La sorprendente carta de 5 rectores de universidades privadas publicada en El Mercurio de Santiago, que se plantea en contra de la propuesta de nueva norma RAD (Relación Asistencial Docente), calificándola de arbitraria e inconducente entre otros adjetivos, no puede quedar sin respuesta, al menos de quienes pensamos que el país merece un cambio profundo que signifique una mejoría de los niveles de salud de la población chilena con equidad y justicia social.

No es arbitrario ni inconducente generar, propiciar y fortalecer la coherencia de las políticas públicas de salud, en lo referido a la formación de los nuevos profesionales de salud, y de educación, en cuanto a la gratuidad de educación superior.

Que las instituciones que legítimamente no son parte de la política de gratuidad, quedarían automáticamente en una posición desmejorada en el proceso de asignación de campos clínicos, es una consecuencia lógica de una decisión madura de no apoyar una de las políticas centrales del Estado chileno actual: disminuir las brechas de inequidad social. ¿Es legítimo que una universidad que no está "legítimamente" colaborando en dicho objetivo país, deba usufructuar en "igualdad de condiciones" de los campos clínicos estatales (hospitales, centros de salud, etc.)?

¿No será lo más legítimo que dichas instituciones privadas "se rasquen con las propias uñas", tal como señala el fondo de la ideología neoliberal, y hagan convenios con prestadores privados con fines de lucro? ¿No será más transparente que los futuros clientes-estudiantes de dichas legítimas instituciones sepan de antemano que no contarán en su formación con los campos clínicos que son financiados por todos los chilenos, pero especialmente por y para el 80% de la población chilena, que no tendrá acceso legítimo a ese tipo de universidades porque no está en la gratuidad?

Una política pública coherente en el sentido que se plantea, no es ni injusta ni discriminatoria. Es simplemente todo lo contrario, es justa porque deja una herramienta a disposición de quienes están construyendo un espacio de bien común futuro. Recordemos que priorizar no es discriminar (si no el GES sería inconstitucional). Los campos clínicos tienen capacidad restringida, por lo que no se puede admitir a todos los interesados en ocuparlos, por ende y con una mirada de bienestar y respeto del paciente, desde luego se deben asignar utilizando factores de selección-priorización, y no de discriminación, y entre estos sin duda debe estar la coherencia del perfil del egresado con las políticas públicas.

Recordemos además que el hecho que una universidad se encuentre acreditada, puede ser que certifique su calidad, pero en ningún caso significa que en esa calidad se incluya la variable referida a entregar una formación que sea orientada para dar respuesta efectiva a las necesidades de salud-enfermedad-atención de la abrumadora mayoría de la población chilena.

Recordemos que una carrera de medicina que no enseña métodos anticonceptivos no naturales puede acreditarse (y hasta por 7 años); que la mayoría de las escuelas de medicina no están formando los profesionales médicos de acuerdo a las orientaciones de la OPS referidas a la adecuación para el ejercicio en Atención Primaria de Salud - APS (donde se atiende el 80% de los chilenos) y están todas acreditadas, explicando en parte la alta presencia de médicos formados en el extranjero en APS.

La nueva norma propuesta, aunque insuficiente en muchos aspectos, avanza en dos elementos fundamentales desde mi punto de vista: desligar la asignación de campos clínicos al poder de la capacidad financiera de las universidades (generando más transparencia y equidad) y dar prioridad a los proyectos institucionales que hacen sinergia con el desarrollo de los campos clínicos. Todo esto agrega valor y coherencia a la Política Pública, con mayúsculas.

Mario Parada L.

Director magíster en Salud Pública, Escuela de Medicina UV

El 14 de agosto de 1990 nuestro país ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña como Ley de la República mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre del mismo año, fecha en que la Convención entró en vigencia en nuestro país.

Como forma de recordar este hito, se estableció en el mes de agosto la celebración del Día del Niño y la Niña, fecha que se ha ido transformando en una especie de apresto navideño que valiéndose de un gran despliegue publicitario fomenta exclusivamente el consumismo infantil y deja en el olvido el verdadero sentido e importancia que dicha conmemoración tiene para la niñez.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo de vigencia de la Convención y el balance no es muy auspicioso. Este año en particular, hemos sido testigos de las humillaciones, crueldad y muertes de niños y niñas, que han debido padecer además la indolencia de la clase política y los actores gubernamentales, que sufren una especie de "comisionitis", marcada por mezquinas disputas que dejan en el olvido lo importante, lo esencial, que es generar acuerdos para avanzar rápidamente en leyes y medidas concretas que garanticen la protección de los derechos de todos los niños y niñas.

Es urgente contar con la ley de protección integral de la niñez, la creación del defensor de la infancia, el servicio de protección especializada y el de reinserción social juvenil. Resulta imprescindible, además, realizar cambios sustantivos a la ley de subvenciones que establece el marco regulatorio para el funcionamiento de la red de organismos colaboradores, sin fines de lucro, que desarrollan una labor fundamental en la protección y promoción del bienestar infantil.

Entre el 2012 y el 2015, 579 mil niños y niñas han sido derivados por los Tribunales de Familia a programas del Sename. Según datos de OIT y Ministerio del Trabajo, 107 mil se encuentran realizando algún tipo de labor calificada como "inaceptable", lo que vulnera abiertamente su derecho a la educación, recreación y descanso, afectando y limitando gravemente sus posibilidades de desarrollo.

Tres de cada 10 niños experimentan algún tipo de pobreza o indigencia, lo que implica falta de recursos para acceder a condiciones mínimas de vida, incluyendo bienes o servicios básicos (agua potable, luz, entre otros).

Según los datos de UNICEF, en los últimos 20 años, cerca del 75% de los niños y niñas declaran haber sido víctimas de algún tipo de maltrato. De ellos, el 25% ha recibido maltrato físico severo. En 2014, la población del tramo 0 a 14 años alcanzaba 3.924.788, entonces, se puede estimar que millones de niños y niñas han vivenciado algún tipo de violencia en sus familias o en los lugares de acogida si se hallan en sistemas de residencia.

Considerando esta realidad, debemos hacer un llamado urgente a las autoridades del país para que asuman en su real dimensión el problema de la infancia vulnerada en sus derechos y aprovechar este Día del Niño para reflexionar y movilizarse a favor de ella, yendo más allá del espíritu consumista que predomina en estas fechas.

Iván Zamora Zapata

Director ejecutivo de la ONG Paicabi.

Los días 29 y 30 de julio de este año se llevó a cabo en 505 hogares de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana (en términos proporcionales a la población de cada comuna), la encuesta de la Universidad del Desarrollo (UDD) para El Mercurio, con un método probabilístico de selección aleatoria de casas, entrevistados mayores de 18 años, y un cuestionario estructurado de 10 a 15 minutos de duración. El margen de error de 4,5% y la confiabilidad del 95% lo convierten en uno de los sondeos políticos más confiables del mercado.

Las preguntas fueron bastante concretas: 1) Si la elección fuera este domingo, ¿por quién votaría en primera vuelta?; 2) En el caso de una segunda vuelta entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, ¿por quién votaría?; 3) En el caso de una segunda vuelta entre Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera, ¿por quién votaría?

Ante la primera pregunta, el ex Presidente Piñera marca un expectante 36% (un punto más que la medición del mes anterior), la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, un 16% (vs. el 17% de julio); el abanderado de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, un 15% (16% en julio); Ninguno (12%); No sabe (10%); la carta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic (4%); el diputado ex UDI José Antonio Kast (4%); y el progresista Marco Enríquez-Ominami (3%).

Para el balotaje, obviando el error muestral, es Beatriz Sánchez la que aparece como la rival más competitiva ante Piñera (35% vs. 40%) por sobre Guillier (34% vs. 40%) y Goic (33% vs. 40%).

A simple vista, como bien lo explica el decano de la Escuela de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, el posicionamiento de Sánchez en la Región fue tremendo, cosa que puede atribuirse a la exposición que tuvo (en desmedro de Guillier) durante las últimas elecciones primarias.

El crecimiento de la candidata del Frente Amplio pareciera no ser capaz de amagar el triunfo electoral de Piñera, pero bien cabe preguntarse si el posible arrastre de votos del sector que llevó a Jorge Sharp al poder en Valparaíso (como no lo hizo en las primarias) se expresará en las elecciones de noviembre.

Como sea, el punto más atractivo pareciera ser 1) la lucha por el segundo lugar regional y si Guillier será capaz de recuperar el terreno perdido producto del desorden existente en la Nueva Mayoría; 2) cuánto será el espacio de crecimiento que pudiera tener Sánchez (o Guillier) en un eventual -y casi seguro- balotaje ante el ex Mandatario.

Por lo pronto, Piñera puede respirar tranquilo. Empero, no debiera confiarse y menos elaborar un discurso triunfalista como el que se ha escuchado desde algún partido de Chile Vamos, como la posibilidad de ganar en primera vuelta, algo que los números y el propio Eugenio Guzmán desmienten en vistas de la amplia dispersión existente en el universo electoral nacional.