauco, fuentes al interior de la inmobiliaria dueña del proyecto dijeron, según publicó El Mercurio este sábado, que se espera que la operación comience para el verano de 2018.

"Lo que vamos a intentar es abrir para la temporada de verano de 2018", explicó una fuente conocedora del proyecto citada por el medio nacional, la que habría asegurado que en las próximas semanas debería existir una definición respecto de la licitación para contratar una constructora que se encargue de las obras de detalles para que el centro comercial quede listo para su apertura a público.

Según comentarían al interior de la sociedad dueña del proyecto -que está compuesta en partes iguales por Ripley y Parque Arauco-, este proceso para contratar a la firma de construcción podría tomar máximo dos meses, y la compañía que se lo adjudique se tendría que encargar de poner iluminación, aire acondicionado, escaleras mecánicas y ascensores, entre otros.

El plazo aproximado para los trabajos de detalle del mall sería de ocho meses. Esto, considerando las obras necesarias para los niveles del centro comercial y también de las diez plantas que posee el edificio de oficinas, que fue reducido durante el conflicto con el municipio (inicialmente iba a tener 22 pisos). "La obra de detalle dura unos ochos meses. Luego de eso viene la habilitación de los locales. Pero a veces se puede hacer en paralelo", detalla una fuente citada por El Mercurio.

Adicionalmente, las obras restantes para la apertura del centro comercial bordean los UF 650 mil, casi US$ 26 millones.

Este Diario contactó a la inmobiliaria a cargo de las obras para más precisión sobre el anuncio, pero decidieron no dar declaraciones.

La sociedad acordó recientemente con la Municipalidad de Viña del Mar una serie de medidas de mitigación, de manera de terminar definitivamente la disputa por la validez del permiso de edificación del mall, discusión que se arrastra judicialmente hace más de un año.

Este consiste en la construcción de una pasarela hacia el bulevar del centro comercial, conexión subterránea entre los estacionamientos, entre otras. Sin embargo, el elemento principal para que se concretara el acuerdo fue la renuncia por parte de la compañía al cobro de perjuicios generados por el tiempo de paralización de la obra durante más de un año. A cambio, el municipio se comprometió a facilitar entrega de permisos.

Acuerdo se revisará mañana

La Corte Suprema fijó para este lunes una nueva audiencia de conciliación con el objetivo de revisar el acuerdo al que llegó el municipio de Viña del Mar y el Grupo Marina Arauco. Se citó a la audiencia también al tercero coadyuvante del municipio, Carlos Valencia, de Defendamos la Ciudad, quien tiene una postura distinta a la acordada, que incluye la demolición de parte del inmueble, entre otras cosas.

Sharp entregará a la Corte informe clave con nueva postura frente a Mall Barón

VALPARAÍSO. Alcalde tenía previsto tomar decisión junto a sus colaboradores más estrechos. Demandas millonarias, recursos ante la Suprema y una conciliación son escenarios que se abren para el caso de proyecto en el borde costero.
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Tábatha Guerra

La semana pasada, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, finalizaron los alegatos por el reclamo de ilegalidad respecto a los permisos de construcción que en 2013 entregó la municipalidad porteña para construir el proyecto Mall Plaza Barón.

Si bien en los últimos tres años el municipio ha defendido la legalidad de la obra, en los últimos días la nueva administración, liderada por Jorge Sharp, manifestó la intención de modificar la estrategia, considerando incluso la opción de allanarse, lo que de acuerdo a fuentes ligadas a la causa, "significaría aceptar que el permiso es ilegal".

De hecho, en el primer Concejo Municipal de su gestión, Sharp reconoció: "Allanarse es una opción".

El actual jefe del departamento jurídico, Nicolás Guzmán, detalló que en los próximos días la nueva administración ingresará oficialmente a la causa.

"La próxima semana tomaremos parte con una presentación que entregaremos a la Corte y que marcará oficialmente nuestra postura", expresó Guzmán.

Si bien el jefe jurídico no quiso adelantar los detalles del oficio, confirmó que este no será vinculante para la decisión que en un plazo de 30 días deberá tomar el tribunal, debido a que los alegatos ya finalizaron. Sin embargo, la postura podría incidir si es que alguna de las partes involucradas decide recurrir a la Corte Suprema.

La decisión del alcalde Jorge Sharp de allanarse no está exenta de polémica. Esto porque ante una eventual revocación de la autorización para el proyecto, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y Mall Plaza podrían solicitar al municipio una indemnización de perjuicios.

"Perfectamente EPV o el mall podrían demandarlos si plantean la ilegalidad del permiso, debido a que durante tres años se ha sostenido que era legal", afirmó una fuente que ha conocido los documentos de la causa.

En este escenario, la investigación judicial porteña adquiere ribetes similares a la que actualmente tramita la Suprema por el Mall de 14 Norte de Viña del Mar (ver nota secundaria), en la que el Grupo Marina, a cargo del proyecto, en una primera instancia exigió al municipio el pago de $ 1.500 millones por daño emergente y lucro cesante. Fuentes ligadas a la causa de la Ciudad Jardín admiten que la opción de allanarse podría ser perjudicial para el municipio y que, jurídicamente, el alcalde no tendría las facultades para invalidar el permiso de obra.

"El director de Obras es el que otorga los permisos, y este depende del Seremi de Vivienda y Urbanismo, no del alcalde. La ley lo establece así justamente para evitar que un alcalde elimine a diestra y siniestra todos los permisos", afirmó un abogado ligado a la causa del Mall de 14 norte.

El mismo jurista plantea además que si Jorge Sharp desea revocar el permiso, la mejor opción para evitar el pago de indemnizaciones sería que la Corte de Apelaciones lo declarara ilegal, ya que un fallo judicial favorable haría más difícil el cobro de multas por parte de EPV y Mall Plaza.

Otro de los escenarios posibles es la eventual llegada de la causa a la Corte Suprema, instancia a la que debería recurrir alguna de las partes involucradas: El municipio o sus terceros coadyuvantes, EPV y Mall Plaza; o los vecinos que intentan frenar la construcción del mall, quienes son liderados por el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave), Carlos Manterola. Eventualmente, y tras conocer la causa, el tribunal podría citar a los intervinientes a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo sin necesidad de dictar sentencia, tal como ocurre actualmente en el juicio del mall de 14 Norte. Esta opción también está dentro de las posibilidades de Jorge Sharp, así como de los vecinos que presentaron el reclamo de ilegalidad.

En efecto, hace unas semanas Carlos Manterola habría solicitado una conciliación a la Corte, la que no accedió debido a que el juicio se encontraba en la parte final de los alegatos.

Este Diario contactó a Mall Plaza, pero informaron que su política es "no pronunciarse públicamente sobre procesos judiciales pendientes".

"La próxima semana tomaremos parte en la causa con una presentación que entregaremos a la Corte de Apelaciones y que marcará oficialmente nuestra postura "

Nicolás Guzmán, Director jurídico Municipalidad de Valparaíso"

El nuevo reclamo que enfrentará Sharp

La semana pasada, Jorge Sharp recibió otro reclamo de ilegalidad relacionado con obras del borde costero porteño, específicamente, por la recepción definitiva de las obras del Terminal de Pasajeros de Valparaíso (VTP). El recurso fue interpuesto por Jorge Bustos, quien también forma parte de la causa contra Mall Barón. El nuevo alcalde tiene un plazo de 15 días para responder a Bustos. Si Sharp no se pronuncia o deniega la petición, el reclamante podría acudir a la Corte de Apelaciones, sumando así otra causa judicial a la nueva administración. El alcalde también tiene la opción de acoger el reclamo, pero para decretar la ilegalidad de la recepción de obras primero debería contar con la aprobación del actual director de Obras del municipio, Matías Valdés.