En las últimas semanas la Municipalidad de Valparaíso ha debatido intensamente sobre su desequilibrio presupuestario a partir de una propuesta del ejecutivo municipal de reducir el gasto en 6.000 millones de pesos para el ejercicio del presente año. Indudablemente, la propuesta planteada reviste algunas características que ameritan su revisión más pormenorizada, tanto por su dimensión cuantitativa como por sus implicancias en la ejecución de políticas públicas por la casa consistorial.

Un ajuste presupuestario de 6.000 millones de pesos para el ejercicio de 2017, equivalente al 8,7% del presupuesto aprobado a fines del 2016, implica reconocer que dicho presupuesto contempla un nivel de gastos que no está debidamente financiado, de lo que se deduce que el gobierno municipal deberá aumentar su endeudamiento ya excesivamente alto de no implementarse el ajuste propuesto o incumplir diversos compromisos por la no disponibilidad de los recursos requeridos.

Un ajuste de 8,7% del presupuesto municipal anual puede ser bastante draconiano e impensado en un gobierno liderado por fuerzas políticas de izquierda y ciudadanas, asociadas en general a políticas fiscales expansivas y de poca responsabilidad en la administración de las finanzas públicas. La medida propuesta es todavía más impensada si se considera las normales presiones de los concejales en representación de grupos vecinales para desarrollar proyectos e iniciativas de distinta naturaleza, y los propios anuncios del alcalde que van en sentido contrario (por ejemplo, la contratación de los funcionarios de FEZA). Pero los argumentos esgrimidos por la SECPLA y la Administración Municipal al presentar el ajuste propuesto ante la Comisión de Finanzas de la Municipalidad fueron categóricos: el municipio debe adoptar medidas urgentes para enfrentar el desequilibrio presupuestario que lo afecta, las cuales incluyen decisiones inmediatas -el ajuste presupuestario- y de mediano y largo plazo, conducentes a aumentar los ingresos y a reducir los gastos.

Por otra parte, esta medida representa un punto de quiebre de las formas en que se construía el presupuesto, y en la forma que se planifica y construye la ciudad. Las administraciones anteriores elaboraban el presupuesto municipal a partir de los ingresos y gastos que se proyectaban para el año siguiente, pero que modificaban en el curso del año incluyendo gastos adicionales, independientemente de la disponibilidad de fondos. La diferencia del mayor gasto con los ingresos presupuestados se abordaba mediante el no pago y postergación de los compromisos suscritos.

Por esta vía, se generó un déficit presupuestario acumulado de 17.400 millones de pesos, monto que se incrementó en 4.200 millones de pesos en 2016 por efecto del déficit de ese año.

El ajuste presupuesto apunta a evitar que el déficit continúe creciendo, procurándose que los gastos se realicen según la disponibilidad de fondos y que parte del presupuesto se destine al pago de la deuda. El primer desafío es evitar que el menor gasto afecte los servicios destinados a la comunidad. El segundo, en comprender el origen de este desequilibrio y definir políticas para su corrección.

En parte, esta deuda se origina en la celebración de contratos que desangran al municipio. Ilustra lo dicho la contratación de un parque de vehículos y su mantención por $350 millones mensuales, acumulándose por este concepto una deuda de $7.000 millones. Esto equivale a comprar 36 camiones recolectores de basura o 420 camionetas al año. Ha de tenerse en cuenta que la deuda acumulada de 7.000 millones representa 20 meses de servicios no pagados, lo que permite suponer que el proveedor financia su operación solo porque ha obtenido previamente un margen de utilidad extraordinaria exponencial.

Asimismo, el origen de esta deuda se explica en la precaria capacidad del Municipio de generar ingresos, dado la escasa disposición para fiscalizar las externalidades negativas, aplicación de normas regulatorias de efecto superfluo, y sobre todo, la externalización de activos que podrían generar importantes recursos a las arcas municipales. Un ejemplo es el ingreso percibido por estacionamiento de superficie, que en un número importante de los estacionamientos existentes en la ciudad asciende a 2.650 pesos al año, en tanto su renta potencial asciende a 6.336.000 pesos.

El trasfondo de esta precaria capacidad municipal radica en la incomprensión, de parte de las anteriores administraciones, del papel del Estado en el proceso de desarrollo, aun tratándose del ámbito local, que ha llevado al municipio a renunciar a su función reguladora y fiscalizadora de las actividades económicas, y a externalizar funciones bajo el supuesto que los agentes privados prestarán un servicio menos oneroso y más eficiente.

De esta manera, por ejemplo, la renuncia a la función reguladora y fiscalizadora condujo a que los costos asociados a la extracción de basura fueran absorbidos principalmente por la municipalidad, subsidiándose a los grandes productores de la misma; en la práctica esto implica que los ingresos recaudados por ese concepto representan una baja porción del costo de mantener limpia la ciudad y que la externalidad negativa que generan unos cuantos sea absorbida por toda la comunidad, ya sea porque nos resignamos a vivir en una ciudad sucia, o bien, porque el municipio debe asignar recursos a actividades de aseo y limpieza.

Las fallas regulatorias observables en la gestión municipal se tradujeron, asimismo, en que la contratación de servicios de diversa naturaleza ha estado lejos del propósito de contar con suministros menos onerosos y eficientes, siendo la contratación de las luces navideñas en diciembre del 2016 un ejemplo emblemático de lo acá sostenido: el municipio carecía de una institucionalidad adecuada que permitiera la elaboración de bases de licitación protegidas de la acción de los grupos de interés, y todavía menos, que garantizara absoluta prescindencia en la adjudicación de los contratos.

En definitiva, más allá del ajuste presupuestario propuesto para el presente año, el verdadero desafío que debe enfrentar la administración de Sharp consiste en lograr un ajuste estructural del presupuesto en el mediano y largo plazo. En caso contrario, el ajuste presupuestario que hoy se discute en el edificio consistorial no dejará de ser una raya dibujada en el mar de Valparaíso.

Patricio Rozas Balbontín

Sociólogo, exdirector de Secpla de la

Municipalidad de Valparaíso