Cristián Rojas M.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en su última sesión especial citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto de ley sobre Universidades del Estado, que se encuentra en el primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, recibió a los principales actores involucrados en esta materia, aparte de los estudiantes y los funcionarios.

Se trata del vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso (UV); el presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM); y el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), por lo que quienes encabezan tres de los cuatro principales planteles de la Región de Valparaíso adquieren un rol preponderante en la discusión de la iniciativa que busca fortalecer a los planteles estatales.

La presentación que hizo el presidente del G9, Darcy Fuenzalida, rector de la UTFSM, parte por la definición, misión y principios de las universidades estatales en el proyecto de ley, subrayando que "los artículos 4 y 5 entregan la misión y principios rectores de las universidades del Estado, aspectos que, al igual que los elementos de la definición, no son exclusivos de este grupo de universidades, pues su redacción podría ser aplicable a las universidades de la red G9".

En cuanto al rol del Estado, la presentación que hizo Fuenzalida a nombre del G9 destaca que "los artículos 6 y 7 del Proyecto señalan los roles del Estado respecto de sus universidades: el fomento de la excelencia y la promoción de la calidad, agregando expresamente que ello es, sin perjuicio, de la obligación del Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del Sistema de Educación Superior en su conjunto".En tal sentido el G9 puso hincapié en que "así, las actividades referentes a la calidad, serán diferenciadas para las estatales desde el fomento, y para el resto de las universidades desde la actividad reguladora".

Otro aspecto que advirtió la Red G9 es que "el proyecto propone la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado", lo cual supone "la coexistencia de dos Consejos, organismos públicos de similares finalidades, presididos por el ministro de Educación, situación que inevitablemente generará un debilitamiento y disgregación del Sistema de Educación Superior en su conjunto".

En cuanto al financiamiento, hicieron notar que "las universidades del Estado tendrán financiamiento permanente por ley, a través del 'Convenio Marco Universidades Estatales', lo que les dará estabilidad y proyección en el tiempo, toda vez que sus ingresos quedarán establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año".

"En cambio", agrega la presentación, "las Universidades Públicas no Estatales del G9, dispondrán de 'fondos basales, Convenio por Desempeño', a través de glosa presupuestaria 'anual', lo que indudablemente generará incertidumbre e inestabilidad y no permitirá realizar adecuados planes de desarrollo académico ni proyectos de inversión de largo plazo, dada la naturaleza de fondos concursables de esos recursos, quedando supeditados a lo que año a año establezca el gobierno de turno como política en materia de Educación Superior".

La presentación del presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Patricio Sanhueza, rector de la UPLA, puso de relieve que "se valora la iniciativa de avanzar en un Proyecto de Ley Sobre Universidades del Estado", aunque advirtió que "los objetivos del sistema debieran incluir explícitamente: valorar la diversidad socio territorial; reducir las desigualdades interregionales, y avanzar hacia un país más descentralizado".

En cuanto al rol del Estado, la presentación de la AUR indica que del artículo 6 del proyecto "se valora la promoción de la calidad, equidad territorial y la pertinencia de las actividades docentes y de investigación de acuerdo a las necesidades del país y sus regiones, sin embargo, para hacer esto posible se debe reconocer que hoy, en el conjunto de las universidades del Estado, existen diferencias de recursos que afectan la calidad, tema que debe afrontarse".

Respecto del artículo7, la AUR indicó que "la estrategia debe considerar una mejor integración y coordinación entre la universidad y los actores regionales, entre ellos GOREs, servicios públicos, mundos social y productivo en su representación del gobierno universitario".

En lo referente al financiamiento, la AUR recordó que el proyecto indica que los montos "serán establecidos según Ley de Presupuesto anual, además, los criterios de distribución de recursos serán fijados mediante decreto que dictará anualmente el Mineduc", por lo que el organismo que lidera Sanhueza advirtió que el hecho de "que los criterios de distribución sean definidos anualmente por el gobierno de turno implica riesgos y dificulta la planificación de iniciativas de mediano y largo plazo".

Asimismo, planteó que "dentro de los criterios de distribución es necesario considerar las variables regionales (vulnerabilidad, brechas resultados de escolaridad, demografía, economías de escala)" y que "el fondo debiera considerar la distribución de los aportes históricos, compensando a las instituciones con menores ingresos basales".

Como el CRUCh incluye a las universidades del G9 y la AUR, su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, rector de la UV, partió señalando en su presentación que hay una "valoración unánime del proyecto por las universidades estatales, con observaciones críticas en materias específicas", mientras que reconoció que existen "dudas desde las universidades no estatales: separación innecesaria, nuevo Consejo de Coordinación, financiamiento no garantizado".Asimismo, en la exposición del CRUCh. el rector Valle señaló que hay una evaluación crítica de algunas perspectivas derivadas de lo anterior, por lo que planteó la "necesidad de garantizar el aporte basal por desempeño a las universidades no estatales".

En lo que respecta al régimen del personal académico y no académico, uno de los puntos que propuso el CRUCh es "disminuir contratación a honorarios, sin recargar las plantas", al tiempo que planteó que "se debe garantizar un régimen laboral común, no definido por cada universidad. Esto puede dar garantía a los funcionarios que temen quedar expuestos a la inestabilidad como regla general.