Cristián Rodríguez F.
Por más de cinco horas se extendió la primera de las dos audiencias de procedimiento abreviado del caso "Secta de Colliguay", en el que siete personas se mantienen imputadas desde 2013 por haber participado en la incineración de un lactante mientras participaban de un ritual en la localidad de Quilpué.
Durante la primera jornada, el fiscal que lidera el caso, Juan Emilio Gatica, expuso ante el Tribunal de Garantía los principales antecedentes e indagaciones que se realizaron durante los cuatro años de investigación, además de leer las declaraciones de cada uno de los imputados: Natalia Guerra (la madre del menor) y Pablo Undurraga, ambos procesados como autores de parricidio y homicidio calificado, respectivamente, y David Pastén, Karla Franchy, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas y Josefina López, imputados como encubridores del crimen y que integraban la secta liderada por Ramón Castillo Gaete, alias "Antares de la Luz"
En esa línea, la Fiscalía solicitó una pena de tres años de presidio menor en su grado mínimo para los cinco encubridores, mientras que para los autores del homicio pidió una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.
Sin embargo, al dar a conocer la solicitud ante la magistrado de Quilpué, los dos abogados del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso -querellantes en el caso- aseguraron no estar de acuerdo con las penas.
Rol clave del sename
Según trascendió, durante la jornada de hoy el Sename se opondrá por segunda vez a un procedimiento abreviado para culminar con el caso. Esto, porque en 2014 el fiscal Gatica también intentó culminar la investigación a través de esta vía. No obstante, el Juzgado de Quilpué la desestimó luego que el Ministerio Público y los abogados defensores no lograran acreditar que los integrantes de la secta actuaron como encubridores del crimen.
En esta oportunidad, tras ser consultado el fiscal señaló escuetamente que una eventual oposición del servicio "lo veremos en el momento en que ellos expongan sus planteamientos (hoy) y tengamos la palabra para replicarlo".
En tanto, el defensor regional de Valparaíso, Claudio Pérez, en representación de Natalia Guerra, sí coincidió en la misma tesis al asegurar que "entiendo que la posición del Sename va a ser la misma, es decir, que se van a oponer".
"Lo interesante acá va a ser escuchar cuáles son los argumentos de carácter jurídico (del Sename) para oponerse. Eso tendrá que ser discutido por nosotros y evaluado por la jueza", agregó el defensor.
En ese contexto, uno de los que fue más duro en torno a la decisión del servicio fue el abogado de la imputada María del Pilar Álvarez, Vinko Fodich.
Al respecto, el exfiscal comentó a este Diario que "el Sename está ejerciendo su derecho, pero todos sabemos también cómo funcionan. Por lo tanto, creo que la evaluación de eso tiene que ser comprendiendo cuál es su real funcionamiento. Todos sabemos lo que está pasando hoy (ayer) en Santiago, donde se está formalizando a funcionarios del Sename (caso muerte de la menor Lissette Villa)".
"Ellos pueden oponerse, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero lo que nosotros creemos es que esa acusación no es fundada en antecedentes serios, y por lo tanto debiese ser desechada", agregó Fodich.
No irían a la cárcel
Pese a ello, de ser acogido el juicio abreviado, ninguno de los siete imputados cumplirá una pena de cárcel. Una de las razones es que en todas las condenas que son menores a cinco años -cualquiera que sea el delito- la persona puede cumplir la sentencia mediante penas sustitutivas, siempre y cuando goce de irreprochable conducta anterior, cuyo es el caso. Las alternativas podrían ser la libertad vigilada o la remision condicional.
"Las penas fueron negociadas en ese rango, que le permiten a mi representada como al resto de los imputados acceder a penas sustituivas", confirmó el defensor regional, quien agregó que alegará para que a la madre del bebé se le rebaje la pena de cinco a tres años, de los cuales ya cumplió 20 meses tras haber estado en prisión preventiva y con arresto domicilario total y parcial.
Penas ofrecidas
Cinco años de presidio Natalia Guerra, la madre del lactante incinerado, y Pablo Undurraga, "mano derecha" de Ramón Castillo, podrán acceder a dicha pena si es que el Tribunal de Garantía lo acepta. Están imputados por el delito de parricidio y homicidio, respectivamente, aunque gozan de irreprochable conducta anterior, lo que les permitiría acceder a una pena sustitutiva.
Tres años de presidio David Pastén, Karla Franchy, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas y Josefina López están procesados como encubridores del crimen. Tampoco cumplirían su pena al interior de una cárcel.
"El Sename puede oponerse, pero creemos que esa acusación no es fundada y debiese ser desechada"
Vinko Fodich, Abogado de María, del Pilar Álvarez"