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Energía defiende postura por HidroAysén: "No era necesario", dijo ministro

CIERRE. La sociedad a cargo oficializó el fin de la iniciativa.
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Luego de que las empresas Enel Generación y Colbún oficializaran que pondrán fin a la sociedad que conformaban a cargo del proyecto hidroeléctrico HidroAysén, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, aseguró que la iniciativa no era necesaria para generar la energía que requiere el país.

En cuanto a la disolución de la sociedad de ambas empresas, el secretario de Estado afirmó que "confirma la decisión que tomó el Gobierno en 2014" y sostuvo que el proyecto no cumplía con los requerimientos de la institucionalidad ambiental del país.

"Durante estos años, Chile ha tenido un cambio muy significativo en su matriz energética. Hemos incorporado de manera muy importante energías renovables no convencionales y, la verdad, es que durante estos tres años y medio hemos introducido casi dos HidroAysén en lo que se refiere a energía", dijo Rebolledo.

A través de diversos hechos esenciales enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Enel Generación (ex Endesa) y Colbún decidieron dejar de lado el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.

"El directorio adoptó esta decisión, fundadamente, debido a que el valor de inversión en generación y transmisión previsto para el proyecto, sus costos de explotación asociados y las perspectivas de mercado de largo plazo, permiten concluir que el proyecto no es factible en términos económicos, en todos los posibles escenarios de evaluación", aseguró el presidente del directorio de HidroAysén, Juan Eduardo Vásquez.

La sociedad se desistirá de las acciones judiciales y las acciones relacionadas con los procedimientos de solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas.

Transiciones post-extractivistas

"El mayor experimento fue el progresista, donde algunos emprendimientos privados pasaron a empresas estatales"
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Si bien hay cierto optimismo en algunos sectores extractivistas, en especial por la mejora en algunos precios, una mirada atenta obliga a cierta mesura. En efecto, hay mucha evidencia científica del creciente costo en energía y agua de los extractivismos y, que a pesar de las promesas, las tecnologías disponibles no anulan sus impactos y se repiten accidentes. Esto alimenta los conflictos ciudadanos en todos los países de América Latina. Nuevos estudios económicos que ponderan los flujos de capital, energía y materia o reordenan las cuentas nacionales, muestran que en muchos casos los países terminan subsidiando a los extractivismos.

En algunos países sudamericanos, en el pasado reciente se buscó una alternativa a algunos de esos problemas cambiando los regímenes de acceso y gestión en los extractivismos. El mayor experimento fue el progresista, donde algunos emprendimientos privados pasaron a empresas estatales. Pero de todos modos se repitieron los impactos ambientales y sociales, se coló la corrupción y se inhibieron otros sectores económicos.

Es que a pesar de los repetidos llamados a la diversificación productiva y la industrialización, los extractivismos tienen por un lado efectos adictivos, que llevan a profundizarlos y, por otro lado, generan derrames económicos que impiden esa diversificación y contribuyen a la desindustrialización. Un ejemplo trágico es el retroceso industrial brasileño, al tiempo de convertirse en el mayor exportador minero del continente. No es un caso aislado: todos los planes de industrialización y diversificación que se ensayaron en América del Sur en las dos últimas décadas, privados, públicos o mixtos, por una u otra razón, no fructificaron.

Esta evidencia ha llevado a que en varios países ahora se reflexione en las llamadas "transiciones post-extractivistas". Son transiciones, al reconocer que serán paulatinas, y apuntan a cambios tanto en el estado como en los entendidos culturales sobre los recursos naturales y el consumo.

No es, por ejemplo, una postura "antiminera", ya que a diferencia entre minería y extractivismo, busca reducir la dependencia en exportar commodities por medio de fuertes apuestas en la agropecuaria e industria, lo que requerirá de reformas en tributos y el gasto público, y uso intenso de nuevas tecnologías. Alienta inversiones, privadas o públicas, pero genera además retornos ecológicos. Producirá bienes y servicios, para un consumo más austero pero de mejor calidad.

Eduardo Gudynas

* Investigador, Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Presentador en la Conferencia KCE 2017 en la UDP.