Katherine Escalona M.
El 27 de septiembre, la Contraloría General de la República confirmó la toma de razón del decreto de emergencia para la quebrada Las Petras, en Concón, que solicitó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y con ello mandató al ministerio a iniciar la reparación del lugar y buscar responsables del peligro de derrumbe.
El municipio o la empresa inmobiliaria Reconsa, según el ente fiscalizador, deberán asumir la inversión que realizará la cartera. Ante esto, el seremi del ramo, Miguel Saavedra, confirmó que la entidad estatal podría iniciar un proceso legal de no existir acuerdo entre las partes para realizar el acuerdo tripartito de asignación de fondos.
Esto significa dividir la inversión de $ 2.500 millones entre los involucrados para la obra definitiva del colector de aguas lluvia y con ello prevenir el peligro de derrumbe inminente de 10 viviendas que fueron declaradas inhabitables por el municipio.
De no llegar a acuerdo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría tomar parte en la situación y con ello se abriría un segundo proceso legal entre los involucrados. Actualmente hay una demanda del municipio en contra del privado en el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar por la materia.
"Queremos hacer un convenio tripartito para aportar con el financiamiento del colector completo. La Dirección General de Aguas (DGA) y la Superintendencia de Medio Ambiente tienen unos procesos de investigación abierta en términos de degradación de la quebrada y tenemos que esperar esos pronunciamientos para ver las responsabilidades. Si hay respuestas, se podría hacer cargo el CDE y aparece la arista judicial", aseveró el seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra.
Sin embargo, agregó, esto se podría solucionar "si ambas entidades llegan a acuerdo en el convenio tripartito. Ellos ya están enfrentados, tienen una acción judicial y si se llega a acuerdo con esto se podría llegar al desistimiento de las vías judiciales que los tienen en un conflicto".
Dentro de la arista judicial, el abogado de la Municipalidad de Concón, Patricio Anders, confirmó que aún está vigente el proceso judicial en el Primer Juzgado Civil de Viña de Mar en contra el privado por no realizar la cuarta etapa de la obra de la urbanización del Sectorial Lomas de Montemar, donde se debía realizar el colector de aguas lluvia.
La falta del colector, según Anders, es de Reconsa. "Ellos tenían la obligación de construcción del colector de aguas lluvia y por eso lo demandamos. Hace más de un año se inició el juicio, tenemos todos los antecedentes. El colector tenía cuatro etapas y ellos construyeron tres, la última no se construyó", subrayó.
Esto causó una degradación del sector, según aclaró Anders, y es independiente a que el municipio obtuviera, tras una tramitación ambiental, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el Sectorial Lomas de Montemar en 1999. "Quien llevaba a efecto la urbanización era la empresa privada", destacó.
El gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza, puntualizó que la empresa "ha actuado en forma cabal y responsable. Ha estado siempre dispuesta a dar cumplimiento al acuerdo suscrito con el municipio el año 2005 para la ejecución de las obras del colector. Hay múltiples antecedentes técnicos en poder del MOP que evidencian la imposibilidad legal y técnica de Reconsa para ejecutar las obras (informes emitidos por la DOH y la Contraloría General de la República). Todos son explícitos en adjudicar la responsabilidad a la Municipalidad de Concón.
Actualmente, precisó Soza, "estamos enfocados y dispuestos a solucionar el problema a través del convenio tripartito impulsado por el ministerio entre el municipio, el MOP y Reconsa, que garantice la ejecución completa de este tramo pendiente del colector".
millones es la inversión total que se destinaría para hacer las obras definitivas en la quebrada Las Petras $ 2.500
años han transcurrido desde que el municipio obtuvo la RCA para el Sectorial Lomas de Montemar. 18
