Valeria Barahona

El desfalco a Carabineros ya involucra 74 personas, quienes habrían malversado más de $ 21 mil millones, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público. Debido a esto, durante una ceremonia en Concepción, el jefe de la Dirección Nacional de Personal, director general Julio Pineda, dijo que "hay que dar vuelta la página".

"Ya hemos experimentado lo suficiente el sinsabor de la traición y es hora de comenzar a despertar de esta pesadilla. Es menester dar vuelta la página despercudiéndose de todos los daños que la amoralidad e inmoralidad de unos pocos que alguna vez pertenecieron a las filas de las carabinas cruzadas nos produjeron con tanto desdén y menosprecio", afirmó el alto mando en presencia del general director de la institución, Bruno Villalobos.

"hecho lamentable"

La Fiscalía permanece investigando cuál fue el destino del dinero desviado por personal de Carabineros hacia cuentas personales, que en la actualidad asciende a $ 21 mil millones, pero no se descarta la variación al alza de ese monto.

En el seguimiento al dinero, el organismo persecutor revisó las cajas de seguridad que tenían los imputados Héctor Nail Bravo y Francisco Estrada Castro en el banco BCI, junto a la inspección de una parcela del ex general Flavio Echeverría, donde no se encontraron dineros ni documentos.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, se refirió a la operación en radio Cooperativa, diciendo que "es un hecho lamentable que los antecedentes dan cuentan de una trazabilidad que ha perdurado por más de 10 años".

"El tiempo de la investigación da cuenta de 2006 a 2017, el guarismo da cuenta de 11 años respecto de los cuales parecía una práctica delictual que se está realizando y efectivamente tenemos que identificar a las personas", añadió el abogado.

El número de imputados ascendió a 74, luego de la formalización de 12 personas el lunes. Entre ellas figuran ocho funcionarios en retiro y cuatro civiles, quienes permanecen en prisión preventiva, medida solicitada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En la formalización, el fiscal Campos detalló que la asociación ilícita adulteró las bases de datos de la institución con tal de efectuar transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a las arcas personales de funcionarios activos y en retiro, así como de familiares de los mismos, y civiles".

Se espera que en las próximas semanas la Fiscalía solicite nuevas audiencias de formalización.

El hombre que disparó al interior del casino Monticello, en San Francisco de Mostazal, Región de O'Higgins, padece una ludopatía no diagnosticada y durante la última semana "vivió" en el recinto, donde perdió $ 15 millones en apuestas, explicó su defensa.

Provisto de un pasamontañas, Stiven Mi Abuamsha, de origen palestino, durante la madrugada del martes prendió fuego a una de las alfombras del sector VIP, para desviar la atención mientras sacaba fichas pertenecientes a otros jugadores.

El hombre después tomó una de las dos armas que llevaba para realizar disparos al aire, momento en que intervinieron los guardias.

El jefe del personal de seguridad recibió un disparo en el abdomen, hecho que lo mantiene grave internado en la Clínica Integral de Rancagua fuera de riesgo vital.

El detenido fue formalizado en el Tribunal de Graneros, donde se amplió la detención por las próximas 48 horas para recabar más antecedentes de cómo ocurrieron los hechos y cuál fue su motivación.

"No es una persona que está en sus cabales. Había perdido aproximadamente 15 millones de pesos en menos de una semana, lo que lo descontroló absolutamente", dijo su abogado, Eduardo Navia.

Hijos y familiares de exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos difundieron un video titulado #Perdónparalapaz, donde aparecen el sacerdote Fernando Montes y el activista social Benito Baranda hablando sobre la capacidad de perdonar. Sin embargo, ambas personas negaron su participación consensuada en la cinta.

"Nadie me consultó", dijo a radio ADN el padre Fernando Montes. "Anoche me enteré de que estaba este video, donde tomaron cosas que no tengo idea dónde las dije", afirmó el religioso destacado por su defensa de los derechos de los reos.

Benito Baranda, presidente de América Solidaria Internacional, relató que el "31 de agosto de 2016 me invitaron a ser parte de una campaña llamada Chile es Uno, que buscaba 'generar conciencia para lograr beneficios para los presos mayores de 75 años que están en las cárceles de Chile con enfermedades terminales, para que puedan ir a terminar sus vidas a sus hogares con sus familias".

"Mi respuesta frente a eso fue que participaría en la medida que el mensaje estuviera concentrado en las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales, que hayan cumplido un largo período de condena en cárceles y que en su condición de desahuciado pudiera morir junto a su familia. Sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos nada me fue mencionado sobre que este video se refería a ellos", señaló el exdirector del Hogar de Cristo.

"Pese a mi respuesta veo que aparezco impulsando un llamado a perdonar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. No apoyo esta campaña y me siento engañado y usada mi imagen para fines que no comparto", agregó Baranda mediante un comunicado.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, se refirió al proyecto para legislar el aborto en tres causales, es decir, si el embarazo reviste peligro para la vida de la mujer, es producto de una violación o el feto es inviable. Sobre este último punto, la secretaria de Estado afirmó que sólo 17 médicos del sistema público están facultados para diagnosticar que un feto no alcanzará su pleno desarrollo.

"Contamos en el país con 57 ginecobstetras expertos en medicina materno fetal. De ellos, 17 están en el sector público y hay tres más en formación", dijo Carmen Castillo.

Para gestionar el desempeño de estos profesionales, en caso de ser aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, la ministra dijo que "existe un trabajo en red integrada de servicios de salud y, en ese contexto, tenemos seis macrozonas. Estas seis zonas cubrirían la atención y la capacidad de respuesta de cada una de las eventualidades, especialmente que tienen que ver con la segunda causal".

"El sistema público tendrá que hacer convenios con el sistema privado de manera tal de solventar las necesidades de estos pacientes, hasta que las condiciones de salud del país permitan hacer esto íntegramente dentro del sistema público", opinó en radio Cooperativa el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazal.

Esto "debe ser una meta para el futuro cercano", agregó el dirigente gremial. "En cualquier acápite de la medicina en Chile si un paciente en un lugar distante esta grave tenemos que derivarlo", recordó Nazal.

La objeción de conciencia del personal médico es otro de los grandes temas del proyecto, ante lo que el facultativo señaló que "no deben ser colectivas ni de instituciones y me parece que la excepción debería hacerse y dejarse planteada en la causal número uno, porque cuando la causal es un riesgo de la vida de la madre y éste es inminente, yo creo que la objeción de conciencia del profesional no cabe. En las otras dos causales sí cabe".