El paro de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas estalla con precisión en días claves: alto flujo turístico en pasos fronterizos y aeropuertos y gran movimiento en cargas de exportación de frutas. Así, la movilización de los funcionarios tiene mayor fuerza y notoriedad. Pero esa notoriedad y visibilidad del paro no se puede celebrar.

Se anuncian pérdidas, inicialmente estimadas por la Cámara Aduanera de Chile, de entre US$ 5 millones a US$ 10 millones. El daño se podría elevar a US$ 50 millones si el movimiento se prolonga hasta el lunes.

Advierte el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso Pier Paolo Zaccarelli, que "de alargarse la paralización, para el sector frutícola podría traducirse en millonarias pérdidas".

El origen del paro, afirma el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana Marcelo Reyes, está en que el Gobierno "no tiene voluntad de atender y resolver el problema del Servicio". En concreto, esos funcionarios públicos acusan de incumplimiento de un acuerdo suscrito el 23 de noviembre del año pasado con el ministro de Hacienda para modernizar la legislación aduanera, resolver problemas de gestión interna, dar mayor transparencia en los concursos de personal, encasillamiento y estructura organizacional. Hacienda, por su lado, sostiene que "denunciar un incumplimiento sólo porque no se acogen determinadas pretensiones es desconocer todos los protocolos suscritos y se aleja del espíritu de búsqueda de acuerdos", insistiendo en que las denuncias de irregularidades deben ser "fundadas y determinadas".

Es posible que el espíritu de las demandas de los trabajadores de Aduana apunte en dirección correcta, pero la herramienta de presión llega en malos tiempos, cuando ya se sabe que la productividad del país en 2016 ha caído entre el 0,5% y el 1% y en momentos en que la función aduanera resulta relevante para la actividad económica general.

De este modo, amplios sectores de la producción y los servicios, desde exportadores de frutas hasta empresarios turísticos, quedan en la condición de rehenes de un conflicto latente donde era fundamental buscar puntos de encuentro mínimos para lograr avances que se pudieran concretar en normas definitivas a través de decretos y leyes, tarea que requiere tiempo y prolijidad.

Una aceptación total de las demandas es imposible, pero si es posible, con buena disposición y responsabilidad, encontrar puntos de acuerdo, teniendo a la vista que en este conflicto, como en muchos otros, no hay sólo dos partes en pugna, Gobierno y trabajadores. También hay terceros duramente golpeados, indefensos, ante un conflicto que debe ser abordado con una mirada país.