Crece la polémica al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename), luego de que la institución solicitara la destitución de cuatro funcionarios del Centro de Reparación Especializada de Atención Directa (Cread) de Playa Ancha por diversos maltratos que habría cometido en contra de los niños que se encuentran en el centro porteño.

Por lo mismo, el organismo encargado de velar por la seguridad de los menores decidió tomar la decisión luego del sumario aplicado debido a las faltas cometidas al interior del centro y que, además, derivó en multas a otros funcionarios.

En ese contexto, surgieron nuevos antecedentes que publicó ayer Cooperativa, los que están siendo investigados en el sumario así como por la Fiscalía, respecto a los maltratos que habrían sufrido los menores al interior del centro de reparación. En ese sentido, uno de las familias de los menores agredidos entregó detalles del trato que habría sufrido su sobrino, haciendo énfasis en lo denigrante del trato que tuvieron hacia él.

La mujer aseguró que el menor habría sido ahorcado por uno de los profesionales del Cread de Playa Ancha. "Lo tomaron del cuello, le dieron con un palo de escoba y lo dejaron sin respiración. Nadie merece esto, ni menos un niño", indicó la tía del menor.

Sumario en curso

Al respecto, el director (s) del Sename en Valparaíso, Rachid Alay, indicó que el sumario aún se mantiene en curso por lo que no sería preciso hablar de una destitución de la institución.

"Efectivamente, existe un sumario administrativo relativo a los hechos que se mencionan y éste se encuentra en curso. Por tanto, en esta etapa del sumario resulta impreciso hablar de destitución. Ahora, atendido el carácter de secreto que tienen estos procesos en esta etapa, no corresponde realizar ningún comentario al respecto", indicó el director (s) del Sename de Valparaíso.

No obstante ello, añadió que se siguen implementando medidas para evitar hechos que vayan contra los derechos de los menores.

"Seguimos actuando conforme a los principios institucionales de aplicar los procedimientos ante cualquier situación de vulneración de derechos. Nos ceñimos a la ley y respetamos el curso y reserva los procesos sumariales".

Claudio Ramírez

Aunque fue promulgada el 2016, sólo en febrero de este año entró en vigencia la ley que perfecciona el sistema de Defensa de la Libre Competencia, mediante el cual se fortalecen las sanciones a las infracciones de este tipo, se aumentan las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y se establecen condenas penales para el delito de colusión, entre otros alcances.

Una normativa que fue tramitada en medio de una serie de escándalos que sacudieron a la opinión pública. "Para impulsar una reforma sustantiva en un tema que es desconocido cuesta mucho, pero si aparece un gran caso eso no ayuda sólo a crear conciencia en la ciudadanía, sino que legitima muchas veces la reformas legales que se discuten en el Congreso", comentó el presidente del TDLC, Enrique Vergara, en una charla que dictó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Sin embargo, también advirtió que es malo sobrerreaccionar. "Hay que tener cuidado porque cuando se sobrelegisla en caliente, a raíz de los grandes casos, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Es cierto que hay casos que han ayudado a las últimas dos reformas, pero existe un temor fundado de que irán apareciendo más. Pero no porque esto pase significa que la institucionalidad o legislación es deficiente", dijo el exfiscal económico.

El personero realizó una defensa de la labor de la repartición que preside como un garante de un mercado que, sólo en la medida que sea eficaz, es beneficioso para la ciudadanía. "Se tiende a creer que teniendo una autoridad de libre competencia con muchas atribuciones se va a afectar el funcionamiento de la economía de mercado, pero es a la inversa. La economía de mercado necesita una autoridad que vele para que haya libre competencia, sino los beneficios del mercado disminuyen o simplemente no existen", enfatizó el profesional, quien también se refirió a los nuevos desafíos que tendrá el TDLC con la nueva ley.

Nuevas funciones

-El TDLC va a estar a cargo de la indemnización de perjuicios. ¿Cómo se están preparando para eso?

-Es una de las tareas más complejas y el Tribunal se está capacitando para asumir esa nueva función, esperamos contar con una asesoría no solamente en Chile sino que también del extranjero.

-Y si aparecen nuevos casos de colusión, ¿habrá que volver a legislar?

-Colusiones van a seguir existiendo siempre como homicidios, crímenes, robos. Las leyes no modifican las conductas de los seres humanos y por lo tanto uno no puede creer que no va a pasar nunca más lo que sucedió. Lo importante es que cuando pase se encuentre a los responsables y después de un juicio legalmente tramitado se condene y se indemnicen los perjuicios. Pero hay que tener ojo con tratar de resolver vía ley siempre lo que pasa con las personas. Ya están las leyes, ya están las instituciones, dejémoslas que funcionen.

-¿Considera que las modificaciones de 2016 van a ser las definitivas o va a proseguir el proceso de ajuste?

-No deberían haber muchos más ajustes, quizás la única tarea que queda pendiente es un tema más bien procesal porque hoy el tribunal está un poco pendiente de la reforma procesal civil. El procedimiento civil en Chile es el que necesita de forma urgente modernizarse, por lo tanto no sólo afecta a los tribunales civiles, sino que también a este tipo de tribunal que aplica esa norma. Yo creo que esa es la única materia que quedaría pendiente.

-¿Se evalúa establecer en regiones la representación del TDLC?

-Hace muchos años se firmó un convenio con el Sernac porque sus dependencias actuaban como oficina regional de la Fiscalía. Eso es precisamente para recibir denuncias contra la libre competencia en regiones.