Pamela Boltei

Bajo fuertes presiones están los directivos de la Casa Italia en su idea de vender el inmueble, para que una firma inmobiliaria construya en dicho terreno del centro viñamarino un edificio de 22 pisos. Más aún luego que la Dirección de Obras no admitiera el permiso de edificación presentado por la inmobiliaria interesada en concretar el negocio y presentara observaciones que deberán ser resueltas en un plazo de dos meses.

Además, hace una semana la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la orden de no innovar que había solicitado la Inmobiliaria Casa de Italia S.A. a comienzos de mes y que buscaba frenar la declaratoria de Monumento Histórico, cuyo trámite administrativo está aún en el Ministerio de Educación.

El recurso de protección se ingresó contra el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) -ambas instituciones dependientes del Mineduc-, para frenar lo que la empresa considera un acto arbitrario e ilegal en cuanto al procedimiento que se lleva a cabo para la declaratoria de Monumento Histórico del tradicional inmueble viñamarino, argumentando que dichas instituciones han vulnerado, al menos, seis garantías constitucionales.

En la acción judicial pidieron al tribunal, a través de una orden de no innovar, que ordene paralizar la tramitación de dicha solicitud, mientras no se resuelvan dos recursos, de reposición y jerárquico, presentados tanto al CMN como al Ministerio de Educación.

Argumentos

Sus argumentos son que, pese a ser dueños del terreno, nunca fueron notificados de ninguna resolución referente al proceso de declaratoria de Monumento Histórico que se lleva a cabo el Consejo de Monumentos Nacionales desde el año pasado, tramitación que el 28 de diciembre pasado avanzó drásticamente a que el consejo decidiera aprobar la protección para el inmueble.

De hecho, de acuerdo a las últimas informaciones entregadas por el CMN -es necesario hacer presente que para esta nota se consultó al CMN, pero decidió no dar nueva información al respecto- al documento de la declaratoria sólo le faltaba la firma de la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Por esto, manifestaron que quieren ser escuchados por el Consejo de Monumentos Nacionales, principalmente porque, advierten, hay cosas que se han inventado: "Señala que la Casa Italia es una postal de Viña del Mar. Les pedimos que nos muestren una postal donde aparezca", dijo en una edición anterior Renzo Arata, director de la inmobiliaria y abogado de la causa, quien también prefirió no dar declaraciones en esta oportunidad.

Con todo, en enero de este año la inmobiliaria presentó una solicitud de permiso de obras a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, la cual, luego de cumplido el plazo, determinó no admitir el permiso y presentó observaciones a la inmobiliaria, las que deberán ser resueltas a la brevedad.

Sin correcciones

Desde el municipio de Viña del Mar, se informó, concretamente, que "el proyecto ingresado por la inmobiliaria presentaba observaciones normativas, motivo por el cual, y en cumplimiento con la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, la Dirección de Obras le notificó con un acta de observaciones, teniendo un plazo de 60 días para solucionarlas. En caso contrario, correspondería el rechazo de la solicitud de permiso".

Además, se aclaró que "a la fecha, la inmobiliaria aún no ha corregido dichas observaciones".

Al respecto, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Patrimonio, comentó: "Valoro el accionar de la municipalidad, que mediante su Dirección de Obras hizo los reparos correspondientes al proyecto por incumplimiento de las normas".

Lo mismo opinó el edil RN Rodrigo Kopaitic: "Es una señal positiva en favor de la conservación y protección de la Casa Italia, que reafirma a esta como un testimonio material de la presencia italiana en la zona y como un espacio con su propia historia e identidad desde el propio momento de su construcción".

No obstante, Millones agregó que "esta dilatación administrativa de nada sirve si la ministra de Educación no firma el decreto para que la declaratoria sea ingresada a Contraloría. Es decir, si finalmente la Casa Italia no se logra declarar patrimonio, la única responsable es la ministra de Educación que ha paralizado la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que oportunamente hizo la declaratoria".

Laura Giannici, concejala DC y descendiente de italianos, comentó al respecto que "yo en su minuto pedí perdón a los descendientes de italianos por lo que estaba pasando con la casona y hoy me alegro. Todo lo que sea para impedir el proyecto inmobiliario, yo, feliz".

es el valor acordado en el compromiso de compraventa firmado en septiembre de 2016 por la empresa. 228.360 UF

La presidenta titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Inés Letelier Ferrada, presentó ayer su renuncia al cargo, argumentando razones de salud.

De acuerdo a un comunicado enviado por la Corte de Apelaciones tras una consulta hecha por este Diario, el pleno de ministros, luego de recibir su renuncia, "resolvió poner en conocimiento de esta situación a la Corte Suprema".

La ministra, quien había iniciado su carrera en el Poder Judicial en Quillota y que desde 2002 ejercía en la Corte de Apelaciones porteña, había asumido apenas el pasado jueves 2 de marzo, hace 20 días, el cargo de presidenta del tribunal de alzada de Valparaíso, en sucesión del ministro saliente, Raúl Mera Muñoz.

Según señaló el Poder Judicial, "de acuerdo a la normativa vigente, asumió como presidente subrogante de la Corte de Valparaíso el ministro Julio Miranda Lillo".

Los vecinos de Nueva Aurora llamaron fuertemente a que las empresas de telefonía desistan de intentar instalar nuevas antenas en el barrio, debido a la gran cantidad de estas estructuras que ya están presentes no sólo en ese barrio viñamarino, sino que también en Agua Santa.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Monte, en Nueva Aurora, Miriam Flores, precisó que "estamos cansados de que las empresas insistan en instalar antenas acá, nosotros llamamos a que dejen de hacerlo. Hace pocos meses hicimos un catastro y había 27 postes con más de 300 antenas en total. Eso es demasiado, el lugar está más que saturado".

Además, comentó que "nos baja la plusvalía completamente... ¿Quién va a querer comprar una casa con una antena encima? Nadie. Y no sólo por eso, por la salud también. Sabemos que hace daño. Los celulares tienen muy buena cobertura, pero a nosotros nos complica. Ahora no sólo las disfrazan como palmeras, sino que también como chimenea".

El diputado Osvaldo Urrutia trabajó al lado de la comunidad y después de casi tres años de espera la Cámara de Diputados aprobó los proyectos de ley que modifican la Ley General de Urbanismo y Construcciones refundidos sobre instalación de soportes de antenas de telecomunicaciones, para mejorar la regulación existente en esta materia.

"Estos proyectos de ley tienen como principal objetivo perfeccionar el procedimiento de instalación de antenas vigente. Mejorar los aspectos que afectan directamente a las personas, a sus barrios y sus hogares. Asimismo, apuntan a otorgar una protección más amplia a los vecinos afectados, como asimismo, genera un desincentivo para la instalación de grandes soportes de antenas en zonas urbanas residenciales", dijo el diputado.

"El daño patrimonial que las personas sufren con la instalación de una antena en su barrio ha sido una las principales motivaciones para presentar estos proyectos de ley", advirtió.