Como presidente ejecutivo de Valor Minero, alianza público-privada para, en sus propias palabras, favorecer una minería "virtuosa, inclusiva y sostenible", el economista y exministro Álvaro García trabaja junto a un grupo de diversos personeros en fomentar una política que ordene la relación entre las empresas, las comunidades y los gobiernos locales en torno a grandes proyectos de inversión.

Mauricio Mondaca L. mauricio.mondaca@mediosregionales.cl

Desde 2016, la plataforma trabaja en el proyecto denominado "Institucionalidad de Diálogo Territorial", que busca hacer de las inversiones plataformas de valor compartido para el desarrollo de los territorios y sus habitantes.

Excolaborador de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, García se adentra en las proyecciones de una industria vital para la economía del país, sus fortalezas y flancos abiertos, entre ellos la conflictividad asociada a aspectos socioambientales, la lentitud de la tramitación de proyectos de distinto tipo y el dinamismo con el que Perú está compitiendo, entre otros ámbitos.

- ¿Respecto de la propuesta de institucionalidad de diálogo territorial, la posibilidad de que la relación entre inversión, comunidades y desarrollo genere problemas podría provocar una baja en términos de inversión o afectar la cohesión social?

- Efectivamente. Este sistema está orientado a los grandes proyectos de inversión de todo tipo. Acabamos de concluir un estudio que señala que el 57% de la inversión en Chile es a través de grandes proyectos. Esos grandes proyectos, a su vez, contratan una gran cantidad de servicios y proveedores. Y si uno mira los próximos cinco años de este tipo de proyectos, hay en torno a 50. No estamos hablando de una gran cantidad de proyectos, sino que sí de iniciativas que determinan el crecimiento de Chile. El desafío que nos hemos propuesto es ver cómo nos aseguramos de que esos proyectos se lleven adelante.

- ¿Cuáles son las principales dificultades que ha detectado?

- Se constatan dos tipos de dificultades. La primera es el largo proceso de espera que estos procesos enfrentan en cuanto a tramitación. Eso hace al país poco atractivo para desarrollar este tipo de iniciativas, ya que las firmas son transnacionales. Lo segundo es la conflictividad socioambiental. El 80% de estos proyectos se insertan en energía y minería, que son los sectores con mayor conflicto de este tipo. Lo que busca el sistema que estamos diseñando apunta a atender estas debilidades: cómo racionalizar y hacer más efectivos los trámites públicos y cómo insertarlos en el desarrollo sostenible del territorio. Lo segundo se logra a través del diálogo.

- Los procesos de diálogo efectivo frecuentemente tienen quejas de las comunidades que enfrenta a defensores y detractores de grandes proyectos. ¿Qué se propone, que el diálogo sea vinculante?

- Por supuesto que debe ser vinculante respecto de los acuerdos que se logren. Para que el diálogo apunte a resultados debe haber una serie de condiciones que hoy no existen. El diálogo debe ser muy temprano, de tal manera que pueda incidir en el desarrollo del proyecto. Si el diálogo no incide en cómo se hacen las cosas, de poco sirve. Tiene que ser en una cancha pareja, con actores que dispongan información de manera oportuna en sus impactos negativos y positivos. Hoy, en general, esa información es provista por las empresas y genera desconfianza y está muy orientada a los impactos negativos. Los actuales procesos de diálogo no cuentan con mecanismos de resolución de controversias. Y proyectos que tienen una vida útil de 50 o 100 años inevitablemente van a enfrentar dificultades, por lo que se debe prever esas dificultades conviniendo cómo enfrentarlas, lo que ayudará a evitar la judicialización, que es prolongada y posterga los beneficios para todas las partes.

una proyección

- ¿Qué minería diría usted que necesita el país para el futuro?

- Te doy una respuesta que es colectiva, porque nosotros convocamos a un diálogo a los principales actores de la minería, además de las comunidades que viven en torno a las faenas, sindicatos y proveedores. Nos pusimos de acuerdo en que esto debe tener tres atributos: ser virtuosa, en el sentido de extender el beneficio económico e invertir en innovación tecnológica, que la haga más eficiente; inclusiva, que contenga diálogo conducente a resultados con beneficio compartido; y que sea sostenible en términos ambientales. Respecto de cada una de estas variables nos pusimos metas específicas, entre las que se cuenta desarrollar 4 mil proveedores intensivos en conocimiento, expandir la producción minera hasta 8 millones de toneladas, asegurarnos que el impacto neto sobre la biodiversidad sea nulo y entablar un diálogo permanente con las comunidades de su entorno y los gobiernos locales para planificar cómo se benefician de la actividad minera.

- Escondida será la primera faena minera que va a realizar una negociación colectiva en los términos de la nueva reforma laboral. ¿Qué se puede esperar de eso?

- Yo creo que la minería es el sector más sindicalizado de Chile, por lo que tiene una trayectoria tremendamente grande en relación entre la plana ejecutiva y sindical antigua y muy bien constituida. Yo más bien veo esto como una oportunidad. Es cierto que hay cosas que deben considerarse en cuanto a flexibilidad para que las empresas puedan negociar, dadas sus características muy distintas, pero diría que lo que habría que resaltar es la virtud de una buena relación entre la empresa y el sindicato. Si miras el informe de productividad sobre la minería, da cuenta de que, por hora trabajada, la productividad en Chile es muy similar a las mejores prácticas internacionales, pero las horas que efectivamente se trabaja son mucho menos en Chile. Y eso dice relación con la organización de los procesos de trabajo. Es un tema que, para ser asumido de manera efectiva, debe serlo entre la plana directiva y sus trabajadores. Yo esa relación la miraría desde la perspectiva de la oportunidad tanto para la productividad, que es un desafío importante en Chile, como de la distribución equitativa de sus beneficios.

- ¿Le parece preocupante que Perú esté mejor listado que Chile en el ranking del Instituto Fraser? (El país está en el puesto 39 de 104 naciones en atracción minera. Perú ocupa el lugar 28).

- Por supuesto, da cuenta de una gran falencia que tenemos y que es la incerteza regulatoria. Tenemos una legislación adecuada, pero perfectible. El problema es que no tenemos certeza de lo que va a ocurrir cuando se analizan los proyectos. El caso de Dominga es un buen ejemplo de un proyecto aprobado por todas las instancias ambientales, pero posteriormente rechazado.

- ¿Usted ve como algo negativo el rechazo a Dominga?

- Es negativo en el sentido de que el procedimiento no fue claro. El proyecto fue aprobado técnicamente y luego rechazado, lo que dice que hay algo que pasó. Debió haber ocurrido un proceso de relacionamiento entre el Estado y la empresa de forma coherente. Si el Estado pide algo y la empresa cumple, debe ser aprobado.

- Una propuesta que ha surgido luego de ese rechazo es que la instancia definitoria política preceda a la técnica.

- Creo que lo que sucedió en ese caso es que el Estado no tomó los debidos resguardos para asegurarse la calidad del proyecto. El Ministerio del Medio Ambiente ha señalado que al proyecto no le ve ninguna dificultad, pero que al portuario le faltó información para asegurar la preservación de ese ecosistema. Esa preocupación debió haber sido manifestada un año antes, para que se realizaran los estudios correspondientes y se tomara una decisión. No digo que el proyecto debió necesariamente haberse aprobado, pero el comportamiento del Estado debía se coherente con las peticiones que hace. Si no pide algo, no lo puede exigir posteriormente.

- ¿Está por el fin del Comité de Ministros?

- Creo que cumplió una etapa y tenemos que transitar a una institucionalidad ambiental más tecnificada y mejor informada, que dé cuenta de todas las condiciones que la ley de medioambiente demanda, pero que hasta ahora no se han utilizado. Por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica o la evaluación estratégica de sostenibilidad no se aplican como debiesen, por lo que no atiende los problemas de los grandes proyectos de inversión, la evaluación de impacto ambiental de la industria minera.

- ¿La discusión sobre el desarrollo del litio es lo que realmente se escucha?

- El litio nos presenta una buena oportunidad, pero no nos debemos confundir, porque el cobre seguirá siendo una industria mucho más grande que el litio. La ventaja de tener a ambos es que son materiales indispensables para la economía digital y para enfrentar el desafío del cambio climático. Son fundamentales en la tarea de reducir el consumo de combustibles fósiles, por lo que tiene un gran rol conjunto que jugar en la economía del futuro.

- Usted, que fue parte del gabinete económico durante los gobiernos de la Concertación, ¿qué opina de la salida del equipo económico en esta administración debido al proyecto Dominga y las distintas visiones que generó en La Moneda?

- Es complejo, porque lo mejor hubiera sido que ello no ocurriese y que el Gobierno hubiera sido capaz de construir una opinión como Gobierno. Lo que se demostró es que había dos posiciones aparentemente irreconciliables, lo que llevó a que dos ministros y un subsecretario se fueran. Uno esperaría que en el Gobierno hubiera una posición única y coherente y las diferencias se superen en su interior. Eso, claramente, no ocurrió.

- ¿Qué opinión tiene de la fallida candidatura presidencial del ex Presidente Ricardo Lagos?

- El país, desafortunadamente, se perdió una gran oportunidad con la baja de la candidatura de Lagos, porque él hubiera concitado mayor adhesión que lo que hacen los dos candidatos divididos de la Nueva Mayoría. Lagos era una oportunidad de unidad en esta coalición tan grande.

Raúl Goycoolea