Equipo crónica

Implementar el diseño e identificar, clasificar y levantar el mapa de los actores sociales de la comunidad son algunas de las misiones específicas que asumió la empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, que fue elegida por el municipio de Viña del Mar para asesorar el proceso de participación ciudadana, que es clave en la elaboración del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC).

La idea es que "los vecinos expresen sus anhelos y visiones sobre Viña del Mar, socializando y difundiendo la naturaleza y alcances del nuevo plan regulador, de manera de facilitar la búsqueda del consensos en la comunidad, tan relevante para un instrumento de planificación territorial", enfatizó la alcaldesa, Virginia Reginato.

El punto es significativo para el municipio, luego de las reiteradas controversias que ha vivido la Ciudad Jardín frente a su desarrollo urbano, muchas de ellas con largos litigios en torno a proyectos inmobiliarios, como el hotel que construye la firma Corp en el borde costero, frente a 15 Norte, o el nuevo centro comercial de 14 Norte.

A través de un comunicado, el municipio viñamarino precisó ayer que "este proceso de Participación Ciudadana de la Evaluación Ambiental Estratégica buscará también facilitar la interacción o diálogo entre los actores sociales, detectar de forma temprana los conflictos percibidos por la ciudadanía en relación al crecimiento y sus instrumentos de planificación, como inmuebles patrimoniales".

Este último punto, en directa alusión al conflicto que enfrentó a las autoridades con los accionistas de la Casa de Italia por el nombramiento del histórico inmueble como Monumento Nacional.

Avanza plan regulador

La asesoría que realizará la empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada tendrá una duración de 504 días, con una inversión de $ 53.150.000. Dicho trabajo se suma al estudio de base económico para la elaboración del Plan Regulador Comunal (PRC), adjudicado en marzo, y al avance de la actualización del diagnóstico comunal en temas como riesgo sísmico, tsunami, inundaciones e incendios.

Según expuso esta semana el director de la Secretaría de Planificación Comunal, Tomás Ochoa, la participación ciudadana durará entre 8 meses y un año. "No queremos solamente cumplir con la ley, que sólo dice que tengo que poner los planos en una sala de la municipalidad y que la gente opine. Nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer participación de verdad".

Sobre los desafíos del PRC, Ochoa mencionó que "uno es el borde costero, pero también yo creo que nosotros nos vamos a sorprender con el Censo, vamos a descubrir que tenemos mucha más población de la que pensamos que tenemos y eso viene creciendo".

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en contra del colegio Sagrados Corazones (SS.CC.) de Viña del Mar, establecimiento que denegó la renovación de matrícula de un alumno con anotaciones negativas.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Jorge Lagos- acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar arbitrario del establecimiento al no renovar la matrícula al adolescente.

"Las conductas atribuidas al alumno -descritas en el considerando cuarto- conforme al Manual de Convivencia se encuadran en su mayoría en la categoría de leves y, cuando más, como considerables. En este orden de ideas, es necesario tener presente, además, que el fundamento de la no renovación de matrícula expresado en la carta de fecha 2 de diciembre de 2016 se circunscribe a la existencia de 26 anotaciones negativas, sin que se mencione la calificación de las mismas a efectos de encuadrarlas en el supuesto que habilita al colegio para adoptar la medida referida, esto es reiteración de una conducta calificada como muy grave", sostiene el fallo.

Por lo tanto, concluye: "Se acoge la acción constitucional de protección interpuesta, disponiéndose que se deja sin efecto la medida de no renovación de matrícula del menor".

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), junto a la concejala Adriana Marinetti, recorrió la quebrada Las Petras, en Concón, para fiscalizar el estado actual del cauce, denunciando el miedo y amenaza que sienten los vecinos por el futuro de sus viviendas.

En el lugar, el parlamentario responsabilizó la labor del Ministerio de Obras Públicas sosteniendo que "el ministro Undurraga tiene sobre su escritorio el decreto de Emergencia para disponer de los recursos que se requieren para financiar las obras de ingeniería de encausar la quebrada y evitar que esta se siga profundizando". En este sentido, aseguró que este es un proceso que lleva más de diez años y en el último tiempo se ha ido agravando. "Los vecinos se sienten amenazados, no pueden dormir con tranquilidad, estamos en pleno invierno y las obras no avanzan".

Por lo anterior, Urrutia solicitó al ministro firmar el Decreto de Emergencia que significaría la entrega de fondos por parte del Estado, exponiendo que por la actual situación del sector "esta es una obra de emergencia, pues hay peligro de vida humana, que actúe con la misma premura que reaccionó cuando el borde costero se destruyó producto de las marejadas en algunos sectores. De una vez por toda traigamos la tranquilidad a Concón".

Por su parte, la concejala Marinetti denunció el problema producto de la altura de los árboles en peligro de caer, raíces que nacen de la quebrada. En sus dichos explicó que la Dirección de Obras Hidráulicas debe autorizar a la municipalidad los trabajos de tala.

"El ministro tiene en su escritorio el decreto de Emergencia para disponer los recursos"

Osvaldo Urrutia, Diputado UDI"