De un tiempo a esta parte, cuando los expertos, la prensa y la ciudadanía no consiguen ponerse de acuerdo -o, en otras ocasiones, sencillamente no saben dar a entender algo- utilizan (utilizamos) ciertas muletillas que terminan instalándose casi como nombre propio del fenómeno en cuestión. Hace algunas semanas pasó con la amorfa y, a todas luces, indefinida "seguidilla de temblores", sin que nunca quedara claro si los mismos eran anuncios, réplicas u otra cosa. Coincidentemente, y en otro ámbito muchísimo más sensible, las autoridades regionales no han conseguido explicar ni hacerse cargo de la seguidilla de balaceras -que en algunos casos tienen marcadas características de ajusticiamientos-, como tampoco de calibrar la efectiva gravedad de lo que está pasando.

No es ningún insulto ni impertinencia aseverar que la Gobernación Provincial no ha tenido una actitud clara en torno al manejo de la inseguridad en las calles, como tampoco resulta arrojado hablar de una creciente ola de sucesos que, hace bastante tiempo, vienen convirtiendo al Puerto en una zona de cuidado. No por nada, las páginas oficiales de los gobiernos de Canadá, Francia, Alemania y Suiza advirtieron en diciembre a sus conciudadanos que Valparaíso es una de las ciudades donde los turistas pueden estar expuestos a hechos delictuales y/o cogoteos.

A los crespones negros, que de tanto en tanto, adornan el comercio del plan porteño, las huelgas de microbuses y paros de camioneros en protesta por los ataques y robos a sus choferes, se suman la balacera de la avenida La Marina de Viña del Mar, los sucesivos asesinatos de Olmué (dos) y Valparaíso (plaza Aníbal Pinto, Avenida Argentina, Avenida Condell y Avenida Errázuriz), y otros eventos, sobre los cuales las policías han visto detalles en común, deslizando la posibilidad de que estos últimos correspondan a rivalidades entre bandas vinculadas al tráfico de drogas y eventuales homicidios por encargo, con características de sicariato.

¿En serio vamos a discutir si quince disparos efectuados desde un vehículo a otro -a un deportivo amarillo, para más señas-, que dieron muerte a una persona e hirieron a otra, da o no da para hablar de balacera, como afirma el gobernador?

Nadie quiere y a nadie le conviene que hechos como éstos sigan ocurriendo. Por lo mismo, comienzan a levantarse ciertas voces responsables -como las del subsecretario Omar Jara, el diputado Urrutia y el senador Chahuán, exigiendo un fiscal dedicado- en sintonía con aquella amarga certeza de que la delincuencia ha comenzado a ganarnos el partido.

Hablar de los vínculos entre uno y otro crimen, preguntarse si las autoridades regionales han tenido un accionar más reactivo que preventivo, dispararle al mensajero, o comenzar a apuntar con el dedo a quienes no estarían haciendo su trabajo, ya no es lo medular de este asunto. Sí lo es el que, objetivamente, la delincuencia se esté tomando las calles, se balee gente al menos una vez por semana, los robos y lanzazos se multipliquen y no exista solución alguna al respecto.

El resto, como bien escribió Verlaine en su Arte Poética, es lisa y llana literatura.

No mucho más que eso.

Hay personas a quienes les acomoda la vida en blanco y negro. Sin matices. Con esa doctrina ordenan sus vidas y juzgan el comportamiento de todos los demás. Con frecuencia, quienes piensan así, terminan viendo con amargura como la mayoría se aleja cada vez mas de su posición de extremo, pues siempre son muy pocos los que pueden caber en el estrecho callejón de su propia y única visión de las cosas. Cualquier desviación es una claudicación, cualquier matiz es traición.

Afortunadamente la vida y la política no son así.

Lo cierto es que se puede, por ejemplo, creer en el emprendimiento y, sin embargo, repudiar la colusión y el abuso de las grandes empresas. Se puede tener fe en la educación pública y al mismo tiempo valorar la libertad de educación. Se puede disfrutar de una copa de vino y condenar sin ambigüedades a quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Se puede, en fin, querer estar con otros a la vez que valorar la propia identidad.

Es esto último lo que está intentando hacer la Democracia Cristiana. Defender la identidad no tiene nada que ver con el camino propio, es más bien todo lo contrario. La identidad es lo que nos define, los rasgos que nos caracterizan y nos permiten diferenciarnos, es decir, es lo que somos. De ello sigue que, una relación verdadera con otros solo puede darse entre quienes reconocen y aceptan la identidad de cada uno.

La Democracia Cristiana ha fundado y participado con convicción en la alianza política más fructífera y exitosa de la historia política de Chile, esta alianza permitió una transición pacífica de dictadura a democracia. Estos gobiernos de centro izquierda contribuyeron a un cambio sideral en lo económico y social, pero también en lo cultural, a tal punto que hoy Chile es otro, muy distinto al país pobre, herido y totalitario de fines de los ochenta.

Parte importante del éxito de estos gobiernos estuvo marcado por el reconocimiento de la diversidad de los partidos políticos que les daban sustento, esto los obligaba a pactar, a buscar consensos y a establecer un marco mínimo de acuerdos en los temas esenciales. Ahora que Chile cambió y que esos partidos políticos antes tan exitosos pasan por una crisis tan profunda que pone en juego su propia existencia, es imprescindible revisitar las bases de esa alianza y convenir de verdad que podemos ofrecer al país hoy.

Chile cambió, pero tiene todavía fuertes problemas, agudas dificultades políticas, que tienden a separarnos y dividirnos, injusticias e inequidades fuertes que afectan nuestra propia valoración como nación y nos impiden avanzar hacia un desarrollo pleno y compartido. Por ello, los partidos de centro izquierda tenemos el deber de revisar nuestras conductas, nuestros programas y las formas en que nos relacionamos. Esto es un deber, una obligación política y moral que no podemos eludir si queremos seguir incidiendo en el futuro de Chile.

Al llevar una candidata presidencial de nuestras filas el PDC reafirma sus ideas y principios, pero también invita a sus socios de la centroizquierda a volver a recuperar el sentido generoso de comunidad y patriotismo que tuvimos al principio y que nos granjeó de paso el aprecio popular. Esa es nuestra identidad común, aquella que no podemos perder.

Gustavo Paulsen

Presidente Regional del Partido Demócrata Cristiano

"Si alguien tiene dudas respecto a un contrato puede revisarlo en la página web del municipio con toda libertad, porque esa información es pública". Esto declaró el concejal Jaime Varas a propósito del reportaje de la Casa del Deporte de Viña del Mar realizado por El Mercurio de Valparaíso. Los dichos del edil suponen algo preocupante: que el mero cumplimiento de la ley es suficiente para legitimar la acción gubernamental. En nuestros tiempos, la autoridad enfrenta un desafío mayor en materia de legitimidad: el involucrar más a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Esta demanda es mundial. En 2011 se formó en Naciones Unidas la Alianza para el Gobierno Abierto con el objetivo de promover políticas de transparencia y participación entre los países. En la materia, Chile en la última década ha tenido avances cualitativos entre los cuales destaca la promulgación en el 2008 de la Ley de Transparencia. Este hito, por un lado, consolidó la obligación por parte de todo órgano público de publicar de manera permanente y actualizada información sobre su gestión (contratos, remuneraciones, auditorias, etc) y, por otro lado, estipuló el derecho de acceso a la información pública por parte de todo ciudadano. Lo primero se conoce como Transparencia Activa y lo segundo como Transparencia Pasiva.

El concejal objeta las dudas sobre la Casa del Deporte aludiendo precisamente al cumplimiento de esta obligación legal. No obstante, ¿son suficientes los mecanismos de la Ley de Transparencia para legitimar una política pública? En este caso, ¿es suficiente la publicación de los contratos para no generar sospechas sobre el funcionamiento de la Casa del Deporte?

Un camino para dilucidar esta interrogante es mirar las dos caras de la interacción municipio-ciudadano. Este ejercicio fue realizado por la Fundación P!ensa y el Instituto Chileno de Estudios Municipales en diciembre pasado. En específico, se contrastó el nivel de cumplimiento por parte de los municipios de la Ley de Transparencia y de la Ley de Participación Ciudadana con la percepción de las personas relativo a la gestión municipal.

Los resultados fueron llamativos. Se identificó que el cumplir la Transparencia Activa coexiste con una percepción de baja disponibilidad de información y, asimismo, que el cumplimiento de los mecanismos de participación no condicen con una ciudadanía más participativa. Esta paradoja resalta más aún en Viña del Mar. Si bien en Transparencia Activa el municipio está sobre la media nacional y regional, el 92% de los viñamarinos dice no tener información suficiente para evaluar a la autoridad comunal. Además, a pesar de que la municipalidad cumpla con los mecanismos de participación en mayor medida que el resto del país y la región, un 82% de la población no sabe dónde expresar su preocupación y sólo el 11% ha realizado alguna vez un reclamo.

Esta brecha entre el cumplimiento de la ley y la percepción ciudadana plantea la pregunta en torno a qué aspecto está fallando. Una alternativa está en el desconocimiento por parte de las personas de las herramientas que entrega la ley. Otra radica en que estos mecanismos son ineficaces en el propósito de disuadir la corrupción y crear confianza. Independiente de cual sea, el concejal Varas y el resto de las autoridades locales y regionales no pueden quedarse sólo en cumplir la ley, sino que deben demostrar creíblemente que los recursos de todos se utilizan de la manera más eficiente y equitativa posible. Esto es sin dudas el mejor antídoto contra la desconfianza.

Jaime Lindh Allen

Coordinador de Estudios Fundación P!ensa