Una multa de casi 120 millones de pesos aplicó la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, a una empresa agrícola de la zona por intervenir los cauces de dos canales de regadío en la comuna de Hijuelas. La medida forma parte del programa de fiscalización que impulsa la DGA en conjunto con la Gobernación de Quillota, que ha permitido que las comunidades agrícolas puedan denunciar los problemas en el uso del recurso hídrico en la zona.

Según explicó el director regional de la DGA, Gonzalo Peña, en este caso se acogió la denuncia de vecinos, quienes dieron a conocer la intervención del cauce de los canales Comunidad y Coquimbito. "Nos constituimos como DGA detectando que habían obras no autorizadas e implicaba que se interrumpía el libre escurrimiento del recurso hídrico", dijo Peña. Agregó que "la empresa se somete a la aplicación de la multa 200 Unidad Tributaria Anual (UTA) es decir unos 120 millones de pesos".

En tanto, el gobernador César Barra destacó el trabajo conjunto con la DGA para acoger y tramitar estas denuncias, en el contexto de escasez del recurso hídrico que afecta a la provincia.

"Estamos por generar las conductas que permitan a los regantes disfrutar de sus derechos. En este caso, la conducta denunciada y sancionada, todo lo que signifique el entorpecimiento del libre escurrimiento de las aguas y afecte derechos de los regantes debe ser sancionado", expuso.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, sometió a proceso como presuntos autores de cuasidelito de homicidio a cuatro altos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el accidente del CASA 212 ocurrido el 2 de septiembre de 2011.

En el fatídico hecho, un avión de la FACh, que se dirigía a la isla para verificar la reconstrucción en el territorio insular después del tsunami de febrero de 2010, se estrelló en el mar causando la muerte de 21 personas, entre las que se encontraba el animador Felipe Camiroaga y el director del Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos.

Según informó T13, los oficiales son el general de la FACh en retiro Luis Ili, ex comandante en jefe del Comando de Combate; el general en retiro Julio Frías, excomandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea; el coronel Guillermo Castro, exjefe del Estado Mayor del Comando de Combate; y el comandante César Pineda, excomandante del Grupo 8 de Aviación de la Zona Norte.

Todos serán notificados hoy del procesamiento y deberán cancelar una fianza de $ 100.000 cada uno. El abogado Ambrosio Rodríguez, defensor de Castro, señaló que estaba en desacuerdo con la resolución de Lusic y que apelará a la decisión. "Entendemos que con el fallo anterior del Tribunal Constitucional el tema en lo esencial en la caída del avión quedó absolutamente zanjado en cuanto que no hay incumplimiento de deberes militares".

AntecedenteS previoS

Cabe consignar que en enero de 2016 el Tribunal Constitucional anuló el procesamiento de cinco oficiales activos y en retiro de la FACh por el incumplimiento de deberes militares respecto del accidente aéreo.

A su vez, un peritaje elaborado en agosto de 2016 mostró que el accidente se produjo a raíz de las condiciones meteorológicas adversas, el vuelo a baja altura y los errores de pilotos, y apuntó a la responsabilidad de la FACh en la "secuencia de eventos" que desembocó en la tragedia.

En 2013 el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, primero en llevar el caso, concluyó que los responsables del hecho fueron exclusivamente los pilotos de la nave, Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea.

Cristián Rodríguez F.

La nueva alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio (Amplitud), informó el inicio de un sumario administrativo contra 17 funcionarios del Departamento de Salud de la municipalidad. La acción la adoptó luego que los mencionados iniciaran una paralización en protesta por la no renovación del contrato de ocho trabajadores, quienes -según la jefa comunal- no fueron bien evaluados por los propios usuarios de los centros asistenciales.

Pero además, durante la jornada del martes y la tarde de ayer, el municipio notificó a otros 38 funcionarios que no se les renovará su contrato. Esto, a pesar de que el pasado 29 de noviembre el entonces alcalde, Óscar Cortés, firmó un decreto incluyendo a dichos trabajadores en la dotación para este año.

"Ellos dejaron de atender a los usuarios de un momento a otro. Y en eso no voy a tranzar. Me debo a la gente, porque ellos me eligieron como alcaldesa y mi deber es ordenar el municipio. Cuento con todo el respaldo de la comunidad que me ha felicitado por estas medidas, porque acá el que trabaja es bienvenido. El que no está dispuesto a servir a los usuarios, mejor que se vaya", comentó la primera autoridad de Nogales, quien firmó los decretos en que se dejó sin efecto las renovaciones aprobadas por el exalcalde.

Argumentan déficit

En ese sentido, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) de Nogales, Andrea Aranda, arremetió contra Osorio, asegurando a este Diario que el argumento que les entregaron por parte del municipio fue que el Departamento de Salud se encontraba quebrado financieramente.

"Nos dijeron que era por falta de recursos, pero lo extraño es que esos puestos se han ido supliendo de a poco", comentó la dirigenta, quien incluso apuntó que antes de que la alcaldesa asumiera "se comprometió a darnos estabilidad laboral, pero de inmediato realizó desvinculaciones".

Al respecto, a través de un comunicado, Margarita Osorio, precisó que el mencionado departamento se encontraba con un déficit de $ 41 millones, pese a que el anterior jefe comunal le habría manifestado que había $ 25 millones de superávit. Además, aseveró que tras una auditoría se detectaron $ 273 millones sin rendir.

Sin embargo, la representante de los trabajadores sostuvo que las arcas en la repartición de Salud mantiene cifras azules para este año y culpó a la jefa comunal de cometer una práctica antisindical, puesto que "sólo está desvinculando a socios de nuestra asociación porque ella dijo que sólo le interesaba trabajar con la otra (Asociación Número 2)".

Concejo extraordinarioA raíz de la polémica que se generó, ayer los concejales de la comuna acordaron realizar un concejo extraordinario, al que citaron a un directivo del Servicio Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) para que aclare la realización de una supuesta auditoría en el municipio.

"La alcaldesa no respetó la formalidad de los trabajadores de la salud, donde se estipula que ellos tienen contrato hasta fines de este año. Se está poniendo un poco difuso la verdad el presupuesto de salud", dijo el edil Jaime Lineros.