Tras reunirse con el fiscal jefe de la Región de La Araucanía, Cristián Paredes, para analizar diversas problemáticas de esa región, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado, por el ataque incendiario que afectó a 17 camiones cerca de Temuco el domingo pasado. La autoridad de Gobierno, asimismo, informó que el Ejecutivo invocará la misma normativa contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a raíz de un reportaje emitido el año pasado por el programa "Informe Especial" de TVN. Consultado por radio Bío-Bío respecto de las críticas que apuntan a una falta de condenas por los actos ocurridos en el marco del conflicto en la región, el subsecretario dijo que "nosotros lo que hacemos es contribuir con la Fiscalía para que ellos puedan realizar las investigaciones adecuadas, pero no tenemos ninguna influencia en los procesos judiciales". Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía. Durante su viaje a la región, Aleuy también se reunió durante la tarde de ayer con la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía.

Tras una consulta electrónica entre sus bases, Revolución Democrática (RD) y el Movimiento Autonomista ratificaron ayer a la periodista Beatriz Sánchez como su precandidata presidencial, previo a la consulta ciudadana que realizará el Frente Amplio, el 28 de mayo. La votación que se cerró ayer, dio por ganadora a la profesional con el 97% de las preferencias en RD y con un 95% de los votos en el Movimiento Autonomista. Ambas colectividades esperan inscribir a Sánchez como su candidata el 12 de abril, para luego confirmar su postulación el 2 de mayo. "Le llevamos a Beatriz Sánchez este desafío, un desafío que para nosotros nos inspira, por supuesto nos compromete a cada día seguir trabajando (...) Acá se trata de que juntos podemos hacer cosas que solos no podemos hacer", dijo el diputado de RD Giorgio Jackson. "Esperamos que desde el Frente Amplio las otras precandidaturas también puedan comenzar a organizar ciertos espacios de discusión y debate", agregó.

Los rectores de las universidades no estatales del Consejo de Rectores, agrupadas en el llamado "G9", se reunieron ayer en el Congreso con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quienes les detallaron las indicaciones que ingresarán al proyecto que reforma la educación superior, que se ha visto estancado en su tramitación en el Parlamento.

Tras la cita, los rectores de los planteles privados manifestaron estar "esperanzados", respecto de los cambios que se le ingresará al proyecto, asegurando que el Mineduc acogió sus demandas, que serían incluidas en las indicaciones.

Así lo explicó tras el encuentro el presidente del G9, Claudio Elórtegui, quien según consignó Emol, afirmó que el Ejecutivo "acogió algunas de nuestras principales inquietudes que -por lo que se nos ha informado hoy día- estarían reflejadas en las indicaciones".

Uno de los principales aspectos de sus demandas que serían incluidos en la reforma, sería que se reconocería explícitamente a estos planteles su rol público, lo que dejaría atrás una de las principales críticas que ha tenido el proyecto por parte de los rectores del G9, que reclamaban por la diferencia que se hacía entre las universidades estatales y las privadas del Consejo de Rectores. "Así que esta reunión la tomamos como un retorno a la sensatez en educación superior", comentó Elórtegui.

Otro aspecto que preocupaba a los rectores de los planteles privados, era el proyecto de ley que había anunciado el Mineduc, dedicado a fortalecer a las universidades estatales en particular.

Sin embargo, según destacaron tras la reunión, los ministros les indicaron que se reconocerá el rol del Consejo de Rectores "como la red pública de educación superior en nuestro país", lo que implica que también se reconoce al G9, que es parte de esa entidad. "Se tratará de evitar la superposición de roles, en términos de no amenazar ni debilitar este rol del Consejo de Rectores", agregó.