La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer el proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, iniciativa que está dentro de la Agenda de Energía y que persigue modernizar la normativa del sector para enfrentar nuevas exigencias regulatorias de este tipo de servicio, que data de 1931.

Debido a que cuenta con normas de rango orgánico constitucional, la iniciativa debe cumplir con el trámite de control preventivo obligatorio ante el Tribunal Constitucional. Luego de ello estará en condiciones de convertirse en ley de la República.

La iniciativa, que ingresó al Congreso en 2015, modifica la Ley de Servicios de Gas a través de normas que evitan que el régimen tarifario definido por cada distribuidora de red concesionada exceda el límite de rentabilidad establecido por ley, que llega a 9%. Desde ahora, ese ámbito será controlado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a través de un chequeo anual de rentabilidad.

Según el texto, si una empresa excede la tasa de rentabilidad máxima, se activará un proceso de fijación tarifaria para dicha compañía, la que deberá devolver a sus clientes el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido.

El proyecto subsana los vacíos existentes en el régimen de tarificación, incluyendo el concepto de "tarifa garantizada", que aplicará a los servicios de gas residenciales, comerciales y servicios de gas industriales bajo ciertas condiciones (consumos mensuales iguales o inferiores a 5.000 Gj).

Entre otros temas, la iniciativa incorpora por primera vez un panel de expertos para la resolución de controversias en materia tarifaria y de chequeo de rentabilidad, además de incluir una serie de normas que disminuyen las asimetrías regulatorias entre distribuidoras de gas concesionadas y no concesionadas, aplicando normas de seguridad y calidad de servicio y no discriminación de precios, entre otras.

El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, destacó que con la aprobación "el Ejecutivo va a tener las herramientas para controlar, sancionar y proteger a los consumidores si una empresa sobrepasa la rentabilidad máxima contemplada".

En su mensaje navideño, la Conferencia Episcopal se sumó al debate por la situación de los enfermos terminales que cumplen penas en el penal Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, e hizo un llamado a crecer en "clemencia y misericordia".

Sobre la posibilidad de excarcelar a militares en retiro condenados por violaciones a los Derechos Humanos que sufran de enfermedades terminales, con el objeto de que puedan morir en sus casas, los cinco obispos integrantes del comité permanente de la Conferencia manifestaron en su mensaje lo siguiente: "Jesús, al final de su vida pública, fue apresado, juzgado y condenado a morir en la cruz. Muchos de sus discípulos fueron encarcelados por dar testimonio de su resurrección. Para nadie es desconocido el sufrimiento que se experimenta cuando se vive privado de libertad en una cárcel, incluso cuando es producto de un juicio justo y correctamente ejecutado".

"Hay situaciones especiales en las que se nos abren espacios para que como sociedad demos signos de humanidad y podamos crecer en clemencia y misericordia. Es el caso de aquellos que están cumpliendo una condena y, además, sufren una enfermedad terminal o alguna alteración en sus facultades mentales que afectan gravemente sus capacidades y disminuyen notablemente su relación con el medio y con las demás personas", agregaron.

"¿No será el momento en que como país busquemos los mecanismos jurídicos para que personas con estas dificultades, siguiendo criterios objetivos, puedan continuar cumpliendo en sus casas, junto a sus seres queridos, la condena recibida?", se preguntaron.

El obispo Santiago Silva, presidente de la instancia, también se refirió a la ceremonia ecuménica planificada para hoy en el penal, en la que seis reos que cumplen condenas en ese lugar pedirán perdón por las violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar.

"Lo que buscan es que tengamos un poco más de humanidad y eso es también lo que propone la Iglesia y esas situaciones tienen que ver con la edad y con un tema mental. En Punta Peuco hay personas que ni siquiera saben por qué están allí", comentó.

El documento está firmado por Silva, el obispo de Melipilla, Cristián Contreras; el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el obispo de San Bernardo, Juan González, y el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos.

El ministro de Economía, Luis Céspedes, descartó ayer la salida de Felipe Irarrázabal desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego de que surgieran críticas de distintos sectores por la inexistencia de una denuncia formal en esa entidad por la colusión de los pañales. La firma CMPC delató el desarrollo de ese proceso colusorio entre 2002 y 2009 junto a la firma estadounidense Kimberly-Clark.

"Quien puede remover al fiscal nacional económico es la Presidenta de la República a través de una solicitud del ministro de Economía con un informe favorable de la Corte Suprema. Eso es lo que establece la ley", comentó Céspedes.

"Tomar algún tipo de postura respecto de esto, en la línea de lo que se ha planteado, me parece que no es responsable", agregó el ministro.

Las empresas CMPC y Kimberly-Clark llevaron a cabo acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alzas de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios, entre otros, entre 2002 y 2009, según la delación que llevó adelante CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Diputados de varias bancadas se quejaron de una posible negligencia de la FNE en este caso, debido a que no inició una denuncia.

El diputado Gabriel Silber (DC) aseguró que "vamos a pedir una investigación penal por parte de la FNE, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar dentro de las 24 horas de conocidos hechos que revistan carácter de delitos. Y a nuestro juicio, la FNE no ha obrado como corresponde".

El diputado independiente José Manuel Edwards agregó que "nos gustaría saber y me gustaría pedirle la información al fiscal económico de por qué no se hizo una investigación. Entendemos que existe prescripción después de cinco años, pero la prescripción soólo se empieza a contabilizar cuando los efectos de aquella colusión terminan y queremos saber si los efectos se extienden después de 2009".

El diputado Daniel Nuñez (PC) agregó que "vamos a proponer una modificación legal para establecer dos cosas: que una empresa que haya sido condenada por colusión o que haya hecho actos de colusión aun siendo no condenada por la prescripción, no pueda tener beneficios de la delación compensada; y en segundo lugar, ampliar los plazos de colusión de cinco a ocho años, porque es evidente que se está ocupando esta figura para un mecanismo de impunidad".

El ex canciller Alfredo Moreno, candidato a la presidencia de la CPC, comentó que "las empresas tienen que ser exitosas en un ambiente de competencia".

años habría funcionado el acuerdo entre CMPC y Kimberly-Clark en el mercado de los pañales. 7

años es el plazo de prescripción existente para el delito de colusión en el Código Penal. 5