Sofía Navarro Martínez

L os avances de la reforma educacional obligan a que los rectores de universidades estén pendientes de sus cambios y nuevas propuestas. La gratuidad parece ser el tema que genera más dudas y debates.

Ante este escenario, el rector de la Universidad de Valparaíso (UV) y vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, criticó la forma en que se está implementando el proyecto de reforma a la educación superior.

- Con el último anuncio realizado por el Gobierno sobre la gratuidad por ley y no por glosa, ¿cómo percibe el avance de la reforma la educación superior?

- Lo que ha quedado claro, sin duda, es que el proyecto de reforma de la educación superior que se presentó tiene una ineptitud mayor y eso ha dado lugar a que después de varios meses no haya avanzado en el Congreso. Nos parece que es muy importante que quienes finalmente formularon y definieron el contenido den también las explicaciones y razones que se tuvieron para presentar un proyecto que ha sido un fracaso; y es importante, porque se deben evaluar las responsabilidades políticas de quienes determinaron los contenidos. Por otra parte, es indispensable que se rectifique sustantivamente el proyecto, no basta con reducirlo o dividirlo, lo que se necesita es que cambie la orientación de este proyecto de reforma de educación superior. Es eso lo que tiene que hacer el Gobierno en primer lugar y, desde luego, si se trata de buscar fórmulas que faciliten la tramitación del proyecto, atendido los tiempos limitados que quedan para que pueda ser aprobada esta reforma durante esta legislatura. Todos debemos contribuir y apoyar para dar con los mejores caminos y fórmulas y, así, avanzar en la reforma, pero es muy importante que sea sobre la base de que hay un cambio en la orientación. Si se trata de perseverar en el fortalecimiento de la educación privada y no de la educación pública, si se trata en definitiva solo de transferir recursos a la educación privada sin que haya las regulaciones que aseguren los fines de carácter público, desde luego que vamos a seguir teniendo las dificultades tan graves que hemos tenido hasta ahora.

- ¿Cree, entonces, que la orientación debe ir por el tema de potenciar el carácter público más que otro aspecto universitario?

- Es obvio que si va a haber más recursos públicos el sistema debe garantizar que esos recursos estén destinados a tener un impacto decisivo en la calidad del sistema de educación superior, en la responsabilidad y el carácter de función pública que se compromete cuando se autoriza, por ejemplo, la existencia de una universidad. Es evidente lo que está pasando hoy con la Universidad Arcis, lo que ocurrió con la Universidad del Mar. Aquí hay una desregulación absoluta, una libertad de comercio en educación superior y que desgraciadamente este proyecto no logra corregir y superar, por eso que la reforma no ha tenido apoyo en nadie, ningún grupo ha tomado la representación de quienes, finalmente, están de acuerdo... eso hace que quienes efectivamente queremos una reforma dirijamos críticas fundadas y responsables, de manera transparente, contra el contenido de este proyecto. Es paradojal que, sin embargo, este proyecto se haya dejado para el último, lo que demuestra que o no había claridad o no había convicción respecto de la urgencia y necesidad y que hoy se esté discutiendo si es posible o no al menos, aprobar una parte de lo que se necesita como reforma del sistema de educación.

- El senador Walker afirmó que "la gratuidad universal era imposible de financiar". ¿Usted comparte estos dichos?, ¿cree que está en lo correcto de pensar así?

- Siempre he planteado que debemos avanzar gradualmente en la ampliación de este beneficio, pero creo que el país debe proponerse como meta alcanzar la gratuidad universal o a un grado tal que, efectivamente, vaya en apoyo de las personas que lo necesitan. Hoy se otorga a un 50%, es decir, a los estudiantes que se encuentran en los deciles más precarizados desde el punto de vista socioeconómico y, sin embargo, hay muchos chilenos y familias que todavía deben endeudarse y deben hacer un enorme sacrificio para poder pagar la educación superior porque en Chile (...), debido a la desigualdad y concentración del poder económico que hay en el país, un porcentaje importante todavía de familias y jóvenes no puede pagar la educación superior salvo que se endeuden o sacrifiquen. Discutir teóricamente sobre la pertinencia o validez de la gratuidad universal creo que debiera ser una discusión que demos en el momento que este beneficio se amplíe para que todas las personas que lo necesitan tengan acceso o hayan obtenido este beneficio de la gratuidad. (...) Faltan al menos cuatro deciles que deberían, a mi juicio, ser beneficiados con gratuidad.

- La gratuidad en la educación es una promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, que termina en marzo de 2018 su mandato. ¿Cree que podrá cumplir con la gratuidad?

- Creo que se ha hecho bastante, venimos de una situación que en el país nadie presentó como una posibilidad durante muchos años, de modo que haber avanzado hasta los cinco primeros deciles ya, en este Gobierno, me parece muy significativo y tiene efectos sociales positivos. Se debe avanzar gradualmente en la medida que los recursos lo permitan y que estén las voluntades políticas y claras en este sentido. Pienso que la gratuidad nos pone una pregunta sobre las prioridades que deben tener las políticas públicas. ¿Vamos a seguir teniendo una Ley Reservada del Cobre para que se financie a las instituciones armadas o en definitiva vamos a invertir estos recursos en educar a nuestros niños y jóvenes en un sistema de mayor calidad? ¿Vamos a preferir que los negocios sigan tan desregulados como están o vamos a poner una prioridad en financiar los derechos sociales? Esas son las preguntas políticas que el país debe enfrentar y creo que debemos continuar con los deciles que faltan. Probablemente haya un segmento que no tenga la urgencia de la gratuidad y por lo que se pensará por qué apurar entonces la discusión. Opino que es mejor que nos concentremos en cómo hacemos que todavía esas familias y hogares a las que les cuesta financiar la educación lo puedan hacer por medio de la gratuidad.

- En uno de sus puntos, la reforma educacional propone la implementación del gobierno universitario tripartito, que contemplaría a funcionarios y estudiantes intervenir en decisiones con voz y voto. ¿Cree que podrá realizarse?

- La comunidad es parte del proceso formativo, las universidades no pueden ser administradas como empresas y como regimiento ni como servicios públicos de carácter administrativo, las universidades deben generar una reflexión y decisión sobre la base de la participación. Y en ese sentido, siempre hemos dicho en el CRUCh y en el consorcio de las universidades estatales que la participación de quienes integran la comunidad universitaria mediante la incorporación de una representación de todos en los órganos colegiados es necesario si se entiende a la universidad como un centro de deliberación.

- Considerando que existen diferencias al interior del Consejo de Rectores, ¿se sienten debilitados como agrupación?

- El CRUCh ha hecho valer con claridad sus planteamientos ante el Gobierno y el Congreso, no hemos tenido ninguna dificultad para formar opiniones compartidas respecto del sistema de educación superior. No tenemos diferencias sustantivas. Las que hay se relacionan con el reconocimiento que se debe hacer, por una parte, a las universidades estatales y no estatales, atendido que se hayan en una condición distinta en su relación con el Estado. Es muy importante incorporar en la reflexión el reconocimiento específico que debe hacer el Estado y política pública respecto a universidades regionales que integran el CRUCh, donde hay universidades estatales y no estatales, pero que cumplen una función pública de la mayor envergadura, de integración, equidad e inclusión de los territorios que forman el país. De ese punto de vista, no veo que el CRUCh deba tener una voz disminuida respecto de la reforma atendidas estas diferencias internas.

- ¿Daría algún mensaje a los parlamentarios o, en su defecto, diría en qué aspectos poner mayor énfasis?

- Todos los sectores deben ponderar con la mayor claridad la necesidad que tiene el país de una mayor integración social, los países requieren de manera imprescindible, a mi juicio, que las sociedades puedan tener niveles de cohesión simbólica, cultural, social y económica que permitan plantearse objetivos y propósitos de desarrollo. Los países de sociedades divididas con niveles de desigualdad, que son muy poco presentables como es el caso de Chile, a mi juicio, niveles de desigualdad más bien dramáticos, ponen en cuestión no sólo la educación... Todas las corrientes políticas deben hacer un esfuerzo porque tengamos el mejor sistema educacional, que la calidad no esté dependiendo de la capacidad de pago. Mientas no tengamos eso, no tenemos derecho a hacer de la educación una causa de conflicto político tan grave como el que a veces se aprecia.

- ¿Cree que las universidades privadas, como la UDD o UAI que pertenecen al CRUCh y tienen distintos sistemas, deben tener gratuidad?

- Me parece que la gratuidad no debe ser sólo para universidades estatales, también debe ampliarse a instituciones que garanticen un compromiso con la función pública, que lo hagan de manera responsable. Sin embargo, creo que se deberían establecer con mucha claridad las condiciones que deben cumplir las instituciones, y desde luego, se trata de instituciones que deben cumplir con requisitos de transparencia, activa y pasiva, que deben, desde luego, tener sistemas de admisión públicos, conocidos, que garanticen imparcialidad, objetividad y no favoritismo. Deben garantizar una dósis de pluralismo y diversidad social. No puede ser que el Estado transfiera recursos para proyectos corporativos o que responden a determinados intereses desde el punto de vista social, económico o político. Mientras no estén claras esas exigencias me parece que no se debe avanzar en gratuidad y que la urgencia, sin embargo, ha determinado que la gratuidad llegue antes que las exigencias que garanticen el cumplimiento de fines públicos. El Estado no puede ser un mero proveedor de recursos financieros para proyectos educacionales que, en definitiva, no den garantía o no respondan a fines públicos que siempre deben ser el fundamento.

"Aquí hay una desregulación absoluta, una libertad de comercio en educación superior y que desgraciadamente este proyecto no logra corregir y superar" "Es paradojal que, sin embargo, este proyecto se haya dejado para el último, lo que demuestra que o no había claridad o no había convicción respecto de la urgencia y necesidad""

"Me parece que la gratuidad en la educación no debe ser sólo para universidades estatales, también debe ampliarse a instituciones que garanticen un compromiso con la función pública" "Todos debemos contribuir y apoyar para dar con los mejores caminos y fórmulas y, así, avanzar en la reforma, pero es muy importante que sea sobre la base de que haya un cambio en la orientación""