Cristián Rodríguez F.

Apesar de estar aprobado ambientalmente desde hace más de un año, haber sorteado las acciones judiciales y administrativas que se le presentaron en su contra, y recibir el apoyo político de los últimos dos Gobiernos, el proyecto "Cardones- Polpaico" aún debe lidiar con una serie de obstáctulos para concretar su materialización.

A un par de meses de iniciar oficialmente su construcción, Interchile -la empresa a cargo de la iniciativa que consiste en la instalación de una carretera eléctrica de 750 kilómetros y 1700 torres de alta tensión, que atravesará cuatro regiones y veinte comunas del país, diez de ellas de la Región de Valparaíso- acudió a la justicia para solicitar la acción de la fuerza pública. ¿La razón? En distintos terrenos de la comuna de Limache se les ha prohibido su ingreso, pese a que la empresa se hizo dueña de los predios a través de concesiones eléctricas.

"(...) no fue posible realizar la diligencia de toma de posesión, por cuanto existió oposición (...) por lo que vengo a solicitar se sirva a autorizar el auxilio de la fuerza pública, con facultades de descerrajamiento, con el objeto de proceder a la toma de posesión que fuere autorizada por este tribunal", indican los documentos ingresados al Juzgado de Letras de la comuna limachina.

Según consta en a lo menos ocho denuncias que permanecen en el Tribunal, la compañía -filial de la empresa colombiana ISA- dio a conocer los distintos motivos que han dificultado su acceso a los terrenos donde se levantarán las torres de alta tensión, que tendrán entre 45 y 70 metros de altura.

"En dicho domicilio se constituyó don Cristóbal Vicente, administrador de la propiedad quien se opuso manifiestamente a la diligencia", reza una de las actas de toma de posesión". "(...) no es posible realizar (el ingreso) por cuanto en el acceso hay un portón de fierro, cerrado con cadenas y candados, y no hay moradores que atiendan mis reiterados llamados", indica otra de las causas.

La solicitud de la empresa fue realizada al Juzgado de Letras de Limache, el que, sin embargo, rechazó la petición a la espera de que los propietarios fueran notificados personalmente o por cédula de la acción, y que al mismo tiempo se oficiara a Carabineros para el uso de la fuerza pública.

De allí es que en su intento de avanzar en el cronograma, Interchile decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir la sentencia, lo que finalmente fue acogido por el Tribunal de Alzada. De esta forma, se autorizó el uso de la fuerza pública por un periodo de 60 días, en terrenos ubicados principalmente en el sector de Los Aromos y contiguos a la carretera eléctrica.

Consultados al respecto, desde la filial de ISA ratificaron que sólo han hecho ingreso a los predios una vez que cuenten con los derectos de concesión eléctrica que otorga el Estado, como es el caso.

"El ingreso con fuerza pública a un terreno es la última instancia a la que recurre la empresa luego de negociar con el propietario y recurrir al informe de una comisión tasadora, que corresponde a un tercer validador independiente que fija el precio del terreno, tal como lo fija la ley. Entonces, el proceso de ingreso a predios se ajusta íntegramente a lo que establece la Ley Eléctrica", indicaron desde la empresa.

"Es importante señalar que Interchile ha dedicado gran parte de su gestión a buscar acuerdos voluntarios con todos los propietarios de los terrenos por los que pasa la línea de transmisión, evitando hacer uso de esta facultad legal que le otorga la concesión eléctrica que le entrega el Estado", agregó la compañía.

De los ocho terrenos en cuestión, la mayoría pertenecen a parcelaciones y bienes comunes de privados o sociedades inmobiliarios.

Una de las propietarias de un predio, quien prefirió no entregar su nombre, conversó con este Diario y reconoció que han tratado de dilatar lo más posible el ingreso de maquinarias al sector.

"Nos enteramos a través de un diario que por nuestro terreno iban a pasar torres de alta tensión. Encontramos que es una burla, porque después se fija un precio, nos pagan ese dinero y se nos obliga a retirarnos", indica la expropietaria.

Si bien la mujer aseguró tener claro que la empresa ha actuado "bajo la ley", sostuvo que "hay acciones judiciales que se han interpuesto, por lo que esperamos su resultado para ver cómo actuamos".

"No es posible que aún habiendo procesos en tribunales se le permita a la empresa construir las megatorres. ¿Qué pasa si los obligan a parar? Puede que en ese momento mi parcela ya se encuentre intervenida. Por eso queremos esperar a cómo nos va", agregó la limachina.

"El ingreso con fuerza pública a un terreno es la última instancia a la que recurre la empresa luego de negociar con el propietario y recurrir al informe de una comisión tasadora"

Interchile"

"Nos enteramos a través de un diario que por nuestro terreno iban a pasar torres de alta tensión. Encontramos que es una burla"

Expropietaria"