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Controversia enfrenta a diputada y Salud por datos de metales pesados en bahía de Quintero

REGIÓN. Mientras Andrea Molina acusa peligros en el consumo de pescados y mariscos desde 2014, en la autoridad sanitaria llaman a la calma, al indicar que los registros están por debajo de los límites establecidos por la normativa.
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Francisco Meneses V.

Existe controversia en la región por la información acerca de los niveles de concentración de metales pesados en los pescados y mariscos extraídos en la bahía de Quintero. De acuerdo a lo señalado por la diputada Andrea Molina (UDI), la situación se agrava por la falta de información actualizada al respecto, puesto que el último estudio sobre la materia data del período 2014-2015, al cual tuvo acceso la organización Dunas de Ritoque vía Ley de Transparencia.

En base a esos datos, los productos que se extraen desde las caletas del sector poseen índices elevados de arsénico y cadmio, superando los valores de referencia establecidos a nivel nacional e internacional como aptos para el consumo humano.

"Considerando que los resultados del Plan de Vigilancia de Metales en Productos del Mar Puchuncaví - Quintero datan de estudios realizados el año 2014 y 2015 es que podríamos inferir que nos omitieron información que, como ente fiscalizador, deben entregarme", señaló la diputada Molina.

Incertidumbre

La parlamentaria UDI indicó además que el primer estudio realizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) sobre el tema era de carácter preliminar, por lo que "no se nos informó respecto al informe que manejamos hoy y que corrobora altas concentraciones de arsénico y cadmio en mariscos y peces de la bahía".

En ese sentido, Molina cree que la autoridad de salud ha ocultado información desde 2014 hasta la fecha, sumándose a las voces surgidas desde la organización Dunas de Ritoque. Por esta razón, la legisladora enviará un oficio al Ministerio de Salud para conocer la fecha exacta en la que se emitió el último estudio sobre la concentración de metales pesados en la bahía de Quintero.

"Nos preocupa enormemente que tanto mariscos, como pescados estén contaminados desde el año 2014. La pregunta es, ¿quién responde por todas aquellas personas que podrían haberse visto afectadas estos años por consumir alimentos con arsénico y cadmio? Exigimos que las autoridades de salud expliquen esta situación", finalizó Molina.

No existe riesgo

En tanto, desde la Seremi de Salud se hace un llamado a la calma a la población. Los antecedentes que se manejan indican que la concentración de metales pesados en pescados y mariscos extraídos desde Quintero y Puchuncaví, se encuentran dentro de los niveles permitidos por la autoridad sanitaria.

En ese sentido, se informa que se contempla dentro del programa nacional de vigilancia de metales en alimentos, el monitoreo particular del sector de Quintero y Puchuncaví.

"En paralelo, se está ejecutando un estudio licitado con el objetivo de determinar el nivel de consumo de alimentos, dentro de los que se incluyen productos del mar, con el objetivo de determinar la exposición de la población de esta zona y, en caso que se requiera, tomar las acciones necesarias como podrían ser recomendaciones de consumo hacia los consumidores y medidas de mitigación ambiental en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y otros sectores potencialmente involucrados", señalaron desde la cartera que dirige María Graciela Astudillo.

Impacto del pras

En el Gobierno Regional, mientras tanto, apelan a la aplicación del Programa de Recuperación Ambiental para Quintero y Puchuncaví (PRAS) como la clave para la superación de los problemas ambientales en la zona. Las fuentes gubernamentales consultadas respecto del emplazamiento hecho por la diputada Andrea Molina, coinciden con la Seremi de Salud en afirmar que no existe peligro de contaminación por arsénico y cadmio, por el consumo de pescados y mariscos de la bahía de Quintero.

"El PRAS (...) considera a los ciudadanos y ciudadanas en la elaboración del programa y tiene un impacto muy relevante", dijo en una ceremonia el intendente regional Gabriel Aldoney. Por su parte, la seremi de Medio Ambiente Tania Bertoglio ahondó en una de las medidas del PRAS: la recuperación de áreas de manejo por el cultivo de algas. "Como se comprobó que esto resultaba, la Subsecretaría de Pesca destinó fondos especiales para inyectar nuevamente a estas caletas y diversifiquen su oficio", declaró la autoridad medioambiental.

"La pregunta es ¿quién responde por todas aquellas personas que podrían haberse visto afectadas estos años por consumir alimentos con arsénico y cadmio?"

Andrea Molina, Diputada UDI"

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"Se está ejecutando un estudio con el objetivo de determinar el nivel de consumo de alimentos (...) se incluyen productos del mar con el objetivo de determinar la exposición de la población"

Seremi de Salud, Nota de prensa"

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Denuncia confirma estudios anteriores

Para Roberto Monardes, asesor de las Caletas Unidas y presidente de la Agrupación V Norte de Pescadores, la denuncia formulada por la parlamentaria Andrea Molina, lo retrotrae a monitoreos que los pescadores de la bahía de Quintero han encargado con anterioridad, arrojando resultados similares al expuesto. "En 2011 se hizo un estudio que solicitamos a la Subsecretaría de Pesca, que daba cuenta de la alta concentración de metales pesados en los recursos nuestros, que están en el área de manejo de Horcón, Ventanas, Embarcadero y El Manzano", dijo el dirigente.

Municipalidad rechaza denuncia de edil presentada ante la Contraloría regional

ZAPALLAR. En declaración pública, la administración liderada por Gustavo Alessandri afirma cumplir con la ley en cuanto a contrataciones y sueldos.
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La Municipalidad de Zapallar salió al paso de la denuncia presentada por la concejala Claudia Vargas ante la Contraloría Regional de Valparaíso el pasado jueves. En el oficio elevado por la edil, se solicita al órgano contralor investigar presuntas dobles contrataciones dentro de la dotación de funcionarios municipales.

Vargas también solicitó aclarar el pago de supuestos sueldos millonarios en el municipio del balneario, como en el caso de un salvavidas que habría recibido cerca de cinco millones de pesos.

En una declaración pública, la casa edilicia señala que el número de funcionarios de la planta municipal no ha variado desde la asunción del alcalde Gustavo Alessandri, correspondiendo "a igual cifra recibida desde el gobierno municipal anterior". En ese sentido, señalan que se ha cumplido a cabalidad con la nueva normativa legal que modifica y equipara la planta municipal en todas las comunas del país.

Contrataciones

Respecto de las denuncias de dobles contrataciones, el municipio indica que se cumple con la ley en lo referido a contrataciones y remuneraciones. En el caso del personal contratado a honorarios, "ha existido un alza marginal -dice el comunicado- lo que corresponde sólo a personal a honorarios que desarrollan labores en programas comunitarios, enfocados a entregar beneficios a los habitantes de nuestra comuna".

Al referirse a la denuncia de la concejala Claudia Vargas sobre un millonario pago a un salvavidas de la comuna, la Municipalidad de Zapallar señala que "la cifra mencionada no corresponda a la realidad, toda vez que dicho monto sólo obedece a un error en el ingreso de los datos, pero no así al monto cancelado por dicho servicio", siendo éste cercano a los 400 mil pesos.

Por último, el municipio manifiesta "su más irrestricto apego al cumplimiento de los mayores estándares de transparencia y probidad", lo que se plasmó en un convenio con la Contraloría Regional.

"La Municipalidad de Zapallar pone de manifiesto su más irrestricto apego al cumplimiento de los mayores estándares de transparencia"

Declaración pública, Municipalidad de Zapallar"