El pasado lunes 23 de enero, cerca de las 18:45 horas, en la escala Iquique de Forestal, en Viña del Mar, un joven de 20 años, identificado con las iniciales I.F.A.P., se encontraba en el exterior de su domicilio cuando recibió una serie de disparos por la espalda, efectuados por un grupo de cuatro individuos, entre ellos una mujer, lo que finalmente le costó la vida, pues falleció a las 22 horas de ese mismo día en el hospital Gustavo Fricke.

Tras ello, el OS-9 de Carabineros se abocó a dar con los responsables del crimen, obteniendo declaraciones de testigos, quienes afirmaron que los autores serían parte de una banda organizada de delincuentes habituales e identificaron a uno de ellos como "El Brayan", con residencia en Forestal Alto.

Luego, el análisis de la base de datos institucional permitió dar con su identidad, tras lo cual, ayer, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la orden de detención con entrada a su domicilio, donde fue apresado y se le incautó una escopeta artesanal, una pistola calibre 38 y municiones para ambas armas de fuego.

"El Brayan", de iniciales B.E.R.R., con sólo 16 años, ya tenía antecedentes por otros tres delitos.

de enero se produjo el confuso hecho donde falleció un joven de 20 años en Forestal. 23

Pamela Boltei

Abogados querellantes de la causa que investiga la Fiscalía de Viña del Mar contra Carlos Marín Orrego, el expresidente de la Bolsa de Valparaíso (Bovalpo), su hermano Rodrigo Marín Orrego y su esposa Caroline Roubik, esperan que hoy se les reformalice por más delitos que el de apropiación indebida, que fue el que se les imputó en la audiencia de diciembre del año pasado.

En concreto, los defensores de más de 50 presuntas víctimas de los negocios hechos por la corredora Marín Orrego en Viña del Mar y Valparaíso esperan que los tres imputados, y en especial Carlos Marín, se le imputen también los delitos de estafa, infracción a la ley de lavado de activos, a la ley del mercado de valores y a la de bancos, infracciones que han dejado estipuladas en las diversas querellas que se han presentado desde que se conoció el caso en noviembre del año pasado.

Fondos privados

El abogado Juan Carlos Manríquez, querellante en la causa, espera "que se sume el delito de estafa, abriendo así el camino al delito de lavado y poder seguir indagando a varias otras personas y algunos fondos privados en los que habría indicios de desvío, ocultación y aprovechamiento de lo defraudado a las víctimas".

Además, advirtió que "según el avance de la investigación, la Fiscalía estaría en condiciones de proceder" en cuanto a la formalización a Marín por esos delitos.

Nuevas víctimas

Héctor Matus, también abogado querellante, sostiene que en la reformalización de hoy "eventualmente se incluirán nuevas víctimas afectadas por el delito; y si bien nosotros mantenemos como querellantes nuestra postura que la calificación jurídica que da el Ministerio Público no es tal, sino que además contempla el delito de estafa, asociación ilícita y apropiación indebida, es un aspecto que se hizo presente ya al juez de garantía".

El profesional agregó que la audiencia de hoy tiene como principal objetivo ampliar la gama de víctimas y obtener la declaración de Rodrigo Marín Orrego, que había sido fijada para el pasado 11 de enero, luego cambiada al 30 y finalmente agendada para hoy.

Por su parte, el abogado querellante Juan Espinoza Barrio, afirma que "hay varias expectativas para la reformalización, se han sumado nuevas víctimas a este delito de cuello y corbata. Cuando el fiscal hizo el reconocimiento la primera vez, esa lista tenía que ser pulida y afinada con víctimas que aparecieron después de la presentación de las querellas y de la formalización. Mañana (hoy) vamos a saber el número exacto de víctimas y de lo defraudado, que supongo que pasó los $2.300 millones de pesos".

Lo que tiene claro -dice Espinoza Barrio- es que es "una reformalización en base a estos delitos de estafa, lavado de activos, que son los tipos penales por los que el Ministerio Público los está persiguiendo".

Asimismo, cree que la parte defensora de Caroline Roubik, que presentó una apelación a la medida cautelar de arresto domiciliario total ante la Corte de Apelaciones, pero que perdió, solicitará analizar la cautela de garantía presentada en torno a lo mismo, lo que podría generar una nueva citación a las partes para discutir el tema.

"No veo por dónde"

Al respecto, el abogado de Carlos Marín, Waldo del Villar, estimó que la reformalización de hoy "no tiene mayor complejidad", y que "lo importante es que cuando se plantea la comisión de delitos es importante que se puedan acreditar, ese es un problema que está enfrentando la Fiscalía. Una vez que sepamos qué se reformalizó vamos a tomar las líneas de defensa. Todo eso tiene que tener un respaldo fáctico para no transformarse en una formalización arbitraria, tenemos que esperar, pero no creo que haya tales delitos. No veo por dónde".

Asimismo, Del Villar confirmó que no buscarán apelar a la medida cautelar de prisión preventiva de Carlos Marín, que lo tiene recluido en el complejo penitenciario de Valparaíso. También aseguró que esperan "en 60 días tener un procedimiento de solución (para pagar a las víctimas), ojalá que todos estén de acuerdo en implementarlo. A nadie le interesa que el señor Marín se quede en la cárcel, sino que responda a los querellantes".

"Tiene que tener un respaldo fáctico para no transformarse en una formalización arbitraria, no creo que hayan tales delitos. No veo por dónde"

Waldo del Villar, Abogado de Carlos Marín Orrego"

personas serían las 50 a 80

afectadas por la defraudación de los dineros que gestionaba la firma de Marín. $ 2.000

Tres condenas por delitos asociados al tráfico de drogas logró la Unidad Regional Antinarcóticos (URAN) de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Según informó el fiscal jefe de la unidad, Víctor Ávila León, el Ministerio Público consiguió que se sentenciara a diez años de cárcel a Leticia Vergara Carilaf, quien fue detenida en Quillota por el tráfico de un kilo de marihuana y otro kilo de cocaína.

En paralelo, y por los mismos años de presidio, se condenó a Daniel Santander García por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Al sujeto también se le incautó más de mil cartuchos, chalecos antibalas, una linterna con electroshock y grilletes de seguridad. Y además, se le sumó una segunda condena, de seis años de presidio, por el delito de tráfico en el que participó como coautor.

Quienes también recibieron sentencias por el tráfico de 74 kilos de cocaína base -incautados en Quilpué- fueron Ana Rodríguez Paniagua y David Milla San Francisco, siendo sentenciados a ocho años de presidio cada uno.

Mientras que el quinto sujeto investigado fue César Herrera Torres. Al hombre se le descubrió un taller de fabricación, modificación y adulteración de armas de fuego y municiones, ubicado en una parcela de Reñaca Alto.

A Herrera se le condenó a siete años de cárcel por infracción a la ley de armas y a 541 días por microtráfico de drogas. Pero además de él, también fueron sentenciados por el mismo delito de armamento los hermanos Danilo y José Caviedes Maureira, recibiendo siete años cada uno.

Sobre las condenas que recibieron los siete sujetos, el fiscal Ávila aseguró que los procedimientos realizados en conjunto con la policía lograron ser exitosos gracias a las diferentes herramientas de investigación que aporta la Ley de Drogas para estos casos.

sujetos, de Quilpué, Viña del Mar y Quillota, fueron condenadas por los delitos a la ley de drogas y armas. 7