El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a la cúpula militar que adecúe las Fuerzas Armadas a las circunstancias que vive actualmente el país para alcanzar "la paz". "De inmediato, comencemos a adecuar las fuerzas de orden público que necesita la patria para que haya paz, paz con vida, y no caiga más nadie en el conflicto violento que ha declarado la oposición", afirmó.

"Venezuela quiere paz y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene que ser su garantía", afirmó el líder chavista, que reiteró la "prohibición" de armas de fuego para responder a las manifestaciones contra su Gobierno que sacuden al país caribeño desde el pasado 1 de abril.

Maduro se expresó de esta forma un día después de la muerte de un joven de 22 años por varios perdigones disparados a quemarropa por un militar desde el interior de la base aérea de La Carlota, en Caracas.

Los miembros de las FF.AA. implicados en los incidentes han sido detenidos y la fiscalía está investigando lo ocurrido. La oposición venezolana ha responsabilizado directamente de las muertes a Maduro, quien poco antes de la manifestación del jueves había asegurado ante la prensa extranjera que los militares sólo utilizaban gas lacrimógeno y agua a presión para controlar las marchas.

Expertos de la ONU consideran que América Latina debe apostar por enviar a los acusados de delitos menores a pequeñas prisiones en régimen de semilibertad, para propiciar su reinserción y bajar el hacinamiento en las cárceles de la región.

Según los especialistas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), América Latina es la región con más alta proporción de población penal, después de EE.UU., principalmente debido al narcotráfico, la violencia y la demora judicial para dictar sentencia. Eso hace que las cárceles latinoamericanas estén sobrepobladas y que convivan presos por delitos graves, otros por delitos menores, y muchos que no han sido condenados.

Por eso los expertos recomiendan invertir en pequeños centros de reclusión, donde convivan unos 20 ó 30 privados de libertad por delitos menores. "Que sea lo más parecido a una casa", dijo Lucio Cáceres, experto en infraestructura regional de Unops.