A seis meses del fin de su Gobierno, Michelle Bachelet continúa impulsando su agenda valórica y, en ese sentido, ayer firmó el proyecto de ley que busca tipificar como delito la incitación a la violencia por discriminación.

Según explicó la Mandataria, la iniciativa, que agrega un nuevo artículo al Código Penal, busca "castigar a quien públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias".

En un acto realizado en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, Bachelet explicó que estas agresiones son "una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenzan como grupo humano y nos convocan a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no sólo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza".

El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales (1,4 a 2,3 millones de pesos, aproximadamente), y en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de su labor o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a tres años de cárcel y la multa será de 50 UTM.

La iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para hacerlas responsables cuando el delito sea cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos o representantes; y también modifica la Ley de Prensa al eliminar las norma que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades.

La firma del proyecto que viene a ahondar en la llamada "Ley Zamudio" fue celebrada por la Fundación Iguales y por el Movilh, entre otros.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, advirtió ayer que si el Gobierno no acoja el petitorio con medidas para darle fin a los ataques incendiarios en la zona sur del país, que en el último mes dejaron 47 camiones quemados, el paro anunciado para mañana se hará efectivo y de manera indefinida.

El líder gremial dijo que no han tenido acercamientos con las autoridades en los últimos días pero insistió en que aún queda tiempo para negociar y evitar la paralización, que comenzará a las 12:00 de mañana. "Este presidente avisará a partir del mediodía a las bases y los camiones en ruta se detendrán en la berma hasta que se informe a las bases que el petitorio se cumple y se levanta la movilización", aseguró.

Pérez, eso sí, aclaró que el paro no incluirá cortes de caminos. Por lo mismo, llamó a sus representados a mantener "la normalidad del tránsito y pedimos a los colegas que adhieren que por ningun motivo cortemos carreteras. Esta es una movilización ciudadana, democrática, con respeto a todos los chilenos".

Petitorio y disidentes

Entre las peticiones del gremio está crear una unidad de investigación y persecución penal compuesto por Carabineros, PDI y el Ministerio Público; designar un delegado presidencial, por tiempo indefinido, para enfrentar quemas de camiones en el sur; vigilancia permanente en aparcaderos de camiones y zonas de descanso; dar suma urgencia a la modificación de ley antiterrorista.A pesar del llamado de la CNTC, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) informó que no se sumará al paro porque considera que el movimiento está politizado. Esto porque Pérez es miembro del consejo ciudadano del candidato presidencial Sebastián Piñera y algunos miembros del gremio son candidatos de la oposición al Congreso.

El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge, declaró ayer en el Tribunal Oral de Temuco en calidad de testigo en el marco del juicio oral contra 11 comuneros por la muerte de sus padres, hecho ocurrido el 4 de enero de 2013.

En la audiencia, Luchsinger recordó lo ocurrido aquella noche y el llamado telefónico que recibió de su madre, Vivian, indicando que "obviamente esa noche estábamos buscándolos, pensando en que estaban vivos, estuvimos toda la noche en eso. Es conocido que no era el primer ataque incendiario, ese año ya habían habido varios ataques".

"Fue una llamada dramática, que no permití que durara mucho tiempo, porque uno automáticamente sabía lo que estaba pasando en pocas palabras. Mi madre, por lo demás, dejó un testimonio con una llamada a Carabineros en el mismo tono, así que yo nada más me limité a intentar llegar lo más pronto posible a ayudarlos", agregó.

Ayer también se exhibió el audio de la llamada de Vivian Luchsinger a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) durante esa madrugada.

En tanto, el abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular y quien representa a tres de los once acusados, fue enfático en señalar que, a pesar de lo dramático del testimonio de Jorge Luchsinger, este no aporta en nada a la búsqueda de los responsables del ataque.

Cientos de personas caminando por la carretera con sus maletas en la mano. Así fue el panorama ayer en el Aeropuerto de Santiago, lugar hasta donde llegaron algunos taxistas para bloquear los accesos vehiculares, a modo de protesta contra las aplicaciones móviles tipo Uber y Cabify, en lo que fue una de las manifestaciones más polémicas del gremio.

La jornada comenzó tensa. Los vehículos techo amarillo se desplazaron al terminal aéreo tras la no autorización del intendente metropolitano, Claudio Orrego, para una protesta en el centro. Según el jefe regional, la prohibición se debió a que en su anterior marcha no respetaron el horario para despejar la Alameda.

"No nos quedó otra que posicionarnos en el aeropuerto. Sabemos que es ilegal, pedimos las disculpas a la ciudadanía, pero hoy en día lo ilegal parece que tiene más fuerza", dijo en radio Cooperativa el director nacional de Confenataxi, Nicolás Sayes.

Con el pasar de las horas creció la intensidad en la movilización. Las líneas aéreas reportaban retrasos en sus vuelos, con unos 2.400 usuarios afectados por cambios en su itinerario; la congestión se extendía por cerca de cinco kilómetros; y Fuerzas Especiales de Carabineros llegaba con grúas a remolcar los taxis.

En total, catorce vuelos, ocho locales y seis internacionales, fueron afectados por la movilización.

Pero el momento más álgido se dio cerca de las 13.30. Una mujer que salía del aeropuerto le informó a un equipo de TV que alguien había sufrido un ataque en el atochamiento. "Se está muriendo, lo intentamos ayudar", relató.

Minutos después se confirmó el hecho. El brasileño Mario Hirochi Suzuki, de 66 años, era atendido tras un paro cardiorespiratorio. Por las dificultades para que ingresara una ambulancia, fue trasladado en helicóptero a la ex Posta Central, donde falleció. Según Carabineros el turista padecía hipertensión e iba camino a abordar un vuelo de vuelta a su país.

"Lo que hemos visto es inaceptable. Esta toma del aeropuerto por parte de taxistas ha significado enormes costos para la imagen de Chile, para las líneas aéreas, para las personas que viajaban afuera del país y la vida de un ciudadano brasileño", criticó Orrego, quien se querelló, en representación del Gobierno, por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que la investigación determinará si los culpables pueden ser imputados por "homicidio culposo", mientras que la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó que los taxistas deben seguir la vía del diálogo para atender sus demandas.

Por la tarde, voceros de los taxistas movilizados lamentaron la muerte del turista, pero se desligaron de responsabilidades. Apuntaron como culpables al intendente y al seremi de Transportes de la RM, Matías Salazar, por no autorizar su marcha original.

detenidos dejó la protesta. Cuatro de ellos fueron apresados por atacar las grúas y 18 por desórdenes. 22

días para cambiar de fecha de vuelo sin costo tienen los pasajeros de Lan afectados. Los de Sky fueron reubicados ayer. 15