Katherine Escalona M.

Una nueva arista legal surge en la licitación de casinos de juego municipales a nivel nacional, puesto que ayer la Corte Suprema decidió revisar el calendario del proceso que había sido reactivado en mayo de este año, tras la decisión del mismo tribunal de no acoger los recursos de protección que habían sido presentados, en aquella oportunidad, por tres empresas: Enjoy, Marina del Sol e Inversiones del Sur.

Sin embargo, el escenario cambió. Ahora, tras la solicitud de cinco privados interesados en el proceso de licitación de casinos de juego municipales en distintas comunas, quienes presentaron recursos de protección e ilegalidad, el máximo tribunal tomó la decisión de revisar el calendario de licitaciones.

La acción, explicó el abogado patrocinante de la causa, Juan Carlos Manríquez, no retrasaría el proceso de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) porque "no se ha otorgado orden de no innovar".

Manríquez explicó que, hasta ahora, "no ha estimado la necesidad de suspender el proceso", determinación que sería expresamente de la Corte Suprema que revisará la información de los recursos interpuestos por los privados.

La causa judicial, dijo Manríquez, "salió en trámite lo que significa que la Corte va a tener que juntar las causas que son varias referente a este proceso, cinco aproximadamente, en una sola causa".

Los reclamos de protección e ilegalidad que fueron acogidos por el máximo tribunal corresponden a los casinos de juego municipales de Pucón, Puerto Varas, Coquimbo, Iquique y Viña del Mar, contra el calendario de licitaciones 2017 que fijo la Superintendencia de Casinos de Juego.

De acuerdo a lo manifestado por el abogado patrocinante de la causa, dos son los principales puntos que objetan del proceso que lleva adelante la SCJ.

El primero de ellos, tiene relación con que las bases de licitación expuesta por la Superintendencia no aseguran el área de 70 kilómetros libre de juegos ilegales que establece la ley para tales procesos y el segundo es, según afirma Manríquez, cautelar el derecho de los trabajadores.

"Los interesados reclaman, entre otras cosas, porque las bases del llamado no aseguran la exclusividad de operación de dichos casinos en las respectivas zonas, amenazadas por el juego ilegal de tragamonedas que no ha sido erradicado por el Estado en el radio de 70 kilómetros que obliga la ley", afirmó el abogado.

En este punto, aclaró Manríquez, "la ley obliga a que cuando se autoriza un casino licenciado, de esos privados de la Ley de Casinos o en funcionamiento de un casino municipal que puede tener una concesión, se debe establecer que dentro de un radio de 70 kilómetros no puede haber otro casino y además el Estado debe poner ese espacio a completa disposición del concesionario para que sea libre de juego ilegal".

Esta acción en las diferentes comunas donde operan casinos municipales no se cumple, dijo el abogado, y "hasta ahora hay una serie de acciones de juego legal dentro de ese radio que no cumplen el destino de exclusividad que la ley exige y que se tiene en cuenta en cuenta para presentar una oferta de un casino municipal en esa zona".

Lo segundo, explicó Manríquez, "dice relación con la conformación estructural de la razón económica de las licitaciones porque se exigen condiciones que eventualmente, en la situación actual de mercado, pueden hacer que estas sean insostenible, lo que genera problemas laborales para los trabajadores".

De acuerdo al abogado Manríquez, las empresas interesadas en participar de los procesos de licitación en las siete comunas disponibles critican las condiciones establecidas por los municipios.

Lo que se esperan los privados, reconoció el abogado, "es mejorar el proceso para que sea más equitativo y también dejar en claro, que es importante, el poder resguardar el derecho de los trabajadores y de los sindicatos en este proceso. Si no se adjudica en forma adecuada el proceso esas plazas pueden desaparecer".

Los recursos de ilegalidad y protección que habían sido presentados por las empresas a la Corte, reconoció Manríquez, "en principio no había sido admitidos a trámites por la Corte de Apelaciones de Santiago entendiendo que el asunto iba más allá de lo que debía conocer un recurso de protección. Se apeló de aquello y la Corte Suprema revocó esa resolución y dispuso que se tramitaran los reclamos de los interesados, que se acogieran a trámite y, por tanto, que revisara si había o no ilegalidad o arbitrariedad en reanudar ese proceso en las condiciones que los interesados reclaman".

La decisión que se espera de la Justicia, recalcó el abogado tras la determinación de la Corte Suprema, "es muy relevante, porque de ella depende el futuro inmediato y la estabilidad de la industria del juego legal en varias zonas del país, así como poder mejorar el proceso de licitación en curso".

Los reclamos de ilegalidad y protección fueron interpuestos en el máximo tribunal por los privados que están interesados de los casinos municipales originarios. Viña del Mar es parte del proceso.

"De ella (la Corte) depende el futuro inmediato y la estabilidad de la industria del juego legal en varias zonas del país"

Juan Carlos Manríquez, Abogado patrocinante"