La realización de una sesión de concejo municipal extraordinario solicitó el edil Marcelo Barraza (DC) para abordar la disputa mediática en la que se ha visto envuelta la Municipalidad de Valparaíso tras acoger reclamos de ilegalidad interpuestos por vecinos en contra del proyecto Parque Pümpin y otros.

En insertos publicitarios publicados en este medio y otros, incluso a nivel nacional, Inmobiliaria Puerto Spa acusó este domingo duramente al alcalde Jorge Sharp de "infringir la legislación vigente al auto atribuirse facultades de las cuales carece", sosteniendo también que han intentado reunirse con él, pero que no han tenido respuesta.

Afirman que el jefe comunal ha incurrido en "una grave distorsión del concepto de autoridad al creer que es posible auto arrogarse facultades legales que no poseen los cargos que se ostentan y desconocer lo sancionado por instancias superiores, como en este caso es la Contraloría General de la República", entre otras acusaciones.

El edil DC Marcelo Barraza, presidente de la comisión de Régimen Interno, dijo que, aunque siempre votó a favor de congelamiento o medidas para evitar perjudicar el espacio en disputa, "se hace imperativo poder solicitar a esta administración un concejo extraordinario para no tener la información desagregada que ha emitido por un lado el Minvu, por otro lado la Contraloría, la ciudadanía, las inmobiliarias y sus trabajadores, en referencia a la jurisprudencia del cometido del alcalde al pronunciarse sobre estos temas".

Por su parte, el concejal UDI Luis Soto comentó que "es lamentable que en un área tan sensible como la construcción no haya posibilidad de diálogo entre la Alcaldía Ciudadana y los inversionistas. Lo que no podemos hacer como gestión municipal es generar desconfianza en los inversionistas y este comunicado se puede tomar en esa línea. Es una reacción del mundo privado frente a un municipio que no le está dando garantías".

El municipio dijo que el alcalde no hará declaraciones del tema y recordaron lo dicho el viernes por la Dirección de Comunicaciones: Que "cada proyecto, sea público o privado, debe realizarse de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente", y que la decisión tomada "cuenta con fundamentos de hecho y de derecho".