Cuatro funcionarios - tres coordinadores y un educador de trato directo - del CIP-CRC de Limache (ex Lihuén) fueron destituidos por la dirección central del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras ser encontrados culpables en distintos sumarios administrativos que se iniciaron a partir de denuncias de maltrato en el recinto.
Las investigaciones internas -todas en paralelo- se ordenaron en su mayoría el año pasado y, tras una primera evaluación, la dirección regional del organismo decidió proponer en primera instancia la salida de los trabajadores que estaban involucrados, lo que ahora fue ratificado por la actual directora nacional, Solange Huerta.
Los nuevos casos de desvinculaciones fueron confirmados a este Diario por el Sename de Valparaíso, que detalló que las personas involucradas presentaron un recurso de reposición en Santiago.
"Los sumarios se encuentran en etapa final y posteriormente los involucrados tienen la posibilidad de presentar nuevos recursos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", indicó el Sename, recordando lo ocurrido el año pasado, cuando once funcionarios del Cread de Playa Ancha apelaron precisamente ante la cartera de Estado, la que finalmente terminó ratificando las destituciones.
Sobre los últimos acontecimientos, desde la dirección regional comentaron que siempre se "respeta y mantiene el carácter de reservado de las investigaciones disciplinarias", agregando que "cuando se toma conocimiento de un presunto hecho constitutivo de delito se instruyen los sumarios administrativos, en un compromiso absoluto de no tolerar ninguna vulneración a la infancia y adolescencia".
Denuncia de maltrato
Una de las cuatro indagaciones administrativas se inició en abril de 2016, cuando un joven de iniciales K.R. denunció haber sido agredido por uno de los coordinadores del centro, de iniciales L.S.
En uno de los documentos de la causa, a los que tuvo acceso este Diario, el joven declaró que el funcionario -además de insultarlo verbalmente- "me empujó y me dio combos y rodillazos en toda la cara" y que luego fue ahorcado mientras se encontraba esposado.
De hecho, en otro de los oficios la enfermera que constató las lesiones del adolescente detalla que observó "enrojecimiento en el tórax, eritema en la parte posterior del cuello y contusiones leves en el cuero cabelludo". Allí también se da cuenta que al momento de disipar el altercado, personal de Gendarmería aplicó gas de manera directa en el rostro del joven. Todos los acontecimientos fueron remitidos a la Fiscalía local de Limache.
Posición de gremio
Las nuevas desvinculaciones por maltrato, que vuelven a involucrar a funcionarios del servicio, tiene una implicancia mayor en el centro de la comuna limachina. Esto, porque durante los feriados y horas inhábiles son precisamente los coordinadores quienes asumen de manera subrogante la dirección del recinto.
Precisamente, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales (Anfur) de Marga Marga, Javier Flores, aseguró que al asumir dicha función "muchas veces les llega todo el peso" a los coordinadores.
En cuanto a los sumarios administrativos, si bien el dirigente gremial sostuvo que la asociación está a favor de esclarecer todas las denuncias, comentó que en los últimos años ha existido una "imparcialidad" a la hora de establecer las responsabilidades.
"No estamos en contra de que se investiguen las denuncias, sino al contrario. Pero lo que venimos solicitando y exigiendo en los últimos tres años es que se le dé al funcionario un derecho a la legítima defensa, lo que muchas veces no ha ocurrido en esta región", comentó Flores, agregando que "como hoy los centros están funcionando en un estado de inercia, es decir, para que no suceda nada malo, cuando cometemos algún error nos caen las penas del infierno".
"Desde hace un tiempo lo único que se ha buscado es determinar, a como dé lugar, la responsabilidad de los funcionarios. Mientras haya un espacio para cuestionarlos e imputarlos pareciera que es mejor. Entonces, eso deja sin defensa a los funcionarios y por eso en varias ocasiones hemos apelado a las sanciones y se han revertido porque la misma dirección ha concluido que el sumario estuvo mal realizado. Y en todo ese proceso, es el funcionario el que está más presionado", sostuvo el dirigente.
En tanto, respecto a las últimas movilizaciones que se han llevado a cabo en el país, el dirigente sostuvo que en la región las distintas asociaciones han acordado plantear sus demandas a través del diálogo.
Contraloría ordena pago total de sueldos
Según trascendió, dos de los funcionarios destituidos continúan en sus funciones, mientras que los otros dos se encuentran con licencia médica. No obstante, aun cuando fueron desvinculados, todos continúan recibiendo sus remuneraciones. Esto, tras un pronunciamiento que el Sename le solicitó a la Contraloría Regional, la que ordenó pagar el total de los sueldos y horas extras a los funcionarios, independiente de que se encuentren suspendidos. "Aquellos servidores que sean objeto de la aludida medida (sumario), mantienen el derecho a recibir el total de sus remuneraciones", indicó la Contraloría.
"Desde hace un tiempo lo único que se ha buscado es determinar, a como dé lugar, la responsabilidad de los funcionarios"
Javier Flores, Presidente Anfur Marga Marga"
