Ayer se conoció que las universidades no estatales (agrupadas en la red G9) por primera vez no asistirán a la tradicional reunión mensual que realiza el Consejo de Rectores (CRUCh), que se programó para el jueves 12 de enero en la U. de Tarapacá.

Así lo señaló el rector de laU. Católica de Valparaíso y presidente del G9, Claudio Elórtegui, quien envió una carta al vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, comunicándole su decisión. "Hemos decidido no participar en la próxima sesión del Consejo de Rectores (...) a fin de poder continuar con nuestro proceso de reflexión durante las siguientes semanas", señala la misiva, aludiendo a "los últimos hechos que han afectado las relaciones de confianza al interior del CRUCh". Entre éstos menciona: "El desconocimiento (de parte de las estatales) del rol público que caracteriza a todas las instituciones del CRUCh, minimización del trabajo conjunto que han desarrollado los planteles, la realización de acciones que tiendan a favorecer a unas universidades por sobre otras, forzando un trato desigual por parte del Estado hacia los planteles del G9".

La molestia del G9 se arrastra desde noviembre pasado, debido a las negociaciones que las universidades estatales impulsaron de manera independiente con el Gobierno, que derivaron en nuevos recursos financieros para esos planteles.

De todas formas, las universidades no estatales manifestaron su "vocación de diálogo" y afirmaron que "nos asiste la convicción de que es urgente propiciar consensos que nos permitan retomar cuanto antes el desarrollo de nuestro trabajo en común". Consultada por estas discrepancias al interior del CRUCh, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que "no es deseable, es mucho mejor que puedan dialogar y resolver sus problemas".

En una reunión ayer en la Intendencia de La Araucanía, el hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay entregó una carta dirigida al ministro del Interior, en la que los familiares de las víctimas del incendio fatal ocurrido en 2013, solicitaron que el Gobierno deje de ser parte querellante del caso.

Jorge Luchsinger entregó la misiva en la que los familiares indican: "No queremos que el Gobierno pase de ser querellante a defensor, según le parezca en su momento a la autoridad de turno", según consignó Soy Temuco.

Esto luego de que el abogado de la Intendencia, Alexandro Álvarez, interviniera el jueves en la audiencia en la que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera modificar la medida cautelar de la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, por el arresto domiciliario total.

Álvarez, alegó a favor del recurso de amparo presentado por la defensa de Linconao, argumentando que su libertad no afecta el debido proceso.

"No hay precedente en que un querellante pase a ser defensor durante un juicio", dice la carta de los Luchsinger.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó que el Gobierno tenga intención de desistir de su querella contra quienes resulten responsables del crimen.

"Nosotros hemos sido parte del proceso y lo seguiremos siendo hasta el final, dijo la autoridad de Gobierno.

"Todos los chilenos tienen el derecho a hacer las peticiones que estimen pertinentes, pero el Gobierno es parte de este juicio y lo va a seguir siendo", insistió al comentar la carta. "Además, estamos pidiendo las penas máximas para aquellos que se demuestre que son culpables", agregó.

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, descartó que exista una contradicción entre ser querellante y mostrar preocupación por la salud de la machi, que ayer recibió el alta médica y fue trasladada hasta su domicilio para cumplir con el arresto domiciliario total.

Carolina Collins

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, defendió ayer la decisión del Gobierno de eliminar los fondos para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) de la Ley de Presupuesto 2017, que fue aprobada por el Congreso.

Lo anterior provocó que la Universidad Católica anunciara el jueves que presentará una demanda contra el Estado por incumplimiento de la ley que otorga el AFI a las instituciones de educación superior capten a los 27.500 estudiantes con los mejores puntajes en la PSU. El plantel acusa que lo anterior les provoca un perjuicio de $1.700 millones.

"El tema concreto es que la ley de Presupuesto es la que fija los montos que se reparten anuales. Esto está en una ley, lo que está reclamando la Universidad Católica hoy está en una ley aprobada por todos los sectores políticos, que es la ley de Presupuesto, es todo lo que puedo decir", comentó al respecto la ministra.

La secretaria de Estado, asimismo, detalló las razones que llevaron al Ejecutivo a eliminar los fondos del AFI, creado en 1981 y que se entrega anualmente a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

"El AFI es un tema que cumplió una función importante de repartir recursos a las instituciones, pero -y eso fue bastante unánime el año pasado, cuando se disminuyó el AFI a la mitad y luego se disminuyó a cero- claramente tiene un efecto regresivo muy importante", expuso según consignó Emol.

"Por la forma en que se considera el cálculo y también porque los mejores puntajes, mientras no haya correcciones muy significativas, corresponden a niveles socioeconómicos y por lo tanto, reciben más las universidades que reciben alumnos con mayores recursos y no es la idea", añadió, a la vez que sostuvo que "no es la idea de la reforma".

Asimismo, Delpiano aseguró que no quiere entrar en un cruce de declaraciones con el rector de la UC, Ignacio Sánchez, en la medida que la disputa se judicializó con la demanda.

"Por eso yo no me quiero pronunciar sobre los dimes y diretes, porque en tanto esto está presentado a la justicia (...) la Universidad Católica ha puesto esto en manos de la justicia y desde ese momento nosotros poco tenemos que opinar sobre este punto", dijo la autoridad.

"Nosotros vamos a conocer los detalles de la demanda, hemos estado en conversaciones con la universidad a fines de diciembre, pero consideran que se ha sentido perjudicada en determinados recursos y está haciendo los trámites que la propia ley considera posibles", añadió la ministra.

Bailando durante las fiestas de fin de año aparecen un grupo de observadores en misión política especial de la Organización de Naciones Unidas en Colombia.

Entre ellos, había una oficial de Carabineros de Chile, que por disposición de la ONU fue repatriada junto a otros tres observadores.

En un comunicado emitido por el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, se indica que la decisión de repatriarlos se tomó "por no cumplir con la imparcialidad, integridad y tacto que los integrantes de la Misión Política Especial en Colombia deben sostener".

Según consignó Emol, internamente se está realizando una investigación para determinar si efectivamente se trataba de la carabinera, cuya identidad no fue revelada.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido bajo el seudónimo de "Timochenko", defendió a los cuatro funcionarios de la ONU.

"Que dirá la ultraderecha: A verificadores de la ONU les faltó objetividad debían quedarse en medio del barrial y no aceptar ayuda de FARC", escribió en la red social. "A este paso sancionarán a todos los verificadores de la ONU por falta de 'profesionalismo'. Mire guerrilleros y verificadores jalando un carro", agregó.