Imputada por fraude presenta demanda laboral
JUDICIAL. Exfuncionaria del Gore acusa hostigamiento y actos vulneratorios.
A principios de esta semana, el equipo jurídico de la Intendencia Regional presentó la contestación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, tras la demanda laboral interpuesta por la exfuncionaria de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, principal implicada en el denominado caso "Fraude 3 a la Intendencia", relacionado con supuestas operaciones ilícitas en los procesos de adjudicación de licitaciones y la contratación de una asesoría comunicacional, causando un perjuicio fiscal cercano a los $50 millones según estimaron el CDE y la Fiscalía.
La geógrafa, a quien no se le renovó la contrata para el presente año, interpuso una demanda de tutela laboral en contra del Gobierno Regional de Valparaíso por vulneración de derechos fundamentales, dando cuenta de "claros actos de hostigamiento, amedrentamiento y discriminación". Por ello solicitó al tribunal un pago indemnizatorio equivalente a 11 remuneraciones (más de $13 millones) y sanciones correspondientes.
"Marginada"
Según el libelo, Garcés expuso que a contar de diciembre de 2014 se incorporó al Gore desarrollando labores en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplad), ejecutando diversas labores.
Garcés denunció la existencia de "hechos vulneratorios de garantías", luego que el 22 de abril de 2016 se abriera un procedimiento disciplinario en su contra, al ser "marginada, sin motivo aparente, de todas y cada una de mis funciones asignadas como encargada y coordinadora de área". Tal situación se vio agravada cuando Alexis Bustos Cáceres, exjefe de la Diplad y actual asesor del intendente, "me solicita no trabajar más conmigo, impidiendo mi participación en trabajos de construcción de políticas públicas". La profesional agregó que "he solicitado en reiteradas oportunidades audiencia con el intendente Gabriel Aldoney, a objeto que tomara conocimiento de las graves faltas y medidas vulneratorias" de las que habría sido objeto, sin que accediera a su petición.
Garcés adujo "presiones" para declarar en el sumario administrativo y que tras la aparición del caso en la prensa los funcionarios "han adoptado una conducta violenta y de burla hacia mí; recibiendo portazos en la cara; se ríen de mi situación de aislamiento y pérdida de funciones".
Junto a otros tres implicados, Garcés será formalizada por el delito de fraude al fisco reiterado el próximo 26 de enero.