Cuando las verdades a medias y el deseo de "quedar bien" son factor común en las declaraciones de personajes públicos, las afirmaciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, no dejan de sorprender. Así, su posición sobre la condición de condenados por derechos humanos y la calificación de "interesante" que da al proyecto de Renovación Nacional sobre beneficios a reos, han causado incomodidad en el oficialismo que intentó matizar las afirmaciones del titular de Justicia.
Ahora, en declaraciones a este Diario, y ante el caso Sename, reconoce que la política de menores se encuentra "absolutamente colapsada". En eso hay acuerdo general, sobre todo cuando el colapso se expresa dramáticamente en numerosos niños y niñas fallecidas en dependencias de la entidad, denuncias de explotación sexual y fracaso en la reinserción.
Agrega Campos que esa política tiene 50 o 60 años, "en circunstancias donde no sólo el mundo y el país ha cambiado, sino que los problemas que afectan a la minoría también". Otra realidad de magnitud es cuando sostiene que "en los últimos cinco años el presupuesto del Sename ha crecido en un 50%. Pues bien, no he visto en los últimos cinco años un impacto, un cambio en la situación de los menores vulnerables". Sostiene también, y con razón, que "no sólo es un problema de recursos, sino que de diseño, de institucionalidad de política pública".
Pero donde aparece una opinión discutible es cuando crítica por el uso de recursos a organismos privados colaboradores del Estado en atención a menores. Habrían sido utilizados en forma deficiente, acusa. Puntualizó que de los $ 270 mil millones de presupuesto del Sename, $ 170 mil millones son transferidos a entes privados que atienden a menores, fondos que no habrían sido invertidos eficazmente.
¿Se equivoca el ministro Campos en sus apreciaciones?
Cabe un análisis en profundidad, considerando que el tema no es sólo de recursos y de "política pública", sino que de vocación de servicio lo que mayoritariamente se da en instituciones privadas colaboradoras del Sename, como es el caso en Valparaíso del Refugio de Cristo. Al respecto, el sacerdote Enrique Opaso, representante de esa institución dijo anteriormente que los hogares privados atienden al 90% de los niños vulnerables y los recursos que entrega el Estado "no cubren siquiera el 50% de los gastos".
Sostuvo que son importantes los recursos, "pero la inversión primera es en las personas y más acotado en las personas de trato directo a las que se les paga el mínimo". Y ahí está la clave, pues junto con actualizar la normativa y presupuestos, hay que insistir en la vocación de servicio donde privados, sin fin de lucro, han sido pioneros, solidarios y efectivos.