El director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, reconoció ayer que el corte de servicio que afecta a 36 mil clientes en diversas regiones, a causa del temporal del viernes pasado, no tiene un plazo de solución efectivo. Según el ejecutivo, las cuadrillas dispuestas por las empresas distribuidoras no dan abasto para los trabajos de reposición.

"La cantidad de focos es tan grande, que todas las cuadrillas de todas las compañías no dan abasto para poder llegar al mismo tiempo a todas ellas", dijo Castillo.

El representante de las eléctricas explicó que el evento climático registró vientos de velocidades y comportamientos "muy atípicos".

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, lamentó los cortes de energía y manifestó que "asumimos el compromiso de seguir trabajando sin tregua y en permanente coordinación con la autoridad para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes. Y comprometemos también nuestra mejor disposición para asumir las compensaciones que pudieran corresponder atendiendo caso a caso".

Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año pasado.

Así se desprende del Informe Estadístico anual de este servicio, que registró 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en 2016, lo que equivale a un incremento de 6,9% frente a 2015.

Del total, 1.002 fueron emitidos por los bancos (29,77% del total), 453 por las empresas de transferencia de dinero (13,46%) y 383 por los casinos de juego (11,38%).

En promedio, la UAF recibió 13 ROS por cada día hábil del 2016. En tanto, 346 ROS fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones (10,28%), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15%), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94%), 168 por las casas de cambio (4,99%) y 109 por los notarios (3,24%).

Las instituciones públicas, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 58 ROS en 2016.

Según los antecedentes del reporte de la UAF, las regiones que concentran un mayor número de entidades reportantes privadas son la Metropolitana, con 40,9% del total de sujetos obligados, seguida de las regiones de Tarapacá (30,6%), Valparaíso (7,1%), Magallanes y de la Antártica Chilena (6,7%) y del Biobío (2,7%).

A nivel comunal, 204 de las 345 comunas del país -equivalente al 59,1% del total-, tienen al menos una entidad reportante privada inscrita en la UAF. Tres comunas concentran más del 50% de las instituciones registradas: Iquique (30,0%), Las Condes (12,3%) y Santiago (9,7%).

La UAF no puede iniciar investigaciones de oficio, por lo que para realizar inteligencia financiera necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio, le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Cómo opera la uaf

Sólo si tras analizarlos se detectan indicios de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, la UAF envía confidencialmente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público. En 2016, detectó indicios de operaciones sospechosas en 367 ROS. La información fue enviada al Ministerio Público a través de 61 Informes de Inteligencia Financiera.