Luego que el Gobierno ingresara al Parlamento la indicación sustitutiva al proyecto de reforma a la educación superior, tanto los rectores de la universidades, como los estudiantes agrupados en la Confech habían planteado públicamente sus reparos y sus puntos en concordancia, pero ayer los expusieron formalmente ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, instancia en la que además estuvo presente la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

El primero en exponer fue el vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, quien destacó que el Consejo de Rectores "valora la creación de la Subsecretaría de Educación Superior", aunque agregó que "para el CRUCh es relevante reponer una de las funciones de la Subsecretaría, a saber, el diálogo con los gobiernos regionales y locales", de modo que se consideren esas realidades.

Corregir desigualdades

Asimismo, destacó que "un punto relevante para este Consejo lo constituyen las universidades regionales, en referencia de las cuales se insiste en incorporar un cambio sustantivo en los indicadores de asignación de recursos institucionales, de manera de corregir las desventajas que el sistema perpetúa al respecto".

Por otra parte el rector de la UV advirtió que "la prohibición al lucro debe ser efectiva y traducirse, al menos, en la tipificación de conductas de carácter penal y de acción penal pública. En este sentido, todas las consideraciones de situaciones particulares establecidas en el artículo 75 deben ser revisadas, ya que esta fórmula no resulta idónea para que la amenaza penal o la aplicación de la sanción penal cumpla efectivamente alguno de sus fines", y a modo de ejemplo, Valle señaló que dichas penas se asemejan a las de hurto, de 61 a 540 días de presidio que en la práctica podrían traducirse en una multa de 100 mil pesos.

Coincidiendo con lo planteado por el mundo estudiantil, el vicepresidente ejecutivo del CRUCh subrayó además que "el proyecto debe consagrar la eliminación del CAE (Crédito con Aval del Estado) en su actual formato. Es necesario buscar mecanismos de financiamiento estudiantil alternativos y que aquel que sustituya al CAE no origine un régimen paralelo de financiamiento público sin las regulaciones asociadas a la gratuidad".

"Por qué no desarrollar un nuevo sistema de acceso a partir del Sistema Único de Admisión del CRUCH, con las modificaciones y adaptaciones que correspondan"

Claudio Elórtegui, Presidente del G9"

Aduciendo problemas financieros, la Sociedad Educacional "San Anfeli", que administra un colegio de Quilpué bajo el mismo nombre, decidió cerrar el establecimiento a partir de ayer.

A través de una circular emitida el viernes pasado, la administración aseguró que la decisión se debía a la imposibilidad de pagar los sueldos correspondientes a abril. Como argumento, sostuvieron que el problema económico se generó tras la disminución de la matrícula y la incorporación al régimen de gratuidad.

"El pago de la gratuidad que se nos ofreció se efectuaría una vez iniciado el trámite de ingreso a la misma ley. Sin embargo, a la fecha no se ha cancelado ningún aporte de gratuidad con el siguiente perjuicio a las finanzas del establecimiento", indicó la sociedad.

Descarta problemas

Al respecto, el seremi de Educación, Alejandro Tapia, comentó que "en modo alguno esto está vinculado con la gratuidad, sino que tiene que ver con los problemas típicos de gestión que tiene un colegio pequeño como este".

Tapia explicó que "cuando uno opta a la gratuidad no sólo tiene que decirlo, sino que también cumplir con una serie de requisitos", agregando que "en este minuto se encuentra lista la resolución para comenzar a pagar la gratuidad".

Por lo mismo, para la tarde de ayer se tenía previsto una reunión entre el director provincial de Educación, José Jiménez, y la sostenedora del colegio, a objeto de que el establecimiento vuelva a abrir sus puertas este miércoles.

En tanto, el superintendente regional de Educación, Pablo Mecklenburg, comentó que de mantenerse el cierre el establecimiento "puede terminar con la revocación de su reconocimiento oficial".

"Es en verdad una cuestión más o menos inédita", reconoció el ministro vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, al referirse a la renuncia de la jueza Inés María Letelier a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, apenas 20 días después de asumir el cargo en marzo de este año.

Desde entonces, el tribunal de alzada porteña está bajo la presidencia subrogante del ministro Julio Miranda Lillo.

El ministro vocero de la Suprema confirmó que el pleno del máximo tribunal del país analizó el informe de la ministra visitadora del tribunal porteño, María Eugenia Sandoval, quien fue designada para conocer los hechos.

"El pleno decidió mantener que la presidencia de las cortes duran un año, lo que no es una cuestión voluntaria, sino que necesariamente es una carga pública y por lo tanto quien asume la presidencia tiene que estar en la presidencia hasta fin de año", expuso Juica al comentar la decisión.

Agregó que el pleno también "recomendó a la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) que tienen que mejorarse estas diferencias que se han producido".

Juica explicó que en el informe de la ministra visitadora queda de manifiesto que uno de los argumentos de la renuncia de la ministra Letelier fue que "no tenía buenas relaciones con sus colegas y no podía seguir manejando el pleno".

Añadió que "en el informe nos manifiesta (la ministra Sandoval) que existen realmente algunos elementos de poca convivencia que hacen que no haya una buena relación entre la ministra presidenta y algunos de los colegas de la Corte".

Este tipo de discrepancias y problemas internos, expuso el ministro vocero, no deberían darse, porque "debiera haber siempre una buena disposición tanto del presidente de la Corte respecto de sus ministros y por cuanto es en verdad una cuestión más o menos inédita"

Pese a ello, la Corte Suprema descartó adoptar medidas disciplinarias extraordinarias. "No se creyó necesario disponer de medidas más o menos fuertes y le está dando la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sus ministros y presidenta, que mejoren la convivencia", expuso Juica.

Según trascendió a principios de abril, poco después de que la ministra Letelier presentara su renuncia, algunas de sus decisiones durante su corto periodo como presidenta de la corte porteña habrían sido objeto de cuestionamientos de sus propios pares y reclamos de funcionarios.

A ello se suma que un notario con asiento en Viña del Mar, interpuso el año pasado una queja formal, cuando la jueza Letelier actuaba en calidad de ministra visitadora en dicha oficina, lo que derivó en una investigación que terminó sin sanciones para ella.

"El pleno decidió mantener que la presidencia de las cortes duran un año, lo que no es una cuestión voluntaria, sino que necesariamente es una carga pública"

Milton Juica, Ministro vocero de la C. Suprema"