Alexis Paredes R.

Dos representantes de los alumnos de la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso deberán enfrentar un juicio oral por injurias con publicidad, por el cual se exponen a penas que pueden alcanzar los 540 días de presidio menor en su grado máximo, luego que un exprofesor de dicha casa de estudios se querelló en su contra tras ser acusado públicamente y a través de las redes sociales de ser un agresor sexual.

Tras no prosperar un acuerdo reparatorio entre los litigantes, en el Tribunal de Garantía de Valparaíso se realizó ayer la audiencia de preparación de juicio oral simplificado, donde la parte querellante y la defensa fijaron las pruebas documentales y testimoniales que se analizarán en el juicio fijado para el próximo 24 de agosto.

El litigio tiene su origen en la denuncia que realizó, en septiembre de 2014, una estudiante de tercer año de dicha carrera en contra del profesor José Antonio Ávila por un supuesto acoso sexual. El hecho se habría registrado tras una invitación que le realizó a la joven el, en ese entonces, titular de la cátedra de Metodología, para lo cual se juntaron en un restaurante.

La denuncia derivó en un largo sumario administrativo en contra del docente, cuya fiscal en primera instancia propuso su destitución, sin embargo la instancia superior, la Junta Directiva de la facultad, resolvió suspender al académico por 3 meses y el goce del 70% de su sueldo. En abril del año pasado, cuando el académico debía retornar a sus funciones, la comunidad estudiantil inició una dura movilización en rechazo a la medida, solicitando la inmediata salida de Antonio Ávila, quien finalmente fue destituido. La resolución, en base al estatuto administrativo, fue por faltas a la probidad, al haber incurrido en una conducta que no correspondía en relación a la labor que desempeñaba, pero no se establece ningún hecho de connotación sexual.

"Terminado el sumario administrativo y en la última instancia, que es el Consejo Directivo de la universidad, se determinó que no existía responsabilidad respecto de mi representado, porque no se acreditaron los hechos, sin perjuicio de una flagrante falta del debido proceso durante la tramitación del sumario administrativo", explica el abogado querellante, Gustavo Muñoz, sobre el desenlace de una serie de imputaciones que derivaron en esta querella.

El defensor insiste que "la sanción fue por falta a la probidad, pero no por el hecho de un acoso sexual, sino que porque no debería haber habido una conducta del profesor hacia la alumna, en este caso de haberle hecho una invitación a tomar un café. No es la situación que se ha comentado dentro del expediente administrativo de una situación de acoso o abuso propiamente tal, como termina diciendo la acusadora".

Aunque originalmente la querella por injurias y calumnias iba dirigida en contra de profesores de la universidad y representantes en su momento del centro de alumnos del año 2016, por decisión del tribunal confirmada por la Corte, "se determinó que habían dado explicaciones suficientes de su actuar a través de una misiva que enviaron masivamente a todos los profesores y estudiantes de la universidad", afirmó el defensor Muñoz sobre los efectos del libelo.

El abogado sostiene que los dos estudiantes querellados "no han mantenido ninguna conducta en la cual ellos determinen que efectivamente están arrepentidos de la situación hecha, sino muy por el contrario, insisten en la situación de que mi representado es un agresor sexual de doña Leslie Toledo, que era la denunciante, pese a que el sumario administrativo que determinó la universidad, declaró que no había responsabilidad de mi defendido en este caso de acoso sexual. La querella es motivada porque se le acusó a mi cliente de agresor sexual frente a toda la universidad y los profesores".

Para el abogado, pese a que nunca hubo elementos probatorios para considerar a su defendido como un "agresor sexual", las imputaciones sufridas "le han generado graves problemas laborales. Académicamente hablando, esta situación a él lo mata, y mientras siga dando vueltas, su situación es muy precaria. Existe un correo masivo que se mandó con la declaración del centro de alumnos a toda la universidad, la publicidad se enmarca por las redes sociales, por los afiches colocados a través de la universidad, por las protestas que se hicieron y que fueron replicadas por distintos medios, esa es la publicidad que se está acusando, ya que carecía de cualquier respaldo".

La abogada de la Defensoría Popular, Betsabé Carrasco, quien representa a los estudiantes Daniela Martínez y Aldo Chipoco, afirmó que ambos "eran representantes de la carrera de Sociología. Se querellan contra estos dos estudiantes porque hay un comunicado donde se denuncia esta situación irregular de la no destitución del profesor, en que se firma como centro de estudiantes. El profesor asume que esa publicación fue hecha derechamente por mis defendidos, participación que negamos".

La defensora reconoce que enfrentar este proceso penal ha sido muy fuerte para los jóvenes. "Ha sido bastante duro, son estudiantes que tienen 22 y 23 años, y nunca imaginaron que, siendo parte de una movilización estudiantil, iban a estar en tribunales, siendo criminalizados básicamente por denunciar una cuestión que una misma compañera había denunciado. En este caso, el profesor se debería haber querellado contra toda la carrera de Sociología y contra toda la universidad, que estuvo en paro durante mucho tiempo, movilización que al final logró que al profesor lo destituyeran".

La profesional recalca que la investigación sumaria determina que "existió una conducta constitutiva de acoso sexual respecto de la alumna. Obviamente el profesor realiza su apelación y la última resolución de la Junta Directiva, que es un organismo que igual está cuestionado dentro de la universidad, determina que existen conductas indebidas, razón por la cual lo suspenden de sus funciones".

Los jóvenes también se exponen a una multa de 11 a 20 UTM y, de ser condenados, su certificado de antecedentes registrará esta pena.

"Académicamente hablando, esta situación a él lo mata, y mientras siga dando vueltas, su situación es muy precaria"

Gustavo Muñoz, Abogado querellante"

"Nunca imaginaron que iban a estar en tribunales siendo criminalizados por denunciar lo que una misma compañera había denunciado"

Betsabé Carrasco, Defensora"