Paola Passig
La primera semana de julio debiera llegar a la Sala del Senado el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Esa es la meta que se ha propuesto la Comisión de Constitución de la Corporación, que ayer tuvo una jornada maratónica, pero que, así y todo, no logró despachar la iniciativa. ¿La razón? Hay fuertes diferencias respecto a la objeción de conciencia, una excepción jurídica que permite, por razones morales superiores, no actuar conforme a la ley.
El senador Pedro Araya, integrante de la instancia, entrega su visión al respecto.
- ¿Por qué la objeción de conciencia sigue siendo el principal punto de disenso en la comisión?
- Lo que pasa es que el Ejecutivo plantea que sólo sea el médico que realiza el procedimiento; otros no quieren que haya objeción de conciencia; hay quienes plantean que debe ser institucional y yo creo que debe ser todo el equipo médico que realiza el procedimiento.
- ¿El Gobierno está negociando con usted ya que representa también la postura del PDC en esta instancia legislativa?
- Lo que pasa es que yo integro el comité de senadores decés, pero como independiente. Entonces, este tema lo hemos conversado en la bancada, pero yo siempre he planteado que la objeción de conciencia debe incluir a todo el equipo que realiza el procedimiento y no sólo al médico. Es una decisión muy personal donde entra en conflicto una norma jurídica con una creencia moral. Además, sabiendo que en Chile la objeción de conciencia está muy muy acotada.
- ¿Su propuesta es una solución intermedia que podría permitir generar consensos en torno a este tema?
- Mi impresión es que éste es un camino que permite resolver el problema porque deja afuera a todo el equipo médico que participa como arsenalera, anestesista, enfermera. Ahora, aquí hay un problema, porque nuestra legislación en Chile, el código sanitario, no tiene una normativa respecto a qué se entiende por equipo médico. No hay instructivos de los servicios de salud que establezcan "mire, por equipo médico se entiende tal o cual cosa". Se aplica caso a caso de acuerdo a la cirugía a realizar y al tipo de hospital que es. Entonces, aquí hay un vacío legal porque no se ha definido legalmente. Y por lo menos, lo que le hemos dicho al Ejecutivo, que para tratar de resolver el problema es que se entienda por personal médico aquel que interviene directamente en la operación dentro del pabellón.
- El académico Agustín Squella en una carta al diario El Mercurio señala que existe mucha preocupación por la objeción de conciencia del personal médico, pero que con esto no se está respetando la conciencia de la mujer que se encuentra dentro de estas tres causales para la interrupción del embarazo.
- Es que aquí no se le quita la libertad de conciencia a la mujer. Por el contrario, el espíritu del proyecto es que pueda elegir, encontrándose dentro de estas tres causales, si lleva o no adelante ese embarazo. Por eso lo que hace el proyecto es consagrar el derecho de la mujer. Ahora esto, enfrentado a la objeción de conciencia estamos frente a un tema que para algunos profesionales médicos puede generarles conflictos por condiciones morales, ya sean de tipo filosóficas, religiosas o de otro tipo. También hay que darle la salida a ese médico que no quiere practicar la interrupción del embarazo. No se le puede forzar. Pero cuando hay riesgo de la vida de la madre, ahí hay otros componentes.
- El proyecto viene de la Comisión de Salud. ¿En Constitución hubo que hacerle muchos ajustes legales?
- Es que nuestro trabajo apunta a precisar una serie de conceptos que jurídicamente significan cosas distintas y que podrían conducir a errores en la interpretación. Hay que corregir la normativa para que sea acorde con el resto de la legislación civil, penal y constitucional. Por ejemplo, el proyecto hablaba de personas declaradas en demencia, lo que no existe en Chile, sino que lo que existe es la interdicción por demencia.
- En medio de la polémica que genera esta iniciativa, ¿es o no un buen proyecto?
- Creo que algunos han intentado caricaturizar el debate. Hay declaraciones que son irrisorias. En Constitución hemos hecho un debate sólido y este es un proyecto que viene a reconocer un derecho de la mujer para interrumpir el embarazo en circunstancias específicas y con las limitaciones que la propia ley establece. Aquí no estamos hablando de la antesala al aborto libre. Estamos dentro de los países que tienen uno de los sistemas más restrictivos. Entonces, este proyecto nos pone al día con lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
- La Moneda quieren sacar adelante los proyectos emblemáticos antes de que se elija nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), esto es antes el 29 de agosto, por temor a que no le sea favorable.
- No se puede estar juzgando la votación de un proyecto respecto de quién va a presidir el TC. Este organismo tiene una suerte de control respecto de los proyectos de ley; entonces, tratar de jugar con la aprobación de un proyecto dependiendo del nuevo presidente es un profundo error que atenta contra el buen trabajo legislativo y contra la institucionalidad que tenemos como país.
"Han intentado caricaturizar el debate. Hay declaraciones que son irrisorias. En Constitución hemos hecho un debate sólido; aquí no estamos hablando de la antesala al aborto libre. Tenemos uno de los sistemas más restrictivos y este proyecto nos pone al día""