El abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular Metropolitana, se reunirá hoy con sus cinco representados investigados por la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, hecho ocurrido el pasado 21 de mayo en Valparaíso, con el fin de analizar la posible solicitud de sobreseimiento de la causa, en base los resultados del informe de ADN realizado por el Labocar de Carabineros que, según informó, no coincidieron con las muestras tomadas a sus defendidos.

El jurista precisó que el documento lo tiene en su poder y que en él queda claramente estipulado que ninguna de las muestras de sangre, bucal y capilar tomadas a Constanza Gutiérrez, Felipe Ríos, Miguel Varela, Hugo Barraza y Rodrigo Araya tienen relación con las recogidas en el lugar de los hechos.

"Con respecto a la comparación de huellas genéticas, la levantada en el sitio del suceso y el cotejo que se hizo con la huella genética de cada uno de mis representados, esa fue de carácter negativo, lo que quiere decir que el levantamiento que se hizo en su momento no coincide con los de mis representados y eso implicaría, por lo menos en lo que se deduce con respecto a este tipo de prueba científica, que no estuvieron en el sitio del suceso y la sangre que se encontró no es de ninguno de mis representados", explicó Morales.

Si bien analizará con los cinco jóvenes imputados la decisión de pedir el sobreseimiento de la causa, el abogado puntualizó que otra alternativa, a la luz de los nuevos antecedentes, es esperar que la Fiscalía decida no perseverar. Sin embargo, manifestó que "sería un debate más responsable de parte de una defensa solicitar el sobreseimiento en virtud de que no habría prueba científica y ninguna prueba de otra índole en contra de mis representados".

Pamela Boltei

Caminando y hablando, acompañado sólo de un familiar, y luego de más de un mes de búsqueda en todo el país, Carlos Marín Orrego (70), el expresidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso que tiene dos encargos de detención pendientes, ingresa a las nueve de la mañana del martes a la posta de urgencias del hospital público Carlos van Buren, en Valparaíso. El motivo es un dolor en el pecho que atribuye a antecedentes cardiovasculares previos, así que es internado para su observación y luego hospitalizado en una de las 12 camillas del box de hombres del primer piso.

Más de 24 horas después es detenido por personal de la PDI, tras una alerta que da el propio hospital. A las 18 horas de ayer, en medio de una gran expectación periodística fuera del recinto y con víctimas esperando una respuesta en el hall de la posta, se hace un control de detención a Carlos Marín - donde responde sin problemas que no tiene ningún reclamo sobre el proceso -, y luego es formalizado por el delito de apropiación indebida en forma privada, en su camilla.

El juez Roberto Pinto, el fiscal Lionel González, el abogado particular de Marín, Waldo del Villar, y los abogados querellantes Andrés Benavides, Caroline Printrup y Fabián Jacquin están presentes en la audiencia. El Ministerio Público y los abogados de las víctimas piden prisión preventiva para Marín, mientras que su abogado advierte que se presentó en forma voluntaria por lo que debería considerarse. Durante una hora, sólo otros 11 pacientes adultos mayores que están en esa misma sala, a metros de él, son testigos junto a personal del hospital de la decisión del tribunal viñamarino: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y un año de investigación.

Contra Marín pesan, además de los cargos formulados por el Ministerio Público, numerosas querellas por estafa presentadas por decenas de víctimas de la corredora Carlos Marín Orrego, que fue suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 11 de noviembre pasado. Ese mismo día se inicia una investigación en forma paralela entre las fiscalías de Viña del Mar y Metropolitana Centro Norte, y en esta última es formalizado su hermano, Rodrigo Marín, por los problemas con la misma corredora.

Versiones por detención

Las versiones en torno a la entrega de Marín son dispares. La PDI, a través del subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos, Claudio González, cuenta que son advertidos de que Marín se encontraba hospitalizado y que "previa coordinación con el Ministerio Público" fue detenido, que se manejaban antecedentes de que él se encontraba en la Región y que se informaría a la policía santiaguina que sigue la pista de Marín de lo que estaba ocurriendo con su detención.

Sin embargo, el abogado defensor Waldo del Villar dice que "Carlos Marín fue formalizado luego de habernos puesto a disposición del tribunal ayer (martes) (...), que estimó necesario desechar la prisión preventiva pues mi representado se presenta. Segundo, tiene bienes que están actualmente cautelados por el Ministerio Público y la investigación está avanzando adecuadamente".

Tras la audiencia, el fiscal Lionel González fue duro en sus descargos con la decisión del tribunal y explicó que solicitó la prisión preventiva "por la cantidad de delitos cometidos, la gravedad de la pena asignada a esos delitos, y la persistente fuga del imputado que ha estado huyendo de la persecución penal por bastante tiempo (...) la decisión no deja conforme al Ministerio Público porque el peligro de fuga sigue tan latente como antes". Por lo mismo, anunció que va a apelar a la decisión para que se revoque la medida cautelar.

Y deslizó la duda sobre la salud de Marín: "Yo vi al imputado en una camilla, no estaba conectado a ningún aparato del cual pueda depender su sobrevivencia. Está estable y probablemente el día de hoy abandone este lugar, así como ingresó... caminando y a su casa".

Sobre la extensión de un año de investigación, se manifestó conforme: "Es compatible con la complejidad de la investigación".

"No estaba conectado a ningún aparato del cual pueda depender su sobrevivencia, está estable. (Quizás) él hoy abandone este lugar, así como ingresó... caminando y a su casa"

Lionel González, Fiscal de Viña"