En los últimos meses, el Gobierno ha cosechado los éxitos de su agenda ambiental. Hoy, actores de peso mundial destacan el gran crecimiento que ha experimentado el país en materia de energías renovables o la protección que se le ha dado a los ecosistemas costeros. Incluso, el mismo Al Gore nombra a Chile en su documental "Una verdad incómoda II". Tras este éxito, se encuentra la impecable gestión de las autoridades y equipos de los ministerios de Energía y Medio Ambiente. La relevancia de este tema no es discutible. Los efectos del calentamiento global observados en los huracanes, incendios y sequías producen impactos sociales de gran escala, que obligan a tomar medidas serias.
No obstante los importantes avances del país en esta materia, hay una dimensión de la política pública que, pese a su importancia ambiental, ha quedado rezagada. Esta dimensión apunta directamente a las ciudades y su veloz crecimiento. En la próxima década, más del 60% de la población mundial vivirá en ciudades, y en el caso de Chile, ya el 90% lo hace en áreas urbanas. Producto, además, que cerca del 70% de los gases de efecto invernadero se producen en las ciudades, es evidente que la planificación urbana juega un rol clave en la agenda ambiental.
Adaptar la dinámica del crecimiento urbano a los objetivos ambientales es difícil. Como se sabe, la emisión de gases de efecto invernadero por causa humana está relacionada principalmente al uso de combustibles fósiles, quema de leña y actividades industriales. Pero, a su vez, en el caso de las ciudades, incide la ubicación, el clima, el emplazamiento geográfico, la base económica, la forma del crecimiento, el tipo de transporte público, la mantención de bolsones de bosques, etc.
Para controlar todos estos aspectos es preciso reformar la institucionalidad urbana. Si ello no ocurre, es difícil que un ministerio por sí solo logre inducir cambios importantes dentro de las áreas urbanas. Superar la fragmentación institucional implica fusionar ministerios, desarrollar políticas territoriales integradas, contar con herramientas de planificación fortalecidas y superar la atomización de la administración local, tan de moda hoy.
Otro aspecto relevante es colocarse de acuerdo en qué se entiende bajo el concepto de sustentabilidad. Lo anterior implica conjugar la mirada ambiental con las visiones económicas y sociales. Bajo este concepto, de poco sirve proteger un área del territorio si esto implica empobrecer a una población, lo que a la larga termina siendo igualmente destructivo para el medioambiente.
Un tercer aspecto a considerar lo constituyen las dinámicas sociales. En Chile, el crecimiento y las políticas públicas han expandido a la clase media, originando fuertes cambios culturales, como lo son la valoración de la calidad de vida y las expectativas de progreso, en conjunto con el rechazo a las políticas poco participativas. Por ello, hoy las comunidades no aceptan, por ejemplo, decisiones que restrinjan sus posibilidades de transporte o que les impacte su entorno inmediato. Esto implica que la política ambiental debe internalizar los efectos del crecimiento económico en las demandas urbanas y responder con proyectos de calidad; de lo contrario, sus iniciativas no tendrán éxito.
El caso de Viña del Mar, Valparaíso y Concón es digno de estudio. Estas comunas se insertan en un clima mediterráneo de poca oscilación térmica, siendo ideal para la eficiencia energética, lo cual explica la enorme demanda desde Santiago. Lo anterior significa que parte de la economía urbana del Gran Valparaíso se basa en los atributos ambientales. Sin embargo, esta economía "verde" se encuentra hoy amenazada por diversos factores. Uno de ellos es el crecimiento de los campamentos, que ocupan las quebradas y expone a sus habitantes a los riesgos ambientales, interrumpiendo los corredores ecológicos con efectos tan impensados como la reducción de sedimento que alimenta las playas o la reducción de la humedad del aire.
Otro aspecto son las crecientes restricciones a la edificación en altura, que implica ocupar más suelo "virgen" aumentar los viajes, volviendo ineficiente, además, el uso de mecanismos de calefacción. Finalmente, la mala calidad del transporte público incrementa el uso de automóvil, haciendo colapsar la limitada infraestructura que posee esta conurbación.
Como puede verse, la planificación urbana es un aspecto que no puede seguir siendo ignorado en las medidas para enfrentar el cambio climático, debiendo ser considerada con la mayor urgencia posible. Esperamos que el debate presidencial que se avecina lo entienda así.
Corporación Metropolítica
Marcelo Ruiz e Iván Poduje
