Alexis Paredes R.

En un fallo de 35 páginas, el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso fundamentó las razones por las cuales rechazó la millonaria demanda en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), interpuesta por la compañía de seguros que tuvo que desembolsar una póliza equivalente a 1.706 millones (72.661 UF), producto de los graves daños que sufrió la Iglesia San Francisco, como consecuencia del incendio que destruyó gran parte del templo y convento la madrugada del 2 de agosto de 2013.

El libelo fue presentado por RSA Seguros Chile S.A., que al tenor del informe de liquidación respectivo, se vio en la obligación de pagar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) , en su calidad de beneficiario, el millonario monto, que se hizo efectivo en febrero de 2014.

Cabe consignar que el siniestro ocurrió luego de una "peña folclórica" organizada por estudiantes de esa casa estudios, durante el cual se ocuparon una parrilla a carbón y otra a gas. La actividad tuvo lugar en dependencias del Instituto de Matemáticas, colindante al icónico templo del cerro Barón.

Si bien la parte demandante expuso durante la tramitación del juicio una serie de pruebas que daban cuenta que el fuego se habría originado por las chispas ocasionadas producto de la acción de una parrilla mal apagada, en una actividad autorizada por personeros de la PUCV, se estableció que la responsabilidad del mismo fue del estudiante que a esa fecha tramitó dicho permiso, el cual "no obró con el debido cuidado que se esperaría de una persona diligente, de la cual se espera minimice los riesgos en su actuar, disminuyendo con ello la probabilidad de ocurrencia de daños".

El fallo en primera instancia apunta a que el estudiante del Centro de Alumnos de la carrera de Historia, Carlos Vergara, "debió haber tomado las medidas de seguridad acordes a la utilización de una parrilla a carbón, más teniendo en cuenta en el estado en que ésta se encontraba -abierta en ambos lados- según quedó consignado en el informe de Dictuc".

La resolución enfatiza que el siniestro se produjo "durante una actividad completamente ajena a la universidad, en la que ésta solamente se limitó a facilitar el recinto donde se llevó a cabo la misma".

Según el tribunal, en este caso no concurre el requisito "imprescindible" que consagra el artículo 2.320 del Código Civil, respecto a que "la universidad tuviera a su cuidado al responsable del hecho ilícito que origina la responsabilidad civil" en la que se fundamenta la demanda, debido a que "no existe una relación de autoridad o cuidado entre el autor del daño y el tercero que resulta responsable, lo que obliga a desestimar la demanda".

Conclusiones inciertas

Sobre el fallo tras el largo litigio, el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, si bien se mostró conforme con la resolución judicial que exculpa a la universidad, afirmó "no compartir las conclusiones respecto a las responsabilidades, ya que se tomaron todos los resguardos por parte de la universidad y los estudiantes y nadie está libre que se genere un incendio, por causas que pueden ser fortuitas o algo similar".

Elórtegui apuntó a la tesis que durante el juicio intentaron establecer los abogados de la universidad, respecto a que la empresa constructora Basco S.A., que realizaba los trabajos de restauración tras adjudicarse una licitación por parte de la División de Arquitectura del MOP, no adoptó las medidas de seguridad adecuadas para trabajos de tal envergadura.

"La empresa constructora no tomó los resguardos mínimos durante el proceso de restauración de la iglesia, ellos fueron los que contrataron la póliza de la aseguradora RSA, que posteriormente intentó buscar responsabilidades en la universidad", concluyó el académico.

El representante de la casa de estudios insistió en que "los peritajes realizados por centros de reconocido prestigio no son coincidentes, y en algunos aspectos contradictorios, respecto a la causa del incendio".

Fondos fiscales

Cabe consignar que a causa del incendio del 2 septiembre de 2010 que afectó a la iglesia y en virtud del programa "Legado Bicentenario" impulsado por el gobierno, en 2012 la Dirección de Arquitectura del MOP de la V Región llamó a licitación pública para la obra civil denominada "Restauración Iglesia San Francisco", que en 14 de marzo de 2012 adjudicó a la Constructora Basco S.A. La restauración presentaba un 71% de avance.

Argumentos

Según expuso en la demanda la empresa aseguradora, "el Instituto de Matemáticas -donde se originó el fuego- era una construcción antigua, la cual no contaba con las medidas de seguridad mínimas para prevenir un incendio y que carecía de los permisos municipales exigidos por la normativa vigente". Que además el incendio "estuvo lejos de ser un simple accidente fortuito", ya que el día del siniestro se realizó una actividad universitaria, organizada por la comunidad universitaria de la PUCV y autorizada por las autoridades de la casa de estudios".

La universidad rechazó la demanda argumentando no tener ninguna responsabilidad en el incendio de la iglesia, que también le ocasionó un perjuicio de gran magnitud.

Sostuvo que el siniestro se produjo por causas que "de acuerdo a los antecedentes existentes no han logrado ser determinadas" y que, ante el historial del incendios del monumento nacional, "le llama la atención que la empresa Basco no haya tomado los resguardos mínimos para proteger el inmueble y que actuó de modo totalmente negligente, al no contar con cortafuegos ni un plan para enfrentar emergencias como la ocurrida".

"La empresa constructora no tomó los resguardos mínimos durante el proceso de restauración de la iglesia"

Claudio Elórtegui, Rector de la PUCV"