Argentina: Macri da marcha atrás con medidas polémicas
BUENOS AIRES. Una de éllas estipulaba la cancelación de una deuda con el Estado que tenía el padre del Presidente por 19 millones de dólares.
El Presidente argentino Mauricio Macri dio marcha atrás a dos polémicas resoluciones que impactaron sobre su capital político en un año electoral en el que someterá a examen su gestión.
"Yo soy falible, pero así como me equivoco pido disculpas y corrijo", dijo el mandatario ayer durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno tras anunciar que el Estado retirará una propuesta de acuerdo alcanzado con la empresa de servicios postales propiedad de su padre, Franco Macri, por la cancelación de una deuda. También anuló un decreto firmado en la víspera con el cual se modificaba un mecanismo para actualizar las jubilaciones y el salario familiar.
"Cuando uno se compromete en el hacer y hace miles de cosas, también comete errores", respondió al consultarlo sobre el costo político de tantas idas y contramarchas en las decisiones de su gobierno.
El Presidente fue duramente cuestionado en los últimos días por un supuesto trato favorable a su padre en la negociación para la cancelación de una deuda de unos 300 millones de pesos (19 millones de dólares) que su compañía de servicios postales contrajo con el Estado en los años 90. Acuerdo estaba pendiente de aprobación judicial.
El caso suscitó la apertura de una investigación judicial luego de que de un fiscal considerara que el interés público no fue protegido, ya que el Estado habría aceptado una excesiva quita en la deuda. El gobierno reconoció que hubo errores en la negociación y pidió a la Auditoria General de la Nación, controlada por la oposición, que intervenga y que la justicia se pronuncie cuanto antes sobre el acuerdo.
Macri negó que haya tenido conocimiento de las negociaciones que llevó adelante el ministerio de Comunicaciones y reclamó que sea la justicia y otros órganos de control los que diriman el pleito que el Estado mantiene desde 2001 con la compañía Correos Argentino S.A, controlada por el Grupo Socma, propiedad de su padre.
"Espero encontremos una solución en el ámbito de la justicia. Yo no voy a participar ni opinar", apuntó.
En cuanto a la resolución que imponía una nueva fórmula para que el Estado definiera los dos aumentos al año que por ley debe otorgar a jubilados y a trabajadores registrados por cargas familiares, se suponía que cambiaría de 12,9% a 12,6%, una diferencia escasa pero que implicaba una rebaja en un sector vulnerable de la población.
El decreto había generado malestar en las propias filas del oficialismo. La diputada nacional Elisa Carrió, afirmó vía Twitter que "la torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificativo" y advirtió que pelearía por los jubilados para torcer la decisión.