Gonzalo Maturana H.

Diversas opiniones generó la aprobación del Proyecto de Educación Superior en la Cámara de Diputados, que tiene como uno de sus puntos fuertes el aumento de la gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables desde 2018, lo que, según cálculos preliminares del seremi de Educación de Valparaíso, Alejandro Tapia, permitiría que se sumen unos seis mil alumnos a los cerca de 30 mil que actualmente son beneficiarios del sistema de gratuidad en la región.

La discusión pasó ahora al Senado, que se encargará de evaluar un proyecto que para el Ejecutivo es clave dentro de la agenda de reformas que planteó hace poco menos de años.

El rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, quien destacó que "es una reforma necesaria, urgente e imprescindible para que Chile se encamine a tener un sistema de educación superior que pueda responder a las necesidades del país, tanto en el ámbito de la formación profesional, pero también en el desarrollo de los postgrados, investigación, ciencia y cultura".

Sin embargo, el también vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso, advirtió que la reforma presenta algunos puntos que deben ser mejorados.

"Tiene todavía algunos desequilibrios, a nuestro juicio graves, porque concentra potestades en el gobierno del momento. Más allá del signo ideológico o político que pueda tener el poder ejecutivo, no es conveniente que la determinación de vacantes, la fijación de los aranceles y que el sistema de admisión quede en manos del Ministerio de Educación o la Subsecretaría de Educación", alertó el académico.

Respecto a estos desequilibrios, Valle adelantó que "tenemos un conjunto de observaciones y queremos convertirlas en propuestas que puedan presentarse en el Senado como indicaciones para que se incorporen estas rectificaciones a un proyecto que, en general, nosotros creemos que es conveniente e imprescindible, pero que debe fortalecer más la decisión pública y no una gubernamental. No se puede confundir decisión pública con decisión de gobierno".

Además, se mostró esperanzado en que el 60% aprobado por los diputados crezca con el tiempo en unos deciles, aunque el rector de la UV sostuvo que "todos entendemos que estas soluciones no se pueden imponer de un día para otro porque hay unas limitaciones fiscales, pero creo que debemos disponernos no a contener, paralizar y mucho menos disminuir los deciles que van a ser beneficiados con la gratuidad, sino pensar cómo logramos que otras familias y estudiantes igualmente necesitados puedan acceder a gratuidad en educación superior".

Una idea similar fue la que tuvo el rector de la Universidad Federico Santa María (USM), Darcy Fuenzalida, quien aseguró que siempre han estado de acuerdo con la gratuidad, pero esperando que el gobierno considere otras necesidades del país.

Sobre la futura discusión en el Senado, el presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), apuntó que "sería muy grave que tanto el Gobierno como el Parlamento insistan en plantear un trato discriminatorio al interior del Consejo de Rectores, donde se privilegie a las universidades estatales por sobre las universidades públicas no estatales, que requieren y merecen un trato equivalente por su valiosa contribución al país".

Y agregó que "el Cruch ha planteado desde el comienzo que esto es un punto de partida esencial que esperamos sea parte de la discusión, pues todas nuestras instituciones cumplen una función pública e histórica que debe ser respaldada y reconocida por ley, como parte de un sistema de educación público y mixto. No puede ser de otra forma, todas contribuyen y seguirán contribuyendo al crecimiento del país. Es necesario que el proyecto sea corregido, cautelando la autonomía universitaria, en aspectos esenciales que aseguren un desarrollo universitario equilibrado".

En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, observó la reforma como una opinión más crítica, aunque dijo apoyar gran parte de los objetivos a los que apunta.

Sobre la gratuidad y el aumento al 60%, Elórtegui expresó que "va en la dirección correcta, pero soy crítico de esta gratuidad universal a la cual el proyecto tiende, aunque sea en el largo plazo. El proyecto establece ciertos criterios que están asociados a la recaudación tributaria, de tal forma que al aumentarla como porcentaje del producto, se va avanzando en gratuidad y me parece que no corresponde comprometer ingresos futuros del crecimiento económico".

"En una sociedad democrática, tienen que ser los representantes de la soberanía popular, Presidente de la República, parlamentarios de cada momento los que determinan cuáles son los usos de los recursos y, en este país, creo que por mucho tiempo todavía, tenemos otras necesidades y problemas no resueltos que deben ser prioritarios en relación a la gratuidad para los sectores de ingresos medios altos y altos", complementó, esperando que el Senado pueda "corregir los problemas que tiene el proyecto para avanzar a un sistema de educación superior con más calidad, equidad, que sea funcional para los requerimientos del desarrollo del país y que contribuya a una sociedad con menos desigualdades".

Tras conocer el resultado de la votación en la Cámara, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) no tardó en presentar su molestia.

"Es importante aclarar que no nos estamos oponiendo a la gratuidad o a la beca gratuidad. Nos parece bien que se financie a un 60% de los estudiantes más vulnerables, pero no puede ser que mediante este recurso haya estudiantes que estén recibiendo una mala educación en universidades privadas, universidades que están en crisis, universidades con rol empresarial y menos con fondos públicos. Nosotros apuntamos a una gratuidad universal y eso es lo que esperábamos durante todo este tiempo de diálogo con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Hacienda", contó la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCV (FEPUCV), Camila Lucero.

"El Ministerio de Hacienda no se abrió a discutir con nosotros y otras nuevas fórmulas para llegar a la gratuidad, es más, nos cerró la puerta, ni siquiera nos recibió. Y con el Ministerio de Educación, tuvimos muchas instancias, pero estas no dieron frutos, y sin duda nos parece un despropósito, y se lo dijimos ayer a la ministra (Adriana Delpiano) cuando nos manifestamos en la tribuna, que la eliminación del CAE dependa de una sustitución que se va a presentar recién en noviembre, en plena época electoral", acusó.

"No es conveniente que la determinación de vacantes, la fijación de los aranceles y que el sistema de admisión quede en manos del Ministerio o la Subsecretaría de Educación"

Aldo Valle Rector de la UV"

"Nos parece bien que se financie a un 60% de los estudiantes vulnerables, pero no puede ser que (...) haya estudiantes que estén recibiendo una mala educación en universidades privadas en crisis"

Camila Lucero Presidenta FEPUCV"

6 mil estudiantes se sumarían a los 30 mil beneficiados por la gratuidad en la región, según el Seremi de Educación, si se aprueba el Proyecto de Educación Superior.

60% de los estudiantes más vulnerables del país serían beneficiados con la Reforma a la Educación Superior que busca el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

11 de marzo es la fecha tope que se puso el senador Ignacio Walker, quien es presidente de la Comisión de Educación y Cultura, para que la ley de educación superior esté lista.