Tradicionalmente, en nuestra cultura se ha percibido al derecho como la herramienta de solución de conflictos sociales que actúa como una entelequia autónoma de las personas, creyendo ciegamente que por la creación de una nueva ley se solucionará algún ámbito conflictivo de nuestras vidas, buscando un mundo ideal surtido en toda creación normativa que nuestra imaginación permita.

Existe una ciega convicción que reza, al parecer: "creada la ley o la institución" se soluciona el problema y a mí, sólo me corresponde observar.

El derecho penal, y también las instituciones que intervienen en él, no escapan a dicha percepción tradicional. No es novedad decir que existe un discurso permanente, especialmente de nuestros políticos, señalando que se crearán más delitos o más cáceles o se aumentarán las penas, entre otras promesas, como si con ello luego, sólo nos correspondiera observar como desaparece el fenómeno de la delincuencia. Nada más alejado de la realidad. Es responsabilidad de toda la comunidad el fenómeno de la delincuencia. Lo anterior desde la educación, desde la salud, desde el empleo y otros factores que contribuyen a su permanencia, aumento o disminución.

Pero más aún, la responsabilidad social también es necesaria para la eficacia de la acción penal, sea en una fase preventiva, antes del delito, (ejemplo de ello es la figura del oficial de cumplimiento para la evitación de fraudes, hasta ahora en el ámbito la empresa privada, aunque nada obsta que se aplique luego al ámbito público), o en una fase ya de investigación o post-delito.

En esta última, se ha recriminado recientemente al Ministerio Público, en especial a su titular, el indicar que "los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, sobre todo en una zona donde se sabe el nivel de riesgo que existe".

El resultado de la acción penal, en cuanto se obtenga a través de ella sentencias condenatorias, satisfaciendo con ello una expectativa social, descansa en la necesaria obtención de pruebas de calidad, principalmente en un proceso penal acusatorio inserto en un Estado de Derecho, como el nuestro. Lo anterior es una realidad que se debe entender y asumir. En tal sentido, y en primer término, no es poco sensato, más todo lo contrario, que en ciertas actividades que por su propia naturaleza son riesgosas, se tomen necesariamente medidas preventivas. Sería ilusorio, pensar hoy en un banco sin cámaras de seguridad. En segundo término, y por otro lado, también en determinados lugares y momentos es menester que se tomen medidas preventivas que permitan frente a un ataque generar indicios para una posterior investigación eficiente.

Lo anterior, no es un llamado a la autotutela o autodefensa, ni como se ha dicho por ahí, a formar milicias paramilitares por parte de grupos en particular. Nada más alejado de aquello, sino que el emplazamiento es a adoptar mínimas medidas en circunstancias previsibles, que permitan generar pruebas o indicios de calidad y así nuestra sociedad, con fundamento, exigirle al Ministerio Público el ejercicio eficiente de la acción penal. La función del Ministerio Público requiere sin duda alguna la colaboración de la comunidad.

Javier Rojas-Mery Arcos

Profesor Derecho Procesal Penal y Litigación, U. de Valparaíso

La renuncia del equipo económico del gobierno de la presidenta Bachelet ha acaparado la atención de los medios de comunicación, de los distintos sectores políticos y de la opinión pública estos últimos días. Y es absolutamente comprensible que así ocurriese, debido a que este es un hecho inédito desde el retorno a la democracia. Por lo mismo, todas las señales que puedan indicar estas renuncias -ya sean políticas o económicas- son negativas para el país.

Desde el punto de vista económico, la señal sólo acentúa el desinterés por invertir, la ambigüedad en materia de políticas ambientales y un daño evidente a unas de las regiones con mayor desempleo en Chile.

El voluntarismo de la Nueva Mayoría ha sido mucho más fuerte que el sentido común, al punto de que no sólo hemos dejado de crecer, sino además hemos bajado nuestra calificación crediticia como país, producto de las equivocadas políticas de este gobierno.

Desde el punto de vista político, si bien al principio la renuncia fue vista como el efecto de la falta de respaldo de la presidenta al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, lo cierto es que al final del día ocurrió exactamente lo contrario. Es decir, fue el hoy ex secretario de Estado quien le quitó el piso a la Presidenta Michelle Bachelet. Este es el triste desenlace de esta historia.

El mensaje que se infiere del renunciado equipo económico al país (a Valdés hay que sumar la salida del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y al subsecretario de Hacienda Alejandro Micco) es que no estaban dispuestos a seguir por la senda que sigue el Gobierno porque no la comparten, y en este sentido la lealtad política tiene límites. En la conciencia de los ex ministros algo debió incomodarles periódicamente como para tomar esta definición, entendiendo que implica un duro golpe a la médula del oficialismo.

El punto central de este quiebre no está en la desavenencia entre integrantes del comité de ministros, ni en el cuestionamiento a la forma en que opera dicha institucionalidad política, mucho menos en que las definiciones que primaron fueron políticas (esa es la razón de ser del comité). Las decisiones políticas son prudenciales, de comprensión del bien común, necesidades e intereses del país en un amplio sentido. En esta ocasión no obstante, la diferencia fue ideológica.

Las visiones, interpretaciones, intereses sectoriales en cuanto a lo que se quiere hacer generaron la inflexión insalvable. Ingresar o renunciar a un proyecto político implica saber cuáles son los límites dispuestos a tolerar y negociar, versus cuáles son las ideas centrales que pretendo promover. Ese quiebre gatilló las renuncias.

Por lo mismo, esta crisis por la que atraviesa hoy el oficialismo es fundamental entenderla como la consecuencia de una construcción fallida. Hemos sido espectadores de lo que se ha llamado el "fin de este gobierno" porque ya no hay más fondo que tocar, pero además porque no pudieron seguir conviviendo las dos almas políticas que habitaban en La Moneda.

La renuncia del equipo económico devela que el proyecto de la Nueva Mayoría es inviable.

Máximo Pavez

Director Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán

El anuncio del líder mundial de la industria de cruceros Carnival (que agrupa a Holland America y Princess Cruises) de llevar sus recaladas a San Antonio en desmedro de Valparaíso, representa algo más que un nuevo y duro golpe para la ciudad y su supuesta imagen internacional de paraíso turístico global. Ello se suma a la fuga inicial de Norwegian Cruise Lines, que hace meses optó por evitarse mayores problemas en Valparaíso y llevar a sus pasajeros directamente al puerto del sur de la región.

Ante ello, el gerente general de la compañía operadora de cruceros Destination Management Chile, Claudio Nast, hizo una alegoría bastante acertada: "En su momento, (Valparaíso) era como una novia bonita que lo único que hizo fue pedir condiciones, no quería nada, todo era difícil y complicado. La otra (San Antonio), quizás no era tan bonita, pero dio todas las facilidades y lo hizo bien. Lógicamente, el novio se fue con la que más le convenía".

No deja de ser irónico que el mazazo en la cabeza de Valparaíso llegue sólo un par de semanas después de que, al menos en apariencia, por fin se pusieran todos de acuerdo en salvar las recaladas de cruceros, dar facilidades y comprometerse a la construcción de un terminal exclusivo. Como muy pocas veces se ha visto, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV); el concesionario del Terminal 1, Terminal Pacífico Sur (TPS); del Terminal 2, Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL); el Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP); los gremios de trabajadores portuarios; representantes de la industria turística; y el municipio de Valparaíso se reunieron, aseguraron estar de acuerdo, firmaron unos documentos y se abrazaron para las fotos de rigor.

Entretanto, San Antonio a través de su Empresa Portuaria local (EPSA), el operador del terminal Costanera Espigón, Puerto Central, del grupo Matte; y el municipio, hicieron mejor las cosas y silenciosamente terminaron por convencer a las líneas de cruceros, cuya decisión de recalar en esas latitudes -como bien se sabe en la industria- no debiera ser revertible en el corto ni en el mediano plazo.

Tampoco existen atisbos de solución para dos de los grandes conflictos iniciales de esta historia: primero, la decisión desde La Moneda de apoyar el Terminal 2 y pagar el costo político que ello supone (o, bien, de bajarlo a dedo como se hizo con Barrancones y Dominga); y, en segundo lugar, esa bola de nieve en la cual se ha convertido el problema de las "cargas limpias", que tiene a los estibadores enfrascados en la que quizás sea la discusión portuaria más encendida de las últimas décadas y sin visos de solución alguna, pese a los fallos judiciales.

Cuento corto, de las 39 recaladas de cruceros previstas para esta temporada, hoy sólo quedan 16. ¿Quién fue el gran derrotado? Valparaíso. ¿Quiénes, los grandes ganadores? Tal vez sea mejor no hacernos preguntas cuyas respuestas no queremos escuchar.