Consejos comunales y su rol en la seguridad
Cuando miramos atrás y vemos el trabajo que se ha hecho en materia de prevención del delito, inevitablemente llegamos a una importante conclusión: no podemos seguir implementando políticas de seguridad desde el gobierno central, sin considerar el rol clave que juegan en esta materia los municipios y las autoridades locales.
Esta es la gran idea que sostiene la Ley 20.965 que crea los Consejos Comunales y los Planes Comunales de Seguridad Pública, que tras un importante esfuerzo legislativo fue promulgada el pasado noviembre. Con la nueva norma, todos los municipios del país contarán con una institucionalidad para enfrentar sus problemas de inseguridad, de la que formarán parte los principales organismos que intervienen en la comuna.
En cada comuna, el alcalde será el encargado de liderar los consejos, para lo que dispondrá del apoyo del Intendente Regional y de representantes de la sociedad civil y miembros del Concejo Municipal. Además, cada consejo contará con un representante local de Carabineros, la PDI, Senda, Sename, Gendarmería y la fiscalía.
Esto permitirá se trabaje de manera coordinada para desarrollar un plan de seguridad pública para la comuna. Será una estrategia que abordará las prioridades de la comuna en materia de prevención del delito y propondrá acciones concretas para enfrentarlas.
Los acuerdos tendrán carácter de instrumento público, con metas y objetivos conocidos por la ciudadanía y que se ponen al mismo nivel de otros mecanismos de gestión, como el PLADECO o los planos reguladores. Esto quiere decir que el propio consejo tendrá la obligación de evaluarlos periódicamente y rendir cuentas a la comunidad acerca de su cumplimiento.
Se trata de una política pública de seguridad inédita, que se adapta a las necesidades de las personas y a las particularidades de cada territorio. Es evidente que el diagnóstico no es igual en el norte, centro o sur del país. Por lo mismo, esta política pública impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet toma en cuenta la diversidad geográfica, económica y cultural del país y lo asume con especial fuerza frente a un tema relevante como la seguridad pública.
Son los municipios y las autoridades que intervienen directamente en el territorio quienes conviven más de cerca con las personas y, por lo mismo, mejor conocen los problemas de seguridad que enfrentan cotidianamente. Como Gobierno tenemos el deber de entregarles las herramientas necesarias para que estos sean capaces de generar respuestas concretas, visibles y que efectivamente mejoren la calidad de vida de todos los chilenos.
Óscar Carrasco C.
Subsecretario de Prevención del Delito