El conflicto institucional entre el Estado español y la región de Cataluña dio un paso más con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de denunciar, por primera vez, por sedición a dos organizaciones independentistas a raíz de los disturbios durante la operación para evitar el referendo independentista del 1 de octubre.
Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN, Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
La denuncia detalla todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil, por orden judicial, llevaba a cabo un registro en el marco de una operación que dejó 14 detenidos. Entre ellos habían seis altos cargos del Gobierno autónomo catalán, quienes ayer fueron dejados en libertad condicional tras negarse a declarar ante el juez.
La denuncia de la Fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía.
"La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales", sostiene Carballo.
La denuncia describe que los incidentes fueron protagonizados por "una turba" e interpreta "la sedición" como "forma colectiva y tumultuaria de alzamiento", como una "rebelión en pequeño".
de octubre. Para esa fecha quedó fijada la realización del referendo indepentista, el que la justicia ha declarado ilegal. 1