El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció ayer que suprimió las dos sentencias con las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los congresistas, y con eso renunció a asumir las funciones del Parlamento.

Esta resolución fue comunicada después de que el Presidente de ese país, Nicolás Maduro, pidiera a la alta corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional y que incluso llegó a ser criticada por la fiscal general de la nación.

En un mensaje transmitido a la nación, el gobernante afirmó que se había tomado la decisión con el apoyo "unánime del poder ciudadano" y los restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación, que a su vez pidió en la madrugada de ayer al TSJ, que revisara sus decisiones sobre la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, el Tribunal Supremo venezolano informó ayer que "suprime" algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.

Suprimió también el contenido de la sentencia con la que había decidido limitar la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional, al considerar que ese privilegio es "incompatible" con el "desacato" en el que acusaron que persiste el Parlamento por mantener en sus escaños a tres diputados que fueron suspendidos por una investigación de fraude en sus elecciones.

La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Defensa de la Nación exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.

Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó como un "impasse" derivado de la posición del Ministerio Público (Fiscalía) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de "desacato" en la que este se encuentra.

Esto luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alertara que las decisiones del Supremo eran violatorias de la constitución y representaban una "ruptura del orden constitucional".

El Consejo de Defensa, en tanto, llegó a consenso pese a que un par de horas antes el viernes, el propio Maduro había respaldado la decisión del Supremo, garante del cumplimiento de la Constitución venezolana, y la canciller Delcy Rodríguez había previsto acudir a la sede judicial para expresar también el apoyo del Ejecutivo.

Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".