Con los votos de los legisladores de oposición que la integran, la Comisión de Educación del Senado aprobó ayer la idea de legislar el proyecto de Educación Superior, que entre otros puntos consagra la gratuidad universitaria y en la educación técnico profesional.

La iniciativa, que es parte de la reforma educacional del Gobierno, avanzó así hacia la Sala del Senado con una aprobación unánime de los cinco integrantes de la comisión, incluidos los senadores Ena Von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN).

Desde el Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, ya había que la votación de ayer sería la "prueba de la blancura" de la oposición, luego de que el candidato presidencial de ese bloque, Sebastián Piñera, anunciara recientemente que está a favor de la gratuidad.

Tras la votación, De la Fuente manifestó que "queremos hacer un llamado a que la próxima semana, cuando lo tengamos en tabla honremos las palabras que se han empeñado y le demos una buena noticia a todas las familias y votemos favorablemente este proyecto, que garantiza la gratuidad universal".

Avance a la sala

El senador Jaime Quintana (PPD) sostuvo que "hace dos meses la votación de Chile Vamos habría sido impensada" y la atribuyó al escenario electoral. Por su parte, Von Baer remarcó que la gratuidad "es uno de los temas, no el más relevante de esta ley, porque aquí estamos estableciendo un sistema para las universidades".

La parlamentaria agregó que la gratuidad "está en los transitorios (del proyecto) y, de aquí a 71 años más, no va a haber gratuidad universal. Es eso lo que hoy día estamos votando, es una gratuidad que con suerte llega al 60% (...)".

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, celebró la votación: "Estamos muy contentos de que los senadores encontraron razonable lo que acogimos de todo lo que había sido el debate en la comisión y dieron el pase, con su voto favorable, para que lo podamos discutir en particular".

Carolina Collins

Luego de que finalmente el Gobierno argentino decidiera quitarle el estatus de refugiado político al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza, el ministro Mario Carroza emitió ayer una orden de detención contra quien es acusado de ser autor intelectual del asesinato del exsenador de la UDI, Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.

La decisión de la ex Presidenta argentina Cristina Fernández de otorgarle al exfrentista el asilo, lo que ocurrió en 2011, era el único obstáculo que impedía que se concretara su extradición, que fue autorizada por la Corte Suprema trasandina en 2010, tras haber sido solicitada por primera vez por el Estado chileno en 2005.

"Conversé con el jefe de Interpol y me ha señalado que se ha comunicado con Interpol Argentina para hacerle saber que la difusión roja está activada desde hace bastante años, pero sin perjuicio de eso vamos a reiterar con respecto a una orden de detención con miras a la extradición", indicó ayer Carroza.

La "difusión roja" es una notificación internacional a los organismos encargados para solicitar la detención con miras a la extradición de una persona buscada y se hace en base a una orden de detención.

"La idea es renovar la orden de difusión roja que ya estaba anteriormente y evitar que (Apablaza) pueda eludir la acción de la justicia. En ese sentido, (la orden) es con miras a la extradición que debería resolverse en Argentina", detalló el juez.

Carroza, asimismo, indicó que el próximo lunes pedirá formalmente a Francia la extradición de Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del crimen de Guzmán.

El abogado Alberto Espinoza, quien representa en Chile al exlíder del FPMR, dijo que el proceso de extradición se realizó hace ya 10 años, por lo que se debería hacer nuevamente la solicitud.

"Cuando se concedió por parte de la Corte Suprema argentina la extradición señaló, en uno de sus considerandos, que esta extradición quedaba condicionada a lo que se resolviera respecto del refugio que estaba pendiente. De manera que, una vez concedido el refugio, esa extradición no se pudo causar", dijo.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se limitó a comentar que "el juez Carroza está llevando esto adelante y es el que tiene que determinar los tiempos y los procedimientos legales. Lo que hace el Gobierno es apoyar la gestión del juez, según él lo determine".

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo ayer que el Gobierno no tiene antecedentes suficientes para afirmar que existe un vínculo entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de Argentina.

Esto luego de que hace una semana el fiscal de la provincia trasandina de Neuquén, José Gerez, afirmara que existían conexiones entre ambas agrupaciones de reivindicación.

El persecutor trasandino viajó a Chile por ese asunto y se reunió el martes con su símil de La Araucanía, Cristián Paredes; de la misma manera en que Aleuy se reunió en septiembre pasado con la ministra de Seguridad del país vecino, Patricia Bullrich.

Respecto a ese último encuentro, el subsecretario del Interior señaló ayer que no recabó información sobre los supuestos vínculos, que apuntaban a un presunto tráfico fronterizo de armas. Aleuy indicó, asimismo, que durante su viajó acordó mantener un vínculo formal entre la justicia de ambos países para investigar en coordinación delitos ocurridos en la zona austral del conflicto mapuche.

"Lo que nosotros fuimos a hacer a Argentina no fue a buscar información sobre eventuales vínculos de personas o como se mencionó en su minuto, de armamento, porque no nos corresponde. Lo que fuimos a hacer fue establecer el vínculo formal entre la justicia argentina y la justicia chilena para indagar sobre estos aspectos", detalló la autoridad de Gobierno.

"A mí no me corresponde, legalmente, recibir información de ese tipo (...) Legalmente, de acuerdo a las normas chilenas, el Gobierno no puede recibir información judicial de otro Gobierno, sino (que esto se efectúa) a través de los mecanismos formales que existen", enfatizó.