Alexis Paredes R.
El Segundo Juzgado Militar de Santiago condenó a 3 años de presidio por el delito de fraude al Fisco a cuatro exoficiales de Carabineros de dotación de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, entre ellos el jefe de dicha repartición en la época, producto del pago de viáticos derivados de comisiones de servicio no realizadas o inexistentes y una serie de irregularidades contables detectadas en el marco de la investigación, en la que incluso estuvo declarado reo el exjefe de la V Zona, general Jaime Giacomozzi.
Las condenas por parte de la justicia militar se conocieron a diez años de iniciada la causa penal, que desencadenó una intervención al más alto nivel en la V Zona de la policía uniformada. El caso que afectó al alto mando de Carabineros de Valparaíso estalló a principios de 2007, tras una denuncia que implicó la realización de un sumario administrativo al interior de la repartición, que puso en conocimiento del Tribunal Militar la existencia de diversas anomalías administrativas en las que incurrió personal de la Unidad de Contabilidad y Finanzas de la Prefectura de Valparaíso.
En la sentencia dictada por el juez militar, general de brigada Óscar Rojas, se condenó al coronel (r) y exprefecto de Valparaíso, Miguel Ángel Llévenes Rebolledo (58 años); al exjefe de la Unidad Contable de la Prefectura de Valparaíso, mayor (r) de Intendencia Bernardo Inzunza Bustamante (47), y a los extenientes (I) Jaime Barra Velásquez (37) y Asher Gruen Risopatrón (36) a una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio e inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público, como autores del delito de fraude al Fisco.
A todos los condenados se les concedió el beneficio de la pena sustitutiva de remisión condicional, quedando sujetos a vigilancia de la autoridad administrativa respectiva por los 3 años de la condena. Como parte querellante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa apelar a la sentencia por considerar que, para este caso, la tipificación penal corresponde a malversación de caudales públicos, cuya pena parte en los 5 años de presidio.
"No estamos de acuerdo con la calificación jurídica que hace el Tribunal Militar de Santiago, en cuanto a que los hechos constituyen fraude al Fisco, sino que, tal como se realizó y mantuvo durante la investigación, los hechos constituyen, a nuestro juicio, malversación de caudales públicos, lo que conlleva una pena más alta, que parte en 5 años y un día, por lo que lo más seguro es que el CDE apele", aseveró Javier Rojas Mery, abogado de la entidad.
Los peritajes contables por parte de detectives del Lacrim de la PDI, además de la toma de declaración a los implicados y una extensa nómina de funcionarios policiales, dieron cuenta de la existencia de una práctica sistemática para obtener beneficios fraudulentos de viáticos, en lo que ha sido considerado como un precedente de la investigación que actualmente lleva el Ministerio Público en el caso conocido como "Fraude en Carabineros", donde los montos superan los $ 25 mil millones a la fecha.
En el caso investigado en Valparaíso, los recursos fiscales comprometidos superarían los $30 millones de la época; sin embargo, en el caso de los condenados sólo se pudo establecer un perjuicio fiscal de $ 8 millones, de los cuales deberán resarcir el 30% según establece el fallo.
Respecto al modo de operar y consultado por el símil con la investigación en curso en el denominado "Caso Fraude" en Carabineros, el abogado Rojas Mery aseveró que "lo que investiga el Ministerio Público pudiese ser similar, aun cuando son dineros distintos, ya que estos dineros estaban destinados para el pago de viáticos y generaban asientos contables falsos y los documentos falsos, que es lo que entiendo ha ocurrido también en la causa que se lleva en Santiago".
En la investigación se detectó además el pago de comisiones de servicio a lugares que están fuera de la jurisdicción de la Prefectura de Valparaíso. Sólo durante enero y el 16 de junio de 2006, el prefecto Llévenes recibió por concepto de viáticos 2 millones 605 mil pesos de la época. También se indagó la arista de pagos irreales por viáticos y otros beneficios, tanto para el prefecto como para el resto de la plana mayor de la Prefectura y la V Zona.
Las indagaciones sumariales dieron cuenta que personal de dicha unidad percibió, al menos de 2004 a la fecha en que se denunciaron los hechos, sumas por concepto de viáticos derivados de comisiones de servicio no realizadas o inexistentes, sin el respaldo administrativo pertinente. Además, los balances mensuales de la repartición eran simulados, a objeto de realizar la cuadratura contable producto de estos pagos.
El abogado del CDE precisó que esta causa tuvo "una especial dificultad, ya que hubo que reconstituir mucha documentación, una investigación que consta de 17 tomos, en que la PDI hizo una labor muy importante para poder establecer la falsedad de los viáticos a través de distintos informes periciales. Lo que se pudo establecer es parte de los hechos, por cuanto no fue posible establecerlos en su totalidad, atendido que hubo prueba que no fue habida".
Javier Rojas recalcó que "estos funcionarios, dentro del ejercicio de sus funciones, se apoderaron de dineros públicos que se materializaba mediante la certificación de documentos, generándose viáticos falsos, lo que a nuestro juicio corresponde el delito de malversación de caudales públicos".
"La PDI hizo una labor muy importante para poder establecer la falsedad de los viáticos a través de distintos informes periciales"
Javier Rojas Mery, Abogado del CDE"
