Chile carece de una legislación específica en salud mental que regule, entre otros aspectos, los derechos y deberes de las personas afectadas por enfermedades o trastornos de ese tipo.

Estos son tratados en varios cuerpos jurídicos independientes, como la Ley Nº20.584, que regula las acciones vinculadas a su atención de salud; la Ley N°20.422, que define la igualdad de oportunidades e inclusión social de esos pacientes, y la Ley N°18.600 sobre discapacidad mental.

En ese contexto, la aprobación en general que hizo la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados -en enero pasado- del proyecto de ley que busca agrupar y consagrar en una sola normativa los derechos de los ciudadanos a la atención y protección de su integridad psíquica fue saludada con entusiasmo por algunos especialistas y organizaciones vinculadas al tema.

La iniciativa también apunta a prohibir la realización de procedimientos médicos invasivos e irreversibles sin el consentimiento del afectado y, de paso, exigir la actuación de las cortes de apelaciones para autorizar y supervisar las internaciones involuntarias.

Las proposiciones señaladas cobran mayor valor si se tiene en cuenta que, según la última Encuesta Nacional de Salud, el 20% de los chilenos presenta síntomas depresivos que alteran su capacidad funcional y que más de la mitad de las enfermedades profesionales diagnosticadas en nuestro país está relacionada con males mentales, como advierte el Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, que revela que esos trastornos alcanzan el 53% del total.

Por todo lo anterior, no se puede desconocer que el proyecto que apunta a dotar al país de una ley de salud mental que aborde esta realidad de manera integral, representa un aporte significativo.

Sin embargo, para el psiquiatra Álvaro Cavieres Fernández, especialista del Hospital del Salvador y director e investigador del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la iniciativa legal que tramita el Congreso presenta una serie de particularidades que deberían ser observadas y, a su juicio, enmendadas.

Ambigüedad

Para el doctor Cavieres, uno de los aspectos más complejos del proyecto que hasta ahora se conoce es la relativa ambigüedad con que se utilizan algunos términos, como "enfermedad mental", "discapacidad psíquica" o "capacidad de consentimiento".

"La mayoría de las personas que padecen una enfermedad mental no sufre de discapacidad ni tiene dificultades para consentir, por lo que esos términos no deberían ser empleados como sinónimos. Es llamativo, además, la aparente exclusión de trastornos neurológicos como las demencias, que sí pueden presentar esas características", argumenta el médico.

Al psiquiatra de la UV también le llama la atención la insistencia en que ciertos procedimientos como la esterilización, la cirugía cerebral y la hospitalización no puedan realizarse sin el consentimiento del paciente y no se aborden otras situaciones más contingentes.

"Dados los avances de la terapéutica y las posibilidades de intervención en la comunidad, sería interesante que esta ley aborde, además, la pertinencia del tratamiento ambulatorio involuntario, las declaraciones de voluntad anticipadas a las crisis o las internaciones en hogares". Es cierto que no se puede incluir todo en ella, pero debería incorporar incentivos para la inclusión laboral efectiva", acota Álvaro Cavieres.

Personas con derechos

El académico y especialista observa otro riesgo en la iniciativa legal, que para él surge del ejercicio de establecer una distinción para las personas con enfermedades mentales o discapacidad psíquica respecto del resto de la población.

En su parecer, al intentar definir el concepto de "enfermedad mental" el proyecto genera nuevos problemas, lo mismo que al proponer el origen psíquico de las discapacidades. En comparación, la Convención de la ONU solo refiere a personas con discapacidad, sin hacer distinciones respecto al origen o tipo de deficiencias que pueda sufrir un individuo.

"Una deficiencia es un estado que alguien puede padecer en mayor o menor grado, y por distintos períodos de tiempo, pero no modifica su condición de persona dotada de derechos. Esto último se consigna en el primer artículo de la iniciativa, pero luego ésta no deja suficientemente claro que las discapacidades surgen debido a las barreras sociales, que impiden el ejercicio de los derechos. Entonces, el verdadero problema, no son las características de las personas sino las insuficiencias de la comunidad", sentencia el especialista.

Personas con derechos

Un tercer punto controvertido del proyecto de ley es el modo en que éste aborda, en forma efectiva, las dimensiones del derecho a la salud y el respeto a la autonomía de las personas.

Según el médico y académico de la Escuela de Medicina de la UV, para gozar de autonomía no basta con una ley que la garantice, sino que hay que tener la capacidad para hacer uso de ella.

"La atención de salud debe considerar el mayor grado posible de autodeterminación de los pacientes. Muchas veces se afirma que las personas con trastornos mentales no tienen la competencia necesaria para decidir sobre sus tratamientos, por lo que, al negarse a recibirlos, se exponen a mayores riesgos. Al respecto, la ley en trámite intenta generar una situación en que se suspende transitoriamente la autonomía del paciente para decidir respecto de su salud, pero con resguardos, incluyendo la posibilidad de recurrir a la justicia", afirma el doctor Cavieres.

Para la Organización de Naciones Unidas, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

http://www.who.int

Los desafíos pendientes y

las complejidades que plantea

la futura Ley de Salud Mental

Diploma

El Diploma en Salud Mental que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso es un postítulo que actualiza conocimientos en los ámbitos biológico, psicológico, social y comunitario. Está enmarcado en los lineamientos definidos en las políticas públicas en ese ámbito, con respeto a los derechos y dignidad de las personas.

http://www.uv.cl/postgrado/?id=245

vida y salud

en la web

Doctor Álvaro Cavieres F.

Director Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso.