El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Centro Norte, solicitó al Parlamento los datos de la actividad legislativa de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, como parte de la investigación por sus vínculos con la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), arista derivada del caso Corpesca.

La lista de aportes reservados legales, entregada por el Servel, reveló que seis empresas pesqueras financiaron a 35 políticos entre los años 2009 y 2013.

En el documento, la timonel de la UDI figura con $ 17 millones de parte de Camanchaca S.A, Itata y Landes S.A. La solicitud de información del Ministerio Público cubre la actividad de la senadora respecto a las leyes de Pesca tramitadas después de la aprobación de la Ley de Pesca.

El Ministerio Público está investigando los correos intercambiados entre la senadora y el ex gerente de Asipes, Luis Felipe Mondaca, en el transcurso de un debate la pesca de jurel, mientras Van Rysselberghe era presidenta de la Comisión de Pesca.

Además de las intervenciones de la senadora, la Fiscalía solicitó la lista de los asesores de Van Rysselberghe, así como las indicaciones que pudo haber presentado y que se relacionan con las leyes del sector.

El jefe de la bancada UDI en la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, indicó a radio Cooperativa que "la intervenciones de todos los parlamentarios son públicas y conocidas por todo el mundo, quizá falta que (en la Fiscalía) simplemente puedan meterse a la página del Senado, a la página de la Cámara, pues ahí están las declaraciones".

El diputado gremialista agregó que "hemos venido denunciando hace años que hay una intencionalidad evidente contra quienes somos de oposición. No es la misma la relación que existe con la gente de oposición que la relación con la gente que es oficialista".

El abanderado presidencial del Partido Progresista (PRO) , Marco Enríquez-Ominami, calificó como "un tongo" la petición de abrir una comisión investigadora por sus presuntos vínculos con el Caso OAS, en Brasil, presentada por Chile Vamos, con la finalidad de conocer si el conglomerado empresarial acusado de corrupción, financió campañas electorales en Chile, lo que está prohibido.

"Todas esas comisiones no son obligatorias para nadie en Chile, son un gran rito para que la pasen bien", dijo ayer quien fue candidato a La Moneda.

"Les quiero recordar a los diputados, que están bien pagados, que deben decirle al país que las comisiones investigadoras son un tongo por una razón muy simple: no son vinculantes", aseguró.

Valeria Barahona

Por medio de un correo electrónico a todos los participantes del caso, además del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde está radicada la causa; la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente cerró ayer el período de investigación del caso Penta. Con eso ya se prepara para presentar las acusaciones contra todos los imputados, quienes, eventualmente, serán llevados a juicio oral.

A contar de ayer a las 14.00 horas, el Ministerio Público cuenta con un plazo de diez días para presentar los hechos al tribunal, sumados a los delitos por los cuales pretende enjuiciar a los presuntos responsables de infracciones tributarias relacionadas con el financiamiento ilegal de actividades políticas.

Imputados

Entre quienes podrían ser llevados a juicio figuran los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Durante los dos años de pesquisas, la fiscalía logró reunir 80 tomos con antecedentes del caso y formalizó a 34 imputados.

El órgano estatal también formuló cargos contra cuatro personas jurídicas -Penta, Penta III, Asesorías Challico e Inversiones Santa Sarella -, además de obtener dos condenas: contra el ex senador Jovino Novoa, y contra el ex funcionario del SII, Iván Álvarez, quien fue uno de los personajes clave para aclarar el modus operandi para defraudar al fisco, según afirmaron los persecutores.

En ambos casos, los imputados llegaron a un procedimiento abreviado, lo que les significó la aceptación de los hechos imputados a cambio de una rebaja en la pena.

Reparación

Durante los dos años de pesquizas, se logró restituir al fisco más $8.000 millones que habían sido evadidos en impuestos por los responsables.

Ahora la Fiscalía continuará indagando otras aristas surgidas desde la investigación inicial del caso Penta, en una nueva causa.

Campaña de bachelet

Con la división del proceso en aristas, los investigadores pueden seguir las indagatorias por eventuales aportes a campañas del ex candidato Laurence Golborne y Michelle Bachelet.

La declaración de Tomás Carrasco Burgos -dueño de las empresas Siglo y VSA Ltda. y amigo de Golborne - fue clave para abrir una nueva línea investigativa.

Según la Fiscalía, el empresario facilitó facturas falsas a Penta y otras firmas, tales como Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburgua, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, BCI, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado.

Estas facturas suman $160 millones, a las que se deben agregar los $120 millones de Penta, que Golborne reconoció, según El Mercurio.

En el caso de ECCSA S.A., grupo controlador de Ripley Corp., se rectificaron pagos por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, empresa proveedora de servicios de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.

El Ministerio Público, además, tenía contemplada una tercera condena bajo la misma modalidad al ex gerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, pero ésta no se concretó debido a que dos días antes de la audiencia -el domingo pasado- falleció producto de su grave estado de salud.